Su construcción masiva en barrios populares de todo el país fue la solución que en 2013 Nicolás Maduro, recién ungido presidente, ofreció ante el auge de la criminalidad. Pero de los 30 gimnasios prometidos, muchos quedaron sin terminar o en abandono. A pesar de esa ruina, el proyecto fue un negocio fértil para los empresarios que estaban detrás, los colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, sancionados hace poco por el Departamento del Tesoro estadounidense. El dúo logró un contrato que, en cuestión de semanas, pasó de 60 a 100 millones de dólares gracias a la Fundación Pro-Patria 2000, un ente dependiente del Despacho de la Presidencia y por cuya directiva pasaron el hijo mayor y un sobrino de la primera dama, Cilia Flores.
Están regados por el país. Son armatostes de metal de hasta cinco pisos de altura que serían centros deportivos, lugares de esparcimiento y salud para la comunidad. Nicolás Maduro ordenó alzarlos nada más asegurarse la presidencia de Venezuela en 2013 con la promesa de fomentar la actividad física en los municipios más afectados por la criminalidad. Pero hoy esos “gimnasios verticales” lucen abandonados o inconclusos y han quedado al servicio del partido de Gobierno para actividades políticas en las localidades donde se instalaron. Seguir ahora el rastro de esas estructuras, levantadas como obras de carácter social, conduce al corazón de un negocio millonario de una dupla de sobra conocida en el chavismo.
Se trata de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los empresarios colombianos recientemente sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense y acusados de lavado de dinero en un tribunal de Florida. Aunque el inicio de sus negocios con el chavismo se remonta a 2011, bajo la administración de Maduro se convirtieron en los contratistas favoritos para la construcción de obras, explotación petrolera o el suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), entre otras áreas. El de los gimnasios verticales no fue un simple negocio, fue también el vínculo de los empresarios con familiares de Cilia Flores, la Primera Dama de la República o primera combatiente, en la jerga revolucionaria.
El contrato para la construcción de los gimnasios se elevó hasta los 100 millones de dólares gracias a la Fundación Pro-Patria 2000, un órgano estatal para la construcción de obras públicas de infraestructura por cuya directiva pasaron Walter Jacob Gavidia Flores y Carlos Erick Malpica Flores, hijo mayor y sobrino de Cilia Flores, respectivamente. El rápido control de esa fundación fue una prioridad desde que Maduro emergió como el posible sucesor de Hugo Chávez.
En noviembre de 2012, ya como vicepresidente de la República, con Hugo Chávez reelecto como presidente apenas un mes antes pero convaleciente de cáncer, Maduro nombró como director principal de la Fundación Pro-Patria 2000 a Carlos Malpica Flores, quien a la postre ascendería en la administración pública a cargos tan importantes como tesorero de la nación y vicepresidente de finanzas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Desde 2010 la fundación dependía de la vicepresidencia de la República y fue quizás una de sus primeras decisiones en ese cargo, tras seis años como Canciller. Los movimientos no terminaron allí.
El 1 de abril de 2013, tras la muerte de Chávez y Maduro ejerciendo como presidente encargado, el organismo pasó a depender del Despacho de la Presidencia. Ese mismo día Maduro creó el Movimiento por la Paz y la Vida, ligado desde el inicio al proyecto de los gimnasios verticales. Un año después, en mayo de 2014, Walter Jacob Gavidia Flores, hijastro de Maduro, y a quien el Departamento del Tesoro acusó hace un mes junto a sus dos hermanos de “recibir sobornos” del propio Alex Saab a cambio de contratos “sobrevalorados” con el Gobierno, pasaría a presidir la Fundación Pro-patria 2000 hasta diciembre de 2015.
Documentos obtenidos para este reportaje revelan que fue precisamente a partir de 2013 que los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido iniciaron su exitosa relación con la Fundación Pro-Patria 2000 a través del Consorcio de Estructuras Metálicas Modernas. El consorcio fue creado específicamente para el proyecto de los gimnasios y lo conformaron la firma colombiana Guillermo González Zuleta y Cia Ltda. Junto al Fondo Global de Construcción, la compañía con la que Saab y Pulido iniciaron en 2011 sus negocios con el chavismo. Esta fue investigada hace años por la Fiscalía ecuatoriana y ahora por un tribunal de Florida, y tiene personalidad jurídica en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, aunque su propietario final es una sociedad escondida en la isla de Malta, en el Mediterráneo oriental.
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