El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalló la paulatina militarización de las instituciones del régimen durante los años recientes tras sostener entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen, hasta el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares en su reciente visita.
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En el periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del régimen y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
Los conocidos colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina de la Alta Comisionada de los DDHH ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del régimen o a los colectivos.
La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, según señala el informe. En 2018 el régimen registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio régimen. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.
El informe indica también que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluyendo su Presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Bachelet pidió a los funcionarios de Maduro que liberasen a todas las personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales.
El informe hace hincapié en que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada.