Los datos son cuntundentes. El salario mínimo que devengan los trajadores activos y jubilados y que abarca algo más del 50% de quienes trababan o trabajaron en el sector público venezolano es US$ 2 mensuales mientras que para adquirir la canasta alimentaria hace falta por lo menos veinte salarios mínimos. Ello sugiere el estado de precariedad en la cual se encuentran los venezolanos. Se trata de más de cuatro millones de pensionados del Seguro Social y otros dos millones que devengan ese salario mínimo miserable. La idea de vincular el salario al petro es un disparate mayúsculo debido a que el petro no es una referencia válida que sirva como ancla para establecer los salarios. Ello debido al hecho que quien determibna el valor del petro es su emisor que el régimen madurista. Cuando un país fija el salario con respecto el dólar o al euro, por ejemplo, es claro que ninguna de estas dos monedas puede ser manipulada por el gobierno y por esta razón se asegura el mantenimiento del poder de compra de los salarios. Contrariamente, el valor del petro no obedece a ningún criterio económico porque el mismo no es objeto de transacciones en el mercado y por ello su valor es el producto de un acto burocrático. Pero más allá de esto, el hecho es que para todos los fines prácticos el petro es inexistente y por por esa razón atar los salarios al petro carece de cualquier sentido conceptual o práctico. No se puede fijar el salario a algo inexistente.
Por estas razones lo mejor que pueden hacer hacer los trabajadores venezolanos es exigir que sus salarios, pensiones y jubiliaciones se determinen sobre la base de unos de los siguines criterios. Por una parte, una canasta de bienes y servicios calculada por un ente con credibilidad técinica o por la otra, con base en el dólar en el entendido que se trata de un cierto monto de esa moneda que sirva para adquirir el valor monetario de esa canasta. Es inaceptable que quienes trabajan y viven de sus trabajo se les quiera imponer el pago en petros.