El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, envió este martes a la Corte Constitucional la consulta acerca de la legalización del aborto en caso de violación, en el marco de una reforma al código penal que aprobó la Asamblea Nacional (Parlamento) y que fue vetado de forma parcial por el Ejecutivo.
Así lo explicó en una rueda de prensa la secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, quien afirmó que Moreno, “al ver que podría existir cierta contraposición entre derechos de los ciudadanos, ha pedido que la Corte Constitucional analice este tema, no solo por la forma sino por el fondo del asunto”.
Pesántez también presentó los puntos más importantes del veto presidencial a las reformas al código penal que la Asamblea presentó el pasado septiembre al Ejecutivo para su ratificación u objeción.
En este sentido, la alta funcionaria informó de que se han hecho diversos ajustes en los artículos sobre delitos relacionados con la violencia sexual, robo, asesinato y secuestro que, según ella, tienen una “mayor incidencia en la ciudadanía”.
Según el veto presidencial, la policía estará facultada para incautar cualquier tipo de arma blanca.
Por otro lado, en casos de violencia sexual, con las reformas se establece “la obligatoriedad de denunciar estos actos por parte de quienes conozcan de los mismos, como educadores, médicos o cuidadores”.
Asimismo, se establecerá un agravante en el caso de que el agresor sexual forme parte del entorno de la víctima.
Sobre los casos de asesinato, aumentarán las penas si el condenado conocía de condiciones personales de la víctima que implicaran su indefensión o discriminación.
También se endurecerán las penas de cualquier infracción cometida contra cualquier servidor de la fuerza pública durante el ejercicio de su trabajo, añadió la funcionaria.
Este aspecto también afectará a las situaciones de “conmoción social” como las protestas, de forma que se endurecerán las penas cuando se cometa una infracción contra bienes patrimoniales, periodistas, personal sanitario y personal de asistencia humanitaria.
En ese marco, el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, se refirió en al misma rueda de prensa a unas declaraciones del dirigente indígena Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), sobre la supuesta creación de un “ejército indígena”.
“El anuncio de cualquier persona de crear un ejército paralelo es un delito en el Ecuador”, por lo que le corresponde a la Fiscalía y a los jueces determinar sobre la versión de Vargas, continuó Roldán.
Aseguró, además, que “cualquier anuncio de la creación de otro Ejército no tiene asidero en la ley, en la Constitución y en un Estado de derecho como el ecuatoriano”.
“A nosotros, como Ejecutivo, nos preocupa enormemente. En el país existe un Ejército que está enmarcado en las leyes y en la Constitución. Su accionar responde a lo que han hecho las gloriosas Fuerzas Armadas para la prevalencia de nuestra República”, apostilló el funcionario.
EFE