Presuntos enfrentamientos, ajusticiamientos y privados de libertad que mueren estando bajo la custodia del Estado. Continúa la vulneración de los derechos a la vida, a la integridad física y al debido proceso en el estado Bolívar. Así lo registró la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en su sexto informe del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales (OEE). Así lo reseña correodelcaroni.com
El OEE contabilizó 35 víctimas de muertes potencialmente ilícitas (ejecuciones extrajudiciales) durante marzo. Este ha sido el mes más violento con este tipo de muertes en lo que va de 2019. Desde abril de 2018, el observatorio registra 116 asesinados que comprometen al Estado.
Luis Escalona, Ángel Hurtado, Jesús Hernández, Sahelis Herrera, Ángel Sequea, Geovanny Gil. Se suman nombres a una lista que evidencia la generalizada violación de derechos y el uso arbitrario del poder de fuego por parte del Estado o por grupos que actúan con su aquiescencia.
De estas 35 víctimas en marzo, solo una es mujer, mientras 2 fueron privados de libertad y murieron bajo la custodia del Estado. El observatorio lleva a cabo su trabajo siguiendo lo que explica el Protocolo de Minnesota, documento internacional que describe procedimientos para investigar crímenes de lesa humanidad vinculados a ejecuciones extrajudiciales.
Violación al derecho a la vida
Luis Escalona tenía 33 años cuando fue asesinado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el pasado 15 de marzo. Es uno de los casos documentados en el OEE. El presunto móvil de su muerte fue enfrentamiento con arma de fuego, como lo indicó un reporte de prensa.
La palabra enfrentamiento es recurrente en los reportes de medios de comunicación documentados por el observatorio. Codehciu advierte cómo estas ejecuciones extrajudiciales, que violan múltiples derechos humanos, son disfrazadas de esta forma, lo que le resta responsabilidad al Estado en su deber de proteger y respetar los derechos humanos.
Estos presuntos enfrentamientos, en varios casos, incluso son desmentidos por los familiares de las víctimas: “5 personas fueron privadas de su vida por funcionario policiales, los cuales declaraban como enfrentamientos siendo desmentidos por familiares de la víctimas y vecinos de los mismos donde ocurrieron los hechos señalando que lo sucedido fue un ajusticiamiento o que no hubo enfrentamiento”, relata el documento.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la inviolabilidad del domicilio en su artículo 47; pero OEE también advierte sobre otra irregularidad en algunos de los casos registrados: funcionarios del Estado ingresan a la fuerza y sin orden judicial a los hogares de las víctimas, asesinan y arremeten contra familiares.
El caso de Ángel Hurtado es un ejemplo. De acuerdo con la declaración de su madre, el joven se encontraba en su casa acostado cuando funcionarios del Cicpc ingresaron a la fuerza a su hogar, lo golpearon a él y a sus familiares, entre ellos una niña, y lo asesinaron con arma de fuego luego de que le propiciaran una golpiza frente a sus seres queridos.
Estas violaciones están establecidas en el derecho internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12, consagra: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”
La presunta ejecución extrajudicial de Jesús Hernández, de 22 años, también se reflejó en el nuevo registro del observatorio. El 27 de marzo, el joven, quien vendía combustible en Santa María de Upata, fue asesinado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante un presunto operativo de seguridad, como señalan reportes de prensa. La víctima se negaba a pagar vacuna a sus victimarios.
“No se trató de ningún enfrentamiento”, así lo relatan, por otro lado, los testigos del asesinato de Sahelis Herrera, asesinado en el sector Campo Rojo, en San Félix, Ciudad Guayana, por miembros del Cicpc. Este organismo del Estado es el que más aparece en los casos registrados por el OEE hasta la fecha.
Siguen los asesinatos
Codehciu observa con preocupación el contexto político-social en el que se desenvuelve el estado Bolívar, y en el que se evidencia el aumento de la violencia: “Otra situación que es necesario comentar por la cantidad de víctimas que ha generado es el control por la zona minera, en la que el ejército venezolano ha tenido mayor participación, esto se está dando de manera muy reiterativa en el municipio Sifontes en zonas adyacentes a Tumeremo”.
Los municipios El Callao y Roscio, ubicados en Bolívar, fueron los más violentos durante el año 2018 según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Lo documentado por esta organización confirma lo relatado en las muertes que viene registrando el OEE desde abril de 2018 y, con el aumento de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en lo que va de 2019, se pone en evidencia a un Estado incapaz de frenar el terror en estas comunidades al sur de Venezuela.
Bajo este contexto, el OEE señala que el Estado venezolano “ha suscrito y ratificado diversos tratados en materia de derechos humanos, por tal motivo la Constitución venezolana establece la obligación del Estado de defender, proteger y garantizar los derechos humanos de sus nacionales, pero esto no ha sido suficiente ya que hoy en día, se encuentran en su mayor vulneración”.
Los primeros dos meses de 2019 sumaron 25 víctimas de muertes potencialmente ilícitas (12 en enero y 13 en febrero). En lo que va de año hay 60 asesinados en manos del Estado.
Privados de libertad
El Protocolo de Minnesota establece que si la muerte sobrevino cuando la persona estaba detenida o bajo custodia del Estado, se tratará de una ejecución extrajudicial o muerte potencialmente ilícita.
Todas las muertes de personas que han sido detenidas en prisiones o lugares de reclusión, son responsabilidad del Estado. Esto sigue siendo una vulneración de los derechos a la vida y a la integridad del individuo. Dos hombres sufrieron este destino en marzo: Ángel Sequea, de 41 años, y Geovanny Gil, de 35.
Sequea fue detenido el viernes 1 de marzo por funcionarios del Cicpc. Era ex trabajador de Corpoelec, empresa del Estado encargada del servicio de energía eléctrica del país. El hombre fue señalado por robar material estratégico, 80 láminas de aluminio pertenecientes de CVG Venalum. Pero el jueves 7, a las 10:30 de la noche, fue trasladado a un centro asistencial sin signos vitales, luego de que otro individuo dentro de la celda lo estrangulara.
Gil, por otro lado, se encontraba recluido desde el 4 de marzo procesado por el delito de violación, como lo reflejan reportes de prensa. El hombre de 35 años falleció el 14 de marzo en la madrugada y la causa de muerte no fue aclarada.
El OEE concluye y recomienda
De los 35 casos, se desconoce la edad de 19 víctimas, pues no se especificaron en los registro de los medios de comunicación.
Pero 9 de los casos registraron víctimas entre los 20 y 28 años; además, en 5 aparecen hombres entre 33 y 41 años.
En uno de los casos el asesinado tenía 52 años, otro se trató de un adolescente de 17 años.
La única mujer que aparece como víctima fue asesinada junto a 4 hombres en el sector El Pariche, en el municipio Sifontes, durante un presunto enfrentamiento con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la primera semana de marzo.
Las zonas en las que ocurrieron los 33 asesinatos por presuntos enfrentamientos son las siguientes:
“Tres de los fallecidos se ubican en Ciudad Bolívar, nueve en San Félix y uno en Puerto Ordaz municipio Caroní, tres en el municipio Piar, uno en el municipio el Callao, dos en el municipio Roscio, once en el municipio Sifontes y por último dos en el municipio Gran Sabana, siendo en esta oportunidad el municipio Sifontes (concretamente en Tumeremo) con el mayor número de víctimas”.
Estas muertes demuestran que es importante que el Estado desarrolle programas de formación en materia de derechos humanos y concretamente sobre ejecuciones extrajudiciales, a fin de educar y sensibilizar a los funcionarios públicos ante las reiteradas violaciones en el estado Bolívar, además de implementar una política de Estado que investigue, persiga y castigue los abusos y arbitrariedad por parte de sus funcionarios. (Prensa OEE)