El hijo de Yolanda —nombre ficticio por seguridad— se contagió de tuberculosis en un centro de detención preventiva. Pasaron tres semanas sin que recibiera medicación hasta que ella logró conseguir el tratamiento en la Sanidad, donde se lo dan de vez en cuando.
Por Yohana Marra / Crónica Uno
Desde abril, cuando contrajo la enfermedad, se ha complicado significativamente. Por eso Yolanda pasa sus días visitando varias sedes de Sanidad, los tribunales y donde considere que sea necesario para conseguir ayuda para su hijo de 28 años.
Yo no quiero sacar a mi hijo grave de esos calabozos policiales como otros presos, no soportaré ver a mi hijo muriéndose. No duermo, no como, pensando y pensando en él, porque yo estoy presa también. Cuando duermo lo hago por dos o tres horas pensando en que tengo que salir a hacer algo por él”, contó sin hacer pausa para secar el llanto.
El hijo de Yolanda está detenido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta. En Caracas este es el centro de detención más violento con 12 asesinatos en lo que va de año, y uno de los más hacinados. En el último motín asesinaron a dos hombres, a uno lo decapitaron.
Según Una Ventana a la Libertad, en las celdas de la zona 7 —conocida así por la extinta Policía Metropolitana— hay 870 hombres en un espacio para aproximadamente 150.
Los calabozos policiales actualmente son utilizados como cárceles. El hijo de Yolanda lleva detenido un año y seis meses, acusado de homicidio, y aún no ha asistido a la audiencia presentación que en términos legales debe hacerse 48 después de la detención.
“Por todo se atrasa. Las audiencias son diferidas porque se retiró la juez, no fue el testigo del homicidio, porque a él no lo llevan los policías, porque no hay transporte para el traslado, porque no fue alguien, por cualquier cosa la difieren”.
La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, prohibió el traslado de los detenidos a las cárceles mientras esperan el debido proceso. Esta situación contribuye con el hacinamiento en estas áreas que no tienen infraestructura ni personal capacitado para albergar una gran cantidad de personas por tanto tiempo.
Magaly Huggins, investigadora de Una Ventana a la Libertad, aseguró que el hacinamiento es la principal causa de los problemas dentro de estos recintos y, por ende, de las enfermedades infectocontagiosas que padecen los detenidos.
“No hay agua, no hay condiciones de aseo, no hay quien recoja las heces fecales. Por reducido espacio deben turnarse para dormir, hay sarna, hay tuberculosis pero además hay presos que tienen enfermedades crónicas que tampoco reciben tratamiento”.
Enfermos no son aislados y el hacinamiento empeora la situación
El primer informe semestral de 2019 de Una Ventana a la Libertad señaló que los enfermos en centros de detención no tienen procedimientos especiales ni son aislados de los que están sanos. Según su investigación, en 204 calabozos de 16 estados del país hay enfermedades de carácter infectocontagiosas como tuberculosis.
Durante los primeros seis meses identificaron 123 casos, es decir, 40 % de los detenidos contagiados. En la Gran Caracas 100 % de los centros tiene esta condición.
Otras enfermedades que padecen los presos son paludismo, dengue, diarrea, abscesos, gripes y manchas en la piel. También registran casos con piojos.
“Mientras yo no le lleve el tratamiento a mi hijo no lo recibirá. Yo no quiero que mi hijo se muera. El hecho de estar presos no quiere decir que ellos son unos perros, no los llevan a un hospital hasta que se están muriendo”, contó Yolanda.
Tatiana Drummond, médico infectólogo pediatra, explicó que la tuberculosis es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria. Cuando un infectado tose sin protección quienes están a su alrededor se enferman.
La bacteria desarrolla la infección principalmente en el pulmón, aunque puede afectar cualquier órgano del cuerpo e incluso los huesos. El hacinamiento y la desnutrición en las cárceles aumentan los factores de riesgo y hay muchas probabilidades de infección si no aíslan a los enfermos.
“El tratamiento de la primera fase dura dos meses y es una dosis todos los días, de tres o cuatro fármacos. Después de esta fase el tratamiento cambia y en el mejor de los casos dura seis meses. Si no cumplen el tratamiento como es debido hay que iniciar nuevamente y hay probabilidades de que la bacteria se vuelva resistente y se deba cambiar de fármaco”.
Yolanda tiene escrito los nombres de 17 presos contagiados con tuberculosis en zona 7, pero hay familiares que aseguran que son más de 20. La mayoría no recibe diariamente el tratamiento, como indica la doctora, ni se les realizan los exámenes para determinar el avance de la enfermedad.
“He ido a los tribunales y hasta al Ministerio para el Servicio Penitenciario pero no me dan respuestas. Necesitamos que los lleven a un hospital a hacerse exámenes y que el tratamiento lo reciban diario, de lo contrario van a ir muriendo”, expresó Yolanda.
Crisis del país se agudiza en calabozos
En la mayoría de los centros de detención preventiva investigados por Una Ventana a la Libertad los parientes deben pagarle a los policías para hacerles llegar comida, medicamentos u otros bienes a sus detenidos.
En zona 7 entre las cosas que se obtienen a cambio de dinero están comida, refrescos, colchonetas, y «privilegios» como la visita de niños y hombres. En la cola “solidaria” —como le dicen los parientes— deben pagar 3000 bolívares para entrar a visitar y para la VIP se pagan 10.000 bolívares.
En el caso de Yolanda tiene tres semanas sin ver a su hijo porque no tiene dinero.
Vivo en Turumo, necesito 5000 bolívares para el pasaje. Más los 3000 para entrar a visitarlo y no los tengo. Esto no se le desea ni al peor enemigo, porque uno está preso con su hijo y el sistema tiene mucha corrupción. No puedo trabajar porque debo estar en los tribunales y por eso no tengo ingresos, vivo de la caridad de mi comadre y una vecina”.
Se siente tranquila, dentro de su tragedia, porque le pide apoyo al padre de su hijo y a su nuera para que le lleven la comida. Así por lo menos se asegura de que reciba alimentos diariamente, aunque a veces duda porque los policías no la hacen llegar.
En el caso de otros detenidos que no tienen a sus familiares en el mismo estado, sobreviven por la caridad de los compañeros de celdas, ya que el centro policial no les garantiza las tres comidas.
“He tenido que pedir plata a la gente en la calle para sacar unas copias en tribunales y poder llevar un oficio a zona 7 para que saquen a mi hijo al médico. No tenemos apoyo de ninguna autoridad, de ningún lado, estamos solos con los presos. Y a los demás familiares les da miedo denunciar la corrupción porque castigan a los presos”, contó.
La investigadora Huggins sostuvo que la mujer, jefa de 50 % de los hogares en Venezuela, no solo debe tener presupuesto para la comida de la casa, también para la del privado de libertad pues de lo contrario muere de desnutrición porque nadie le da comida.
“El Estado es el único responsable, no es la familia que está fallando. Si detienen a una persona y los mantienen en estas instituciones deben asumir, pero delegan la responsabilidad a alcaldías y gobernaciones que no tienen presupuesto. La salud es reflejo de las condiciones de vida en el país dentro y fuera de los centros de detención preventiva. Si afuera no hay medicamentos menos adentro. Si afuera la gente está desnutrida, mucho más los privados de libertad”.
Urgen tratamientos a presos enfermos
Magaly Huggins aseguró que otra de las enfermedades más comunes es la sarna. Pero además hay privados de libertad con VIH y enfermos crónicos que no tienen el tratamiento.
Las mujeres embarazadas no son llevadas a las consultas ginecológicas hasta el día del parto. “En calabozos de Anzoátegui registramos el aborto de cinco mujeres”, dijo.
Denunció que hay mujeres detenidas que les dan una toalla sanitaria por día y los compañeros de celda cuentan que deben estar con los pantalones manchados porque no tienen un artículo tan esencial para ellas.
“Se supone que cuando son detenidos deben evitar que al salir sean peores. Pero los policías saben que dependen de la familia y por eso le cobran a la familia por todo, tenemos casos en los que les deben llevar comida a los custodios”.
Huggins, defensora de derechos humanos de los privados de libertad, instó a la ministra Iris Varela a asumir la responsabilidad en los centros de detención preventiva y a brindar atención de salud a los detenidos porque son riesgo de epidemias.