Durante 20 años ha imperado sobre Venezuela la sombra de la impunidad, si bien no decretada, alentada desde el oficialismo de disímiles maneras. Éstas van desde aquella estentórea proclama de Chávez “¡robar por hambre no es delito!” hasta la institucionalizada premiación con cargos de jerarquía a los responsables de delitos de corrupción millardarios o la lenidad ante sustentados indicios de participación de funcionarios públicos en el próspero negocio de la droga.
Este modelaje anti ético de la clase gobernante se ha proyectado como licencia para delinquir, abierta a todas las modalidades criminales. Esta semana, el reconocido abogado criminalista, doctor Fermín Mármol García, en declaración, que aseveró coincidente con la información que maneja la policía judicial (CICPC), afirmó que 18 mil estructuras delictivas operan en el país. Distribuidas en ocho bloques: los colectivos oficialistas, la guerrilla del Frente Bolivariano de Liberación, las megabandas, el pranato carcelario, los pseudos sindicatos de la construcción y la minería, la guerrilla del ELN, la guerrilla de disidentes de las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia, las organizaciones de legitimación de capitales y, por supuesto, los carteles del narcotráfico.
A nadie sorprendió la recién anunciada presencia en Venezuela de los disidentes de las Farc. Son huéspedes oficiales, como lo admitió el Golem gobernante en el foro de Sao Paulo: “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos en Venezuela…cuando deseen venir. Ellos son dos líderes de la paz”. Si esto no fuera suficiente, ha sido testimoniada la presencia de individuos pertenecientes a organizaciones terroristas como Hezbollah y Hamas, en Nueva Esparta y otros estados del país.
Cabe recordar que -según el Observatorio Venezolano de la Violencia- cerramos 2018 como el país con más muertes violentas del mundo: 81.4 por cada 100 mil habitantes. De continuar profundizándose la anarquía y la anomia características del imperante Estado Fallido, el mañana puede ser impredecible.