La suerte de la dupla empresarial colombiana parece terminar. La sanción del Departamento del Tesoro los coloca en el ojo del huracán y los vincula directamente a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Iniciaron sus negocios con el chavismo en 2011, pero a partir de 2013, con Maduro en la presidencia, se multiplicaron. Amigos de la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, terminaron siendo los grandes beneficiarios de las importaciones de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento Producción Clap), herederos en la sombra de la red de Abastos Bicentenario, recibieron de Pdvsa un millonario contrato para explotación petrolera y hasta en la presidencia de la estatal Minerven llegó un exempleado suyo. Su eventual derrumbe puede alcanzar a la pareja presidencial
Por ROBERTO DENIZ
Parecía solo cuestión de tiempo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de sancionar este jueves a Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas (Germán Rubio), el dúo de hombres de negocios colombianos que acumuló poder y fortuna en Venezuela, especialmente desde que Nicolás Maduro se convirtió en presidente de la República en 2013, mientras el país sin hundía en una crisis socioeconómica sin precedentes. Puede que sea no solo el final de sus negocios, sino el comienzo de un estruendo que impacte a la propia familia presidencial.
La administración de Donald Trump los acusa de encabezar una “vasta red corrupción” con una “sofisticada red de compañías fantasmas” detrás de las importaciones de alimentos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), negocios que además lograron por su relación con el círculo íntimo de Maduro y su esposa, Cilia Flores. El Departamento del Tesoro los vincula directamente con Walter, Yosser y Yoswal Flores, hijos de Cilia Flores, y conocidos también como los chamos, así como con Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama y ex tesorero de la nación y de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), entre otros cargos.
Es un paso más en una relación con el chavismo que comenzó en 2011, que se consolidó con los años y se hizo evidente con decenas de negocios otorgados por Maduro al dúo empresarial a partir de 2013 y que los terminó convirtiendo en una columna financiera del propio Gobierno. “No necesita de mí, habla más fácil con Maduro que cualquiera”, declaró sobre Alex Saab en octubre pasado a El Tiempo de Bogotá la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, cercana también a Álvaro Pulido, y a quien diversas fuentes señalan como la responsable de abrirle la puerta de los negocios con la revolución bolivariana aún en tiempos de Hugo Chávez.
Todo comenzó hace ocho años. En 2011 Alex Saab selló en el palacio presidencial de Miraflores ante el propio Chávez y el entonces canciller Maduro, en representación de la empresa Fondo Global de Construcción, un contrato por alrededor de 600 millones de dólares con el Gobierno para la construcción de una urbanización de viviendas populares en los Valles del Tuy, mediante la importación de casas prefabricadas desde Ecuador. El negocio se realizaría a través del sistema de compensación de pagos Sucre ideado por Chávez con el Ecuador de Rafael Correa. ¿Por qué Ecuador y no cualquier otra nación aliada del proceso bolivariano? Porque en el marco del Sucre se permitía el pago de las exportaciones ecuatorianas a otras naciones del Alba en la moneda corriente en ese país, el dólar estadounidense.
Esa actividad fue investigada por la fiscalía ecuatoriana tras sospechar diversas irregularidades como lavado de dinero, exportaciones ficticias de material a Venezuela o sobrefacturación en los envíos. Aunque en Ecuador los empresarios lograron sortear la investigación e incluso recuperar dinero que estuvo congelado en cuentas bancarias, un tribunal del Sur de Florida también investigaba este negocio y este mismo jueves abrió un juicio contra Saab y Pulido por un cargo de intento de lavado de dinero y otros siete cargos de lavado de dinero.
Esa estructura de Fondo Global de Construcción, con presencia en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, pero cuyo propietario final se escondía en la mediterránea isla de Malta, apenas fue el comienzo de un ascenso jamás explicado por Maduro o algún otro funcionario. Esos millonarios y opacos negocios movidos con sociedades de papel alrededor del mundo los terminaron por colocar en el radar de unidades de inteligencia financiera de varios países.
A partir de abril de 2013, luego de que Maduro asegurara la silla presidencial tras su cuestionada victoria contra Henrique Capriles, la pareja empresarial colombiana fuebeneficiaria de las subastas del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), gracias a cuatro sociedades registradas en Hong Kong que también fueron proveedoras de la red estatal Abastos Bicentenario; de un contrato petrolero por poco más de cuatro mil millones de dólares para la desconocida Trenaco, con sedes en Colombia y Suiza; de convenios para el suministro decommodities y materia prima con la panameña Global Foods Trading; de los millonarios contratos para el suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa bandera de Maduro, con Group Grand Limited de Hong Kong y México, primero, y luego la turca Mulberry Proje Yatirim, ambas incluidas en la lista de activos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro; herederos de la red estatal de Abastos Bicentenario gracias a Salva Foods 2015, creada en Venezuela, y a Mezedes Holding, inscrita en Emiratos Árabes Unidos.
En casi todos los casos se repite la fórmula: estructuras empresariales opacas, empleados de confianza y familiares que terminan firmando papeles y contractos. Son los casos de Shadi Nain Saab y Emmanuel Rubio González, hijos de Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas, respectivamente, y quienes también fueron incluidos hoy en la lista de sancionados de la OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense).
El poder acumulado por la dupla empresarial con Maduro fue tal que a mediados del año pasado estedesignó presidente de la estatal Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) a Adrián Perdomo Mata, un ex empleado de confianza de Alex Saab y Álvaro Pulido. Su nombramiento llegó justo cuando el Gobierno de Maduro, en un intento por esquivar algunas de las sanciones financieras de la administración de Donald Trump, comenzó el intercambio de oro por comida con países aliados como Turquía. Perdomo Mata fue sancionado por la OFAC en marzo pasado y su paso por Minerven es más bien fantasmal. De hecho, se desconoce si sigue al frente de la compañía.
Aunque de bajo perfil o no del todo conocidos, sus negocios colocaron a Alex Saab y Álvaro Pulido en primera plana al convertirse en sostén financiero del propio Gobierno, así como del entorno de Maduro, lo que terminó de encender las alarmas en distintos países. El año pasado la fiscalía colombiana abrió una investigación contra de Alex Saab por el caso de una empresa familiar que el empresario manejó en su Barranquilla natal antes de iniciar sus negocios a gran escala con el chavismo, mientras que desde México señaló directamente a su red de empresas por haber incurrido en sobreprecios y exportación a Venezuela de productos de mala calidad para las cajas CLAP. Ambas investigaciones están aún abiertas.
Las sanciones del Departamento del Tesoro pueden frenar lo que parecía un ascenso sin límites. Con su caída, además, puede comenzar una investigación mayor que termine conduciendo a las figuras de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
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