A cinco años de la desaparición de 43 estudiantes en el estado mexicano de Guerrero (sur), familiares y activistas se manifiestan este jueves para exigir a la nueva fiscalía independiente una explicación convincente sobre el paradero de los jóvenes y castigo a los responsables.
La noche del 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron a Iguala, Guerrero, para apoderarse de autobuses que utilizarían para sus manifestaciones.
Pero fueron capturados por policías coludidos con el cartel de drogas Guerreros Unidos, y desde entonces se desconoce el paradero de 43 de ellos, en un caso que desató indignación mundial y condenas contra el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El actual mandatario, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, creó una Comisión de la Verdad para este caso mientras la fiscalía general, que tras una reforma ahora es independiente del Ejecutivo, se compromete a reiniciar la investigación “casi desde cero”.
A la espera de conocerse el destino de los jóvenes, la justicia mexicana ha liberado a 77 detenidos de la investigación original, entre ellos uno de los cabecillas de Guerreros Unidos, cuyos testimonios fueron obtenidos bajo torturas.
Alejandro Hope, exoficial de la inteligencia mexicana y experto en seguridad, comenta a la AFP que más que empezar “desde cero”, la fiscalía debe retomar “líneas de investigación que no se siguieron en su momento”.
– ¿Nueva verdad? –
Pero Hope no espera novedades. “No creo lleguen a un resultado notoriamente distinto. Hay dos hechos sobre los cuales no parece haber duda: los estudiantes fueron secuestrados por policías y fueron entregados al cartel Guerreros Unidos”.
En el gobierno de Peña Nieto, la fiscalía general, que dependía del Ejecutivo, presentó la denominada “verdad histórica”: los narcotraficantes, creyendo que los jóvenes serían de un cartel rival, los habrían matado para luego incinerar sus cuerpos en un basurero y arrojarlos a un río.
Pero expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH, un ente autónomo de la OEA) que realizaron una investigación cuestionaron esta teoría y pidieron seguir otras hipótesis.
Esta semana se iniciaron investigaciones en otro basurero, en la comunidad de Tepecoacuilco, a unos 15km de Iguala.
Pero aún siguiendo nuevas hipótesis, Hope descarta que se llegue a una conclusión distinta. “¿Qué hicieron con ellos? No lo sabemos, pero lo más seguro es que los mataron”, dice.
Durante las investigaciones en 2014, la fiscalía reunió pequeños restos óseos y los envió al laboratorio de Innsbruck, en Austria. Sólo se logró identificar restos de uno de los jóvenes.
Pero algunos padres aún mantienen la esperanza de que los jóvenes estén con vida.
“No sé si mi corazón de madre me engañe, pero no siento que mi hijo esté muerto. Quiero verlo caminar, regresar y abrazarlo, a él y a sus 42 compañeros”, señala con lágrimas Blanca Luz Nava, ama de casa de 46 años y que el miércoles, con la imagen de su hijo Jorge Álvarez, uno de los chicos desaparecidos, se manifestó ante la fiscalía general.
Las familias han convocado una nueva protesta en Ciudad de México para este jueves para marcar el quinto aniversario de la desaparición.
La CIDH se congratula por el compromiso de reiniciar la investigación, pero no ve avances suficientes.
“Quisiéramos tener, para el 26 de septiembre, algo concreto de parte de las autoridades, algo detallado de la investigación para hallar a los responsables, pero también a los muchachos”, dijo Esmeralda Arosamena de Troitiño, presidenta de la CIDH, al diario El Universal.
– El autobús a Chicago –
Una de las líneas de investigación a privilegiar, según expertos de la CIDH, es la existencia de un quinto autobús, que estaría cargado de droga destinada a Chicago, en Estados Unidos, y que habría sido secuestrado sin querer por los estudiantes.
Este “quinto autobús” desapareció de la investigación oficial.
Hope resalta que traficar droga en autobuses que salen desde Guerrero hacia Estados Unidos es un “método bastante sencillo” desde hace años porque la vigilancia en las centrales de transporte terrestre es laxa comparada con aeropuertos.
AFP