Lapatilla
El Informe que acaba de ser presentado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos representa una clara justificación para la inmediata intervención militar del régimen fallido y forajido venezolano por parte de la comunidad regional de naciones.
He aquí las razones:
En primer lugar, los hechos que denuncia el Informe son los siguientes (cita textual): “La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales.
Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial. Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa.
Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual.
Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido asesinadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición.
Los pueblos indígenas venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos individuales y colectivos. Al ACNUDH le preocupan especialmente los informes de amenazas y actos de violencia contra autoridades y dirigentes indígenas y la represión selectiva de los/as pemones que se oponen al Gobierno. Se necesita más investigación sobre los derechos de los pueblos indígenas, con especial atención a la represión de los pueblos indígenas y las violaciones a sus derechos colectivos a la tierra, los territorios y los recursos.
El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas. Al ACNUDH le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeore”.
En segundo lugar, porque en base a las violaciones arriba denunciadas, el Informe (cita textual): «insta al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país», violaciones – agregamos nosotros – que incluyen la impunidad de quienes las llevan a cabo, agudas carencias de agua, alimentos y medicamentos, prisiones y torturas, atropellos a las minorías, parcialidad manifiesta del poder judicial, fiscalía y defensoría del pueblo, promoción de grupos armados, abusos en contra de emigrantes y utilización de los recursos públicos para penalizar la disidencia política y favorecer a los allegados al gobierno.
La tercera y, quizás, la más poderosa razón, es que todos los venezolanos y todos los países de la región saben que el llamado que hace la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al gobierno/régimen de Nicolás Maduro ni puede ser ni quiere ser atendido por ese gobierno/régimen, por la sencilla razón de que su conducta es su esencia misma. La filosofía política que lo anima hace imposible que ese régimen deje de actuar de la manera como ha actuado y sigue actuando. Ni Hitler, ni Stalin, ni Gadafi pudieron dejar de ser lo que fueron.
Es por ello que el llamado que el Informe hace al régimen venezolano es inefectivo y representa solamente una acción simbólica. El verdadero llamado, a la luz de lo que dice el Informe y a la luz de la realidad venezolana, que es mucho peor de lo que el informe menciona, es a una inmediata intervención militar de los países de la región. No una intervención militar unilateral de los Estados Unidos, el espantapájaros que invocan como amenaza los amigos del régimen chavista/madurista para tratar de mantenerlo en el poder, sino un ejército regional, en el cual estén representados los países democráticos de la región. Sabemos que Cuba y los satélites políticos del castrismo, como Nicaragua y Bolivia se opondrán. Sabemos que los mercenarios del CARICOM se opondrán. Sabemos que la fauna ideológica del Foro de San Pablo se opondrá. Pero es necesaria la acción, de la misma manera que es necesaria la intervención de los vecinos cuando el marido borracho y anormal está matando a su esposa a golpes, a la vista de quienes tienen el deber de intervenir para salvar a una víctima exhausta e indefensa.
Y en ese ejército debe figurar una brigada especial de voluntarios venezolanos miembros de la diáspora, aventados de sus hogares y de su tierra de nacimiento por el horroroso régimen chavista/madurista.
¡Intervención regional Ya! Cese de la usurpación. Liberación de presos políticos. Justicia retributiva en contra de los asesinos y torturadores. Llamado a elecciones supervisadas por la comunidad internacional. Ayuda humanitaria internacional. Regreso de la Diáspora.