Raúl Morodo, nombrado embajador de España en Venezuela en 2004, tras las primeras elecciones que ganó José Luis Rodríguez Zapatero, trabó unas extraordinarias relaciones con Hugo Chávez que se tradujeron en negocios muy lucrativos para su familia. En el cargo hasta 2007, Morodo entabló contactos con Rafael Ramírez, entonces ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), al que presentó a su hijo, Alejo, detenido el lunes por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acusado de al menos blanqueo de capitales (el padre, también investigado, no fue arrestado por su avanzada edad). Así lo reseña abc.es
Por Javier Chicote
Alejo Morodo usó dos empresas, una domiciliada en Madrid y otra en Panamá, para firmar contratos por alrededor de cuatro millones de euros con PDVSA una vez que su padre cesó como embajador. El objeto de esos acuerdos era «prestar la asesoría legal necesaria relacionada con las actividades de la compañía en el Reino de España y la República de Portugal». Las pesquisas de la UDEF sostienen que las asesorías eran «ficticias», por lo que habría al menos un presunto delito de blanqueo.
Valor hora/hombre
El costo de los honorarios se calculó mediante la fórmula «valor hora/hombre» y, según los documentos consultados por ABC, esta osciló entre los 240 y los 739 euros por cada hora de trabajo ficticio. El contrato más lucrativo lo firmaron en Caracas el 21 de agosto de 2012 Alejo Morodo, en nombre de Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL, cuyo despacho fue registrado el lunes por agentes de la UDEF, y Juan Carlos Márquez, representante de PDVSA. Pese al nombre, su objeto social registrado son los negocios inmobiliarios.
El monto total ascendía a 1.584.000 euros, pagaderos en doce facturas mensuales (los contratos eran anuales y se renovaban en agosto). De esa cantidad, 1.560.000 euros correspondían a «honorarios profesionales en el entendido de que cada hora efectivamente causada y, por ende, facturada, será de setecientos treinta y nueve euros (€ 739,00)». Los 24.000 euros restantes eran para «gastos reembolsables». Los pagos se produjeron al menos hasta el año 2013.
El balance de cuentas de Aequitas Abogados y Consultores Asociados presentado en el Registro de Mercantil de Madrid refleja que el despacho carecía de empleados. Declarando cero euros en concepto de «gastos de personal», difícilmente se pueden justificar miles de horas de trabajo. De ahí que los investigadores sostengan que los trabajos son ficticios. En el fondo del asunto está el saqueo de las arcas de PDVSA, que se estima en unos 40.000 millones de euros durante la etapa de Rafael Ramírez. Grandes cantidades fueron evadidas a Andorra, que se investigan en el sumario que afecta a la BPA.
El primer contrato consultado por ABC se firmó en Caracas el 19 de agosto de 2010 entre PDVSA y Furnival Barrister Corp., la sociedad panameña que controlaba Alejo Morodo. Ascendía a 805.250 euros a razón de 240 euros por cada hora de trabajo.
Un año después, el 20 de agosto de 2011, el hijo del embajador de Zapatero firmó otros dos contratos con PDVSA de importe idéntico, 526.880 euros. Uno iba a nombre de Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL y el otro al de Furnival Barrister Corporation. Alejo Morodo también firmaba en nombre de la sociedad instrumental panameña, por lo que no hay duda alguna respecto a la propiedad de Furnival Barrister Corporation.
La suma de los cuatro contratos consultados por ABC asciende a 3.443.010 euros, pero solo es una parte de los fondos que la familia Morodo habría obtenido de PDVSA de forma ilícita, que rondaría los 14 millones de euros (ver información adjunta). Raúl Morodo se convirtió en un ferviente defensor de las políticas de Hugo Chávez, quien en su etapa como embajador ya era un gobernante más que controvertido.