Más de 6 millones de dólares en consultoría política no pagada motivó a la jueza Barbara Areces, del XI Circuito Judicial para el condado de Miami-Dade, a ordenar la detención del candidato a la presidencia de Guatemala.
Por lapatilla.com
La empresa JJ Rendon & Associates Strategic Creativity, LLC, demandó y ganó el juicio intentado contra Roberto Arzú para recuperar la suma de $5.500.000,00 de honorarios no pagados por servicios de consultoría política al que se sumaron $660.594,22 de intereses acumulados hasta el mes de septiembre de 2018, tal y como consta en la sentencia final del caso identificado con el No. 2016-029497-CA-23 del onceavo circuito judicial del condado Miami-Dade.
Tal y como se pudo conocer de fuentes cercanas a la empresa del estratega venezolano J.J. Rendon, el candidato Roberto Arzú contrató los servicios de consultoría estratégica en febrero de 2016, para la campaña presidencial. Sin embargo, “no ha hecho ningún pago”, lo que motivó el reclamo judicial. Arzú fue citado para comparecer el pasado 4 de abril frente a los tribunales civiles, pero no cumplió con el llamado. Por eso, la jueza Barbara Areces, titular del XI Circuito Judicial para el condado de Miami-Dade, Florida, ordenó su detención.
Las campañas presidenciales latinoamericanas no prescinden de la contratación de los servicios de estrategas y de consultoría política que son acordados tiempo antes de la celebración de las elecciones. El acompañamiento al candidato y a su comando de campaña suele ser integral y moviliza la experticia y capacidades de un equipo de especialistas. Desde la construcción y acuerdo de un curso estratégico, pasando por la realización y análisis de encuestas y grupos de enfoque, la elaboración del discurso y el posicionamiento de la imagen del candidato. Cada estratega tiene su propio método y forma de trabajar para lograr el triunfo. Uno de los más reputados y exitosos es precisamente el venezolano J.J. Rendon, actualmente activo en varios procesos que madurarán en los próximos cinco años.
A diferencia de lo que se cree, estos procesos de consultoría pueden y deben ser acordados con suficiente tiempo de anticipación, y a veces se extienden todo el período de gobierno, cuando los candidatos ganan la elección. Una vez pactado, de inmediato se comprometen recursos, talentos y capacidades que agendan el compromiso y comienzan un proceso de investigación-acción que se extiende más allá del triunfo electoral. Cuando se incumplen los contratos, son muchos los perjudicados.
En rueda de prensa Roberto Arzú dijo que sus abogados “estaban al tanto y averiguando la veracidad de lo que salió por los medios de comunicación social y determinando las acciones que deberían tomar al respecto”. Igualmente señaló que “le parecía muy extraño que una demanda civil del año 2016 saliera a la luz a cincuenta días antes de la elección”. Denunció que “sin duda alguna tiene un fin político atrás, sin duda alguna hay personas guatemaltecas involucradas atrás de esto, y nos confirma lo que las encuestas han expresado, que nuestra candidatura va en ascenso…”. No obstante, en sus declaraciones no aclaró las razones por las que no se había presentado ante el tribunal para enterarse de los resultados de la demanda, y tampoco por qué no honró los acuerdos realizados con la empresa JJ Rendon & Associates Strategic Creativity, LLC.
El caso del candidato guatemalteco es ilustrativo. Contrató unos servicios que luego no quiso pagar. La empresa demandó y ganó el caso. El demandado no quiso presentarse ante el tribunal y por ese desacato la jueza Barbara Areces ordenó su detención y traslado al tribunal en las siguientes 24 horas luego de su detención. El candidato hace unas declaraciones donde no aclara suficientemente, pero al final reconoció que “cuando vuelva a ser citado se presentará en el tribunal”, estando consciente de que es un juicio civil que debe acatar.
Para el mercado de consultoría política estas decisiones judiciales marcan una señal positiva en el sentido de que en el marco de una campaña electoral se contratan servicios que deben ser honrados en su totalidad. Eso es lo que generalmente ocurre, pero hay casos como el planteado con el candidato guatemalteco sirven como moraleja cívica, y en ese sentido fortalecen el mercado de consultoría y aleja a los que practican la mala fe. Fuentes cercanas a J.J. Rendon aclararon que la razón por la que la demanda ocurrió en Estados Unidos tiene que ver precisamente con el hecho de que la empresa es estadounidense, y todas las discrepancias se resuelven en tribunales de ese país, independientemente donde ocurra la operación política.