Preconizamos la ruptura total del sistema llevado a su paroxismo por la corporación criminal instalada en el poder, queremos dejar atrás el socialismo, el crimen y la corrupción. No nos conformaremos con la sustitución de la mafia gobernante por otra más amable, con mejores modales, que modifique solo la superficie y deje intacto los mismos vicios; no queremos un nuevo CLAP con productos nacionales de 3 0 4 empresas, que se conviertan en financistas de títeres que respondan a sus intereses. Quienes pretendan oxigenar el sistema para revivirlo, forman parte del él y no son nuestros aliados. Rechazamos un nuevo pacto de élites para mantener la situación actual. Queremos que se haga Política y no negocios.
La situación del régimen resulta precaria dentro de un proceso fluido que como tal impide ofrecer fechas exactas de ocurrencias de eventos, pero sin duda su fragilidad lo impulsa a atrincherarse con el poder militar que lo sostiene. El sinfín de delitos cometidos lo mueve a no perder el control del Estado, por ello el mayor peligro consiste en que están dispuestos a conceder cualquier cosa a las potencias aliadas del eje del mal con tal de sobrevivir.
El gobierno interino dejó pasar el mejor momento de sus relaciones con los Estados Unidos, cuando éste se hallaba dispuesto a apoyarnos en la restitución de la democracia e insistía en repetir que todas las opciones estaban abiertas. Ese buen momento ha variado.
Fidel Castro se planteó muy en serio vencer a su archienemigo y actuó en connivencia con el narcotráfico, su plan consistía en inundar a Estados Unidos de drogas, el objetivo era debilitar a la sociedad norteamericana en su base, destruyendo a su juventud, mejor dicho, su futuro. El tema de la droga por sí solo sería el desencadenante de una gran alianza internacional para rescatar la democracia en Venezuela.
Los diputados que se incorporaron a la AN no son diputados, dejaron de serlo al abandonar sus cargos hace 2 años y 5 meses. Formaron parte de un parlamento paralelo (ANC) en contravención a la Constitución, que tiene como fin destruir la institucionalidad de la AN. Ellos incurrieron en responsabilidad penal al levantarle la inmunidad parlamentaria a varios diputados electos por la soberanía popular, al designar a los magistrados express y al espurio fiscal. Violaron el orden constitucional y parlamentario. La junta directiva de la AN debe saber que las decisiones políticas no pueden imponerse a la Constitución.
La vida del país transcurre dentro de un contexto opresivo y en situaciones difíciles cabe recurrir a los principios y valores profundos de nuestra nacionalidad. Desafiar al régimen para desplazarlo del poder con una estrategia común es el mandato. Debe actuarse con firmeza.
¡No más prisioneros políticos, torturados, asesinados, ni exiliados!