El asesinato y violación de una adolescente en el sur de Venezuela conmocionó a un país que vive una emergencia humanitaria que le deja poco espacio para impresionarse, y sin embargo, el caso de Ángela Aguirre inundó las redes sociales y las calles de Puerto Ordaz, donde los ciudadanos salieron a pedir justicia.
Por: Acceso a la Justicia
Ángela Aguirre, de 16 años, había acudido a una fiesta de cumpleaños el pasado 23 de marzo, en el Club Ítalo Venezolano de Puerto Ordaz, estado Bolívar. De allí salió en una lancha junto a otras siete personas a las seis y media de la tarde, pese a la prohibición de salida de las embarcaciones. Dos días después su cadáver fue encontrado en extrañas circunstancias en las riberas del río Caroní.
El caso llamó la atención de los ciudadanos desde que se conoció la noticia por la forma en que se sucedieron los hechos, pero posteriormente, tras los rumores de corrupción y las contradicciones entre las dos autopsias realizadas, la ciudadanía empezó a presionar por una correcta aplicación de la justicia.
La primera autopsia realizada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) indicó que “Ángela Aguirre fue violada vaginal y analmente. Sufrió traumatismo craneoencefálico y facial, tras haber sido golpeada con un objeto contuso. Luego, aún viva, fue arrojada al agua”, pero una segunda autopsia, ordenada días después (el 29 de marzo), por la fiscal Emily Hernández, indica que “se trató de sexo consensuado, que el ahogamiento fue accidental y que los golpes fueron por la corriente del río Caroní”, según datos recopilados en la zona por el periodista Germán Dam.
Emily Hernández, Fiscal 10° del Ministerio Público del estado Bolívar fue la asignada para llevar adelante las investigaciones.
El 12 de abril, el periodista Dam, que actualmente se encuentra en Portugal, denunció que la funcionaria habría recibido un soborno de parte de los parientes de los detenidos. Habló de un total de “100.000 dólares y tres kilos de oro -así como de bienes muebles e inmuebles-, que fueron distribuidos entre la fiscal, funcionarios del CICPC y jueces para favorecer a los responsables del homicidio de Ángela Aguirre y a sus cómplices”, cita una nota de Efecto Cocuyo.
Del mismo modo, la realización de una segunda autopsia en la que se eliminaban elementos clave de la situación, como la violación, e incluso ponía en duda la ocurrencia del propio homicidio, como lo informó la misma fuente, confirmaban las sospechas sobre la existencia de graves irregularidades en la investigación del caso, a pesar incluso de la existencia de una nota de voz atribuida a la víctima, en la que declaraba que había sido violada.
En vista de esto, la familia de Aguirre recusó a la fiscal y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó en el caso al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal en Bolívar.
Este juzgado confirmó la detención de las siete personas que se encontraban con la joven en la lancha e inició la investigación del caso.
Más de setenta organizaciones no gubernamentales exigieron, a través de un comunicado, una investigación imparcial y transparente en el asesinato de la adolescente.
“Exigimos una investigación imparcial y libre de sesgos y estereotipos de género a fin de esclarecer los hechos, que atienda a estándares internacionales de protección de derechos de las mujeres y a protocolos especializados, tales como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”.
A la exigencia de las ONG se sumaron las protestas en la ciudad donde ocurrió el asesinato, decenas de personas salieron a las calles y la etiqueta #JusticiaParaÁngela se convirtió en trending topic en Venezuela.
El tema de la corrupción en el sistema judicial ha sido denunciado en reiteradas ocasiones. Recientemente un informe de la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que en “la situación de los derechos humanos en Venezuela, Honduras, Guatemala y México, la Comisión identifica a la corrupción como uno de los factores que inciden en la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos en esos países”.
Para Acceso a la Justicia la falta de independencia del sistema de justicia se incrementó de manera abismal con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, hasta llegar hoy en día a su sumisión absoluta al poder político y económico, según explica en un informe presentado ante la CIDH en su período de audiencias 171º, en el marco de una audiencia regional solicitada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) sobre justicia y corrupción.
La activista y documentalista venezolana Alejandra Laprea destacó que la presión en redes sociales respaldó que la justicia actuara en distintos casos de femicidios ocurridos recientemente en el país.
En el crimen contra Ángela, Laprea señala que “atajamos a tiempo una maniobra de los criminales y de las personas que los apoyan para recibir beneficios que no les corresponden y hubo un movimiento fuerte en redes, que dio un alto y dijo: esto no va a pasar aunque sea en Ciudad Guayana estado Bolívar”, dijo Laprea a Radio Sur.
Así como la citada, todas la voces de la sociedad han pedido y piden justicia con independencia de ideologías, como debe ser cuando se trata de derechos humanos, por lo que desde Acceso a la Justicia alertamos sobre la importancia de no bajar la guardia, pues aunque los imputados están detenidos, el juicio no ha terminado y no ha habido sentencias condenatorias, por lo que debemos estar pendientes para que la voz de Ángela Aguirre pidiendo justicia sea finalmente escuchada.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Cuando una joven es asesinada y violada, y los órganos de investigación y la justicia no actúan según lo que indica el Derecho, no son los padres de esa joven los únicos afectados, sino todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en el país donde eso ocurre, porque ello conduce a que las mujeres que salgan de sus hogares no cuenten con las mínimas condiciones para que haya un ambiente libre de violencia contra ellas. Siendo así, es una obligación de todos estar alerta para que los padres de Ángela vean a los responsables de su muerte finalmente condenados.