Venezuela es un país quebrado y su principal proveedora de ingresos en moneda dura, la industria petrolera, es, al mismo tiempo, la mayor fuente de incertidumbre en los escenarios que se pueden proyectar sobre la economía venezolana.
Por Aristimuño Herrera & Asociados en Banca y Negocios
La crisis de la industria de los hidrocarburos jamás había sido tan profunda, porque afecta a todas las áreas del sector y pone en entredicho, de una manera no vista históricamente, la capacidad financiera de la administración del Estado para cumplir sus más elementales obligaciones.
Lo más grave es que el sector privado de la economía también registra una crisis inédita, por lo que el colapso petrolero no puede ser compensado por ningún otro proveedor de ingresos en divisas, y lo que apreciamos es una situación de emergencia que, al menos en el discurso, no se asume, al señalar metas y proyecciones de producción que son difíciles de aceptar, a menos que vengan acompañadas de una evidencia sólida que las sustente.
El Fondo Monetario Internacional está preparando el Informe Capítulo IV sobre Venezuela, donde preliminarmente se señala, según fuentes internacionales enteradas, que el ingreso en divisas del país no será superior a los 17.000 millones de dólares este año. Nuestra firma ya esperaba una fuerte contracción financiera y, en consecuencia, estimamos un nivel de importaciones de apenas 8.000 millones de dólares en 2019, una disminución de 87% en comparación con 2011.
La producción petrolera más reciente reportada por la OPEP se ubica en 712.000 barriles por día, según las fuentes secundarias de la organización. Si se asume este dato como válido, hemos perdido 1.738.000 barriles por día de extracción en 20 años, ya que la producción promedio de 1999 fue de 2.450.000 b/d. A un valor estimado para el ejercicio de 60 dólares por barril, esta producción perdida representa un valor teórico de 38.062 millones de dólares este año que el país no verá.
Sin duda, un punto alarmante es la caída de las exportaciones de crudo y derivados que sumaron, según un cálculo publicado por Bloomberg, 465.000 barriles por día en septiembre, el menor nivel registrado en 70 años, y todos los análisis disponibles presagian que será muy difícil revertir esta tendencia al menos en el corto plazo.
Lo más grave es los costos que implica recuperar la industria son cada vez más elevados, y van desde los 80.000 millones a 120.000 millones de dólares; sin embargo, estas estimaciones hay que verlas con las reservas del caso, porque no tenemos forma de conocer con exactitud la situación de la industria.
Las sanciones de Estados Unidos son una losa pesada sobre las expectativas del sector hidrocarburos. Si las licencias que vencen este mes no son renovadas, se irá Chevron, que es clave para sostener una producción de 130.000 barriles diarios en la empresa mixta PetroPiar que se ha disminuido por la saturación de la capacidad de almacenamiento de Pdvsa, ocasionada por la dramática caída de las exportaciones.
También se irán –y esto es especialmente grave- las empresas de servicio y mantenimiento, como Halliburton, Schlumberger y Weatherford International, lo cual afectaría al mantenimiento de yacimientos y el funcionamiento de taladros, a tal punto que la capacidad de perforación se reduciría entre 40% y 50%.
Más allá de los datos sobre la crisis, hay que destacar que el aporte del sector petrolero a la economía viene cayendo de manera sostenida. De acuerdo con datos propios, la participación del sector hidrocarburos en el Producto Interno Bruto (PIB) total pasó de 18,9% en el año 2000 a 11,9% en 2018. Esperamos que esta tendencia continúe al cierre de este ejercicio anual.
En consecuencia, tenemos que asumir que hemos llegado a un quiebre económico histórico, a una encrucijada que nos obliga a repensar seriamente cómo vamos a sostener esta economía sin el estímulo financiero de la renta petrolera.