está acumulando consenso en apoyo de la invocación del Tratado de Río, pero queda por ver si los desarrollos políticos en la región alentarán a los actores externos a facilitar de manera efectiva una resolución política multilateral en Venezuela.
El 11 de septiembre, Estados Unidos , con una mayoría de otros países signatarios, invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido informalmente como el Tratado de Río, contra el régimen corrupto e internacionalmente deslegitimado de Nicolás Maduro durante las acaloradas deliberaciones en la Organización de Estados Americanos (OEA). Firmado en la conferencia interhemisférica en Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947 en un momento en que los funcionarios estadounidenses estaban cambiando el enfoque del fascismo del Eje al comunismo soviético, los términos del tratado están en línea con el concepto de seguridad colectiva que apuntalaría a la OTAN : la agresión contra un Estado signatario es la agresión contra todos ellos, y en caso de tal agresión los estados miembros debían tomar medidas para ‘ayudar a enfrentar el ataque’.
Pero el tratado nunca ha jugado un papel consecuente en una crisis regional. Aunque Washington lo invocó durante la crisis de los misiles cubanos en 1962 y la incipiente guerra civil en la República Dominicana en 1965, no se ha utilizado para sancionar operaciones militares punitivas. En 1982, la junta militar argentina lo citó para presentarlo en un frente unido del Nuevo Mundo para disuadir al Reino Unido de un intento de reclamar las Islas Malvinas. El esfuerzo fue inútil, ya que Estados Unidos se puso del lado del Reino Unido. En 2012, los gobiernos izquierdistas de Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, bajo Hugo Chávez, se retiraron del tratado y lo consideraron una herramienta de la hegemonía hemisférica de Estados Unidos.
Tensiones políticas y militares
El 23 de julio, la Asamblea Nacional Venezolana, controlada por la oposición y dirigida por Juan Guaidó, reconocida por 50 países como el presidente interino de Venezuela, aprobó una ley que devuelve a Venezuela al Tratado de Río. El régimen de Nicolás Maduro, que las Naciones Unidas aún reconoce formalmente y retiene el apoyo de Rusia y China, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, continúa rechazando el tratado. El 15 de septiembre, en un comunicado escrito, Guaidó destacó la importancia del tratado para presionar al régimen. Al día siguiente, citando una ‘amenaza para la seguridad de la región’, una mayoría de 12 países de los estados miembros de la OEA (Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y República Dominicana, representados por la oposición) votaron para invocar el ‘Órgano de Consulta’ del Tratado de Río, un paso preliminar hacia el colectivo y acciones potencialmente coercitivas.
El mismo día, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, tuiteó el firme apoyo de la administración Trump, declarando que “juntos consideraremos opciones económicas y políticas multilaterales para terminar con el caos”. Si bien la misión de los Estados Unidos ante la OEA había citado solo las crisis humanitarias y políticas dentro de Venezuela como motivos para invocar las disposiciones del tratado, Pompeo usó la frase “movimientos belicosos” en referencia al despliegue de 150.000 tropas de Maduro, así como tanques y misiles en la frontera región de Táchira para realizar ejercicios, aparentemente para disuadir la intervención militar colombiana, que teme que Estados Unidos pueda apoyar. Trujillo lo calificó de “totalmente inaceptable”, mientras que Elliott Abrams, enviado especial para Venezuela, declaró: “Si hay ataques transfronterizos de Venezuela a Colombia, podemos esperar que los colombianos reaccionen”. Y obviamente, apoyaríamos plenamente a Colombia en esa situación ‘. Pompeo afirmó que la “presencia de grupos armados ilegales y organizaciones terroristas en territorio venezolano” demostró que Maduro representaba una amenaza para los vecinos de Venezuela, así como para su propio pueblo. Caracas respondió: “Es doloroso que los países que fueron invadidos por las tropas de los Estados Unidos y cuyos pueblos fueron masacrados por la aplicación del [Tratado de Río] respalden hoy un crimen similar contra un país hermano, en una sesión claramente inválida de la OEA”.
Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.200 kilómetros, y de los más de cuatro millones de refugiados venezolanos que huyeron de su país, más de un millón viven actualmente en Colombia, lo que supera su capacidad. El gobierno colombiano también cree que Caracas permite que alrededor de mil guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha desestabilizado a Colombia durante décadas y rechazado las propuestas de paz, operen dentro del territorio venezolano. En particular, los funcionarios colombianos alegan que las guerrillas con sede en Venezuela idearon una explosión de un coche bomba en Bogotá que mató a 21, en su mayoría jóvenes cadetes. El régimen de Maduro ha respondido que el gobierno colombiano está permitiendo que grupos armados venezolanos conspiraran para sacarlo y entrenar en suelo colombiano. El Presidente colombiano IvánDuque ha pedido ‘ serenidad ‘ y ha negado cualquier conspiración contra Caracas.
¿Resolución?
Aunque Guaidó casi logró inducir a los militares a abandonar Maduro y unirse a la resistencia patriótica, Maduro ha podido mantener el apoyo militar. La administración de Trump, en general, parece no estar interesada en la opción militar y es poco probable que recupere el entusiasmo por ella: John Bolton había sido el principal defensor de la acción militar y, según los informes, fue reemplazado como asesor de seguridad nacional, en parte, por presionar demasiado. por tal acción. Una solución militar decisiva es improbable sin el apoyo de Estados Unidos.
El consenso consensuado en apoyo de la invocación del Tratado de Río refleja la inclinación gradual de la región hacia la derecha y, por fuerza, contra el régimen de Maduro. El tratado, a su vez, proporciona un plan para coaccionar diplomáticamente al régimen. Por lo tanto, es probable un mayor aislamiento del régimen mediante sanciones y la ostracisión diplomática. Queda por ver si estos desarrollos políticos, el creciente caos humanitario en el país y la amenaza de un conflicto fronterizo y la posible escalada entre Colombia y Venezuela son suficientes para reunir a los actores externos para facilitar de manera efectiva una resolución política multilateral en Venezuela.
Las conversaciones mediadas por Noruega se interrumpieron en agosto después de que Maduro se retiró en protesta por el endurecimiento de las sanciones de la administración Trump contra Venezuela. Los ministros de asuntos exteriores de los 19 miembros del Tratado de Río se reunirán en cuestión de semanas para determinar los próximos pasos. Estos podrían incluir un esfuerzo concertado para iniciar discusiones multilaterales sobre una resolución política negociada, que Noruega sigue dispuesta a mediar.
Russell Crandall es Profesor de política exterior estadounidense en Davidson College en Carolina del Norte y editor colaborador de Survival.
Este artículo fue publicado originalmente en el portal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) el 25 de septiembre de 2019. Traducción libre del inglés por lapatilla.com