Con los 2 dólares de salario que gana cada semana trabajando como conductor de carga en el campo Petroboscan, de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, Freddy Brito ni siquiera puede darse el lujo de comprar un kilogramo de queso.
Entonces, para alimentarse tanto él como su esposa, mientras la nación OPEP sufre un colapso económico hiperinflacionario, Brito, de 56 años, depende de una canasta de al menos 13 distintos productos y unos 20 kilos en arroz, atún enlatado, frijoles, café, harina de maíz precocida y otros artículos valorados en 200 dólares que cada mes le da Chevron.
La empresa, con sede en California, es socia minoritaria de Pdvsa en Petroboscan, un proyecto petrolero en el noroccidental estado de Zulia.
Pero el futuro de la firma estadounidense en Venezuela ahora depende del presidente Donald Trump, quien debe decidir antes del 25 de octubre si renovar o no una exención que permita a Chevron seguir operando en Venezuela pese a las sanciones impuestas por Washington a Pdvsa como parte de su campaña para sacar del poder a Nicolás Maduro.
Los beneficios de los que disfrutan Brito y otros 1.200 empleados y contratistas de Petroboscan no están disponibles para la mayoría de los aproximadamente 100.000 trabajadores de Pdvsa, que enfrenta problemas de liquidez, quienes han visto sus salarios erosionados por la inflación, lo que llevó a que miles de ellos renunciaran y se unieran a los 4 millones de venezolanos que han emigrado del país en los últimos años.
“Si Chevron se va, quedaremos sin una mano porque lo poquito que nos está llegando es algo por medio de ellos”, dijo Brito.
Chevron ha estado en Venezuela durante casi 100 años: abrió su oficina en Caracas en 1923 y descubrió petróleo en el campo Boscan en 1946, convirtiéndose en una de las empresas privadas con mayor presencia en el país.
Pero la compañía sólo pudo permanecer en Venezuela desde enero pasado, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Pdvsa y así cortar el flujo de efectivo de Maduro, gracias a una exención temporal que recibió, así como las principales empresas de servicios de campos petroleros, Halliburton y Schlumberger NV, que desean seguir en el país con las mayores reservas de crudo del mundo.
La campaña por sacar a Maduro se ha estancado desde entonces, pese a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y de un deterioro de la economía. Después del debate interno dentro de la administración, Trump renovó a fines de julio la exención de Chevron por tres meses.
Al acercarse el nuevo plazo, algunos argumentan que obligar a Chevron a salir podría provocar un nuevo descenso en la producción de crudo, lo que se suma a la presión económica sobre Maduro, como dijo como el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.
Pero otros, como el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dicen que Venezuela podría entregar los activos de Chevron a compañías rusas o chinas, y que la presencia de la compañía sería clave para reconstruir la economía bajo un potencial nuevo gobierno.
Los residentes de La Cañada de Urdaneta, donde se encuentran las operaciones de Petroboscan, temen que la salida de la compañía agregue más miseria al drástico deterioro de su calidad de vida durante siete años de recesión, marcados por el auge vertiginoso de los precios de alimentos y medicinas.
“Chevron ha aportado en todas partes”, dijo Yennifer González, madre de tres estudiantes en la escuela de San Agustín en La Cañada, donde la compañía financia comidas para estudiantes y personal, y también está pagando un proyecto de construcción. “Aquí en el campo me imagino que si Chevron se va, no va a ser lo mismo”.
Por ley, las empresas conjuntas de PDVSA deben invertir el 1% de sus ganancias en programas sociales en las áreas donde extraen crudo. En La Cañada, el logotipo de Chevron adorna los aros de baloncesto del patio de la escuela que donó y las estaciones de policía que ayudó a construir.
El portavoz de Chevron, Ray Fohr, dijo en un comunicado que las contribuciones a la inversión social de la compañía totalizaron casi 100 millones de dólares entre 2007 y 2018, y que la empresa era una “presencia positiva” en el país.
Ni Pdvsa ni el Ministerio de Petróleo de Venezuela respondieron solicitudes de comentarios. Maduro culpa a los problemas del país a una “guerra económica” que encabeza Estados Unidos en su contra.
Bombeo a medias
La producción de crudo de Venezuela disminuyó constantemente de más de 2 millones de barriles por día (bpd) en 2014 a poco más de 1 millón de bpd a fines del año pasado, como resultado de una caída en los precios y años sin inversión, además de una mala gestión.
Los apagones eléctricos y las sanciones han acelerado ese colapso este año: el país ahora produce solo 600.000 bpd.
Petroboscan y Petropiar, la otra gran empresa conjunta de Chevron con Pdvsa, en conjunto bombearon más de 100.000 bpd a principios de este año.
Pero ambos han detenido la producción por completo en algunos momentos durante los últimos meses, a medida que los tanques de almacenamiento de Venezuela se acercaban a su máxima capacidad porque las sanciones de Washington estaban asustando a los compradores, según fuentes y documentos vistos por Reuters.
Ninguna de las docenas de balancines que observó Reuters mientras conducía por el campo de Boscan el 14 y 15 de octubre pasado estaban en funcionamiento.
Los analistas son escépticos de que la partida de Chevron tenga un gran impacto sobre Maduro.
“De 2 millones de barriles a 600.000 barriles y estos tipos todavía están allí, ¿y crees que debido a 100.000 más barriles va a hacer la diferencia?” dijo Francisco Monaldi, economista especialista en energía de la Universidad de Rice, en Houston.
Incluso con la ayuda de Chevron, la paciencia de Brito con su minúsculo salario se está agotando.
Contuvo las lágrimas al hablar de sus cuatro hijos que se mudaron a Colombia, donde dijo que muchos trabajadores de Petroboscan emigrarían si Chevron se fuera.
“Te lo digo porque soy uno”, dijo Brito en una entrevista.
Agregó que vendería “lo que me queda por aquí, cargaré mi equipaje y me voy en mi camioneta”.
