Chile, conocido como uno de los países más ricos, estables y pacíficos de América Latina, está en medio de una agitación política y económica con miles de personas protestando en las calles después que el gobierno aumentó las tarifas de transporte público.
Las manifestaciones se han vuelto violentas en muchas ocasiones, con disturbios, incendios, saqueos y choques con la policía. Miles de chilenos han desafiado la declaración de estado de emergencia decretada por el gobierno y el toque de queda ordenado por los militares para seguir las protestas.
¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LAS PROTESTAS?
Los partidos de oposición de izquierda y centroizquierda, atomizados y con poca fuerza, han expresado su apoyo a las protestas, pero no las lideran. Las agrupaciones de estudiantes enfrentan una realidad similar.
Durante las convocatorias a las protestas que se realizaron mayoritariamente a través de redes sociales han surgido varios grupos diferentes, pero ninguno aún que tenga representantes definidos que planteen una lista específica de demandas.
El gobierno ha dicho que los episodios de “vandalismo” que estallaron en medio de algunas manifestaciones han sido financiados y coordinados, pero no ha dado pistas de quién está detrás. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó que los ataques afectaron primero el sistema de metro y autobuses antes de recurrir al saqueo y quema de tiendas de comestibles para provocar “un grave daño a la cadena alimenticia de nuestro país”.
“Eso está reflejando una intención (…) de hacer daño a los ciudadanos en objetivos esenciales para desarrollar la vida cotidiana: el transporte y la compra de alimentos”, expresó.
Guillermo Holzmann, analista político de la Universidad de Valparaíso, cree que los manifestantes podrían agruparse en tres: un grupo ultraizquierdista que tiene un grado de financiamiento y organización y se opone al modelo de libre mercado de Chile; grupos del crimen organizado que aprovechan los disturbios para saquear y atacar la propiedad privada y otros que se unieron a las protestas para expresar su frustración por el alto costo de la vida y la desigualdad.
¿CUÁN DIFÍCIL ES LA VIDA PARA LOS CHILENOS?
Chile es el alumno ordenado de la clase en América Latina por su correcta gobernabilidad, transparencia y un entorno favorable para los inversores. Su economía ha crecido significativamente gracias a un sólido entorno macroeconómico y a un auge del cobre, lo que le ha permitido reducir el número de personas que viven en la pobreza, con 5,5 apenas dólares diarios, a 6,4% en 2017 desde un 30% en 2000, según el Banco Mundial.
Sin embargo, Chile sigue siendo el país más desigual de la OCDE, con una brecha de ingresos un 65% más amplia que el promedio del bloque.
La mitad de los trabajadores chilenos ganan 550 dólares al mes o menos, según el gubernamental Instituto Nacional de Estadística. Un estudio del gobierno en 2018 mostró que el ingreso de los más ricos era 13,6 veces mayor que el de los más pobres.
Manifestantes entrevistados por Reuters durante las protestas dijeron que luchaban contra los altos costos de los sistemas de salud y educación, alquileres y servicios públicos, así como un sistema privado de pensiones que ha sido ampliamente rechazado por sus jubilaciones insuficientes.
El descontento acumulado ha provocado un entusiasmo generalizado por propuestas como una semana laboral de 40 horas, que se está abriendo camino en el Congreso a pesar de las advertencias de las empresas de que llevaría a recortes de empleos.
PERO LA DESIGUALDAD EXISTE EN TODAS PARTES. ¿POR QUÉ CHILE EXPLOTÓ?
La manera inicialmente despectiva con que el gobierno abordó las protestas sobre el aumento de las tarifas de transporte, las imágenes del presidente Sebastián Piñera -un empresario de derecha- comiendo en una pizzería en la primera noche de disturbios, junto con la decisión de convocar al ejército a las calles, fueron la gota que colmó el vaso, dijeron manifestantes a Reuters.
Rodrigo Pérez, profesor de economía del desarrollo en la Universidad Mayor de Santiago, dijo que había presiones particulares sobre la clase media y los sectores pobres de Chile, donde el Estado “no hace nada en términos de redistribución o para eliminar las diferencias de ingresos de las personas”.
“Lo que termina pasando es que efectivamente la gente se cansa”, añadió. “Hay también en Chile una población cada vez más educada, que también se da más cuenta de las cosas que están pasando, entonces creo que también se vuelve un poquito más difícil ‘meterle el dedo en la boca'”, añadió.
Como el caso de Camila Tapia, una joven de 23 años del municipio de La Pintana, en el extremo sur de Santiago, que dijo a Reuters que sus padres eran de la clase trabajadora y que estaba decidida a luchar por mejores oportunidades de las que tenía actualmente.
“Yo soy de la clase más pobre de Chile, y tuve la suerte de poder asistir a la universidad, donde nos llenan de conocimiento, nos dicen que tenemos derechos humanos. Y no se están respetando”, declaró a Reuters mientras protestaba.
¿CUÁLES SON LAS PROPUESTAS DE PIÑERA? ¿AYUDARÁN A CALMAR A LAS PROTESTAS?
Piñera propuso una serie de medidas para abordar la desigualdad en lo inmediato, desde mejoras en las pensiones y atención médica, a contener un aumento en los precios de electricidad, garantizar un mejor flujo de fondos estatales a las comunidades más pobres y mejorar el tratamiento a las víctimas en el sistema de justicia.
Prometió aumentar la pensión mínima en un 20%, acelerar una ley para introducir una cobertura estatal de enfermedades críticas, reducir los precios de los medicamentos para los más pobres y garantizar un salario mínimo de 480 dólares por mes.
La esencia de sus propuestas fue bien recibida por algunos sectores políticos, aunque el propio Piñera reconoció que la agenda social propuesta “no solucionará todos los problemas que aquejan a los chilenos”.
Emilia Schneider, presidenta de la poderosa Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, dijo que el gobierno estaba optando por traspasar recursos del Estado para suplir las carencias de la población pero “no se hace cargo del malestar que han generado años de abuso”.
“Lamentable que sean cambios cosméticos, que no dan soluciones de fondo y mantienen el negocio y lucro con nuestros derechos”, dijo en Twitter.
Nicholas Watson, de Teneo Intelligence, dijo que será clave obtener el respaldo de los partidos políticos de izquierda, que tienen raíces en el movimiento estudiantil y se negaron a asistir a una reunión con Piñera para discutir sobre las medidas.
“Una parte importante del desafío será garantizar que los jóvenes se sientan representados políticamente y que las puertas económicas estén realmente abiertas para ellos”, dijo Watson.
Otros cuestionaron cómo Piñera financiará esta ambiciosa agenda y cómo impulsará en el Congreso los cambios legislativos necesarios para aplicar las medidas, sin que su coalición de centroderecha tenga mayoría.
“Necesitamos ver para creer”, dijo Rosa Maria Solís Mardones, de 60 años, una vendedora de frutas afuera de una estación del metro de Santiago. “Prometió mucho de una vez, pero creo que fue un remedio casero para apaciguar a las personas”.
“Si no logra cambiar las cosas, habrá un ‘despelote’(caos) aún mayor que el que hay ahora”, opinó.
Reuters