Una granada le arrancó las manos a Edwin Correa. Pero el guerrillero de las FARC siguió aferrado a su fusil hasta la firma de la paz hace casi tres años. Ahora, como experto en explosivos, forma parte de un nuevo batallón para desminar Colombia.
“Prácticamente toda mi vida fue en la guerrilla. Ya hoy en día, estamos dedicados al desminado humanitario (…) Sembramos minas y hoy en día nosotros mismos la sacamos”, explicó a la AFP este exguerrillero de 36 años.
Sin ayuda, se ajusta un chaleco blindado y el casco con visera para protegerse de las esquirlas de explosivos. Combatiente de las FARC desde los 14 años, perdió las dos manos antes de cumplir 19. Pero nunca pudo usar prótesis.
“Me sentía aún más discapacitado”, dice, simulando como se las arreglaba para acomodarse el fusil contra su hombro con el muñón izquierdo. El gatillo lo apretaba con un cordón.
Bajo sus órdenes, cuatro exguerrilleros cargados con detectores de metal avanzan sobre un camino señalizado con bastones blancos, que conduce a un bosque supuestamente minado, en La Montañita.
Ubicado en el corazón del Caguán, una región del departamento de Caquetá (sur), feudo de la disuelta rebelión marxista, este es uno de los municipios con más víctimas de minas antipersona.
– Cultivar sin temor –
Ahora, acoge la base de Humanicemos DH (DH por derechos humanos), una ONG creada “por y para excombatientes” que quieren reincorporarse como desminadores profesionales, precisa su dirigente, la excomandante Ángela Orrego, de 50 años.
Unos 7.000 guerrilleros dejaron las armas tras la firma de la paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -activas desde 1964- y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el 24 de noviembre de 2016.
Con un centenar de compañeros, Edwin se integró a Humanicemos DH el año pasado. Hoy maneja su equipo con la misma destreza con que lava su ropa o se sirve un café.
Además de clases de informática, de comunicación, de inglés o de meditación, los exrebeldes se forman bajo la guía del servicio de acción antiminas de Naciones Unidas (Unmas).
Después de Afganistán, Colombia es el país más afectado por estos explosivos. Guerrilleros, paramilitares y fuerza pública sembraron minas antipersona en 31 de los 32 departamentos en el marco de un conflicto que aún produce masacres, secuestros y atentados.
Tras haber manipulado esos artefactos durante años, Edwin se siente “útil” de “poder ayudarle al campesino (…) dejarle sus tierras libres de la sospecha de minas, que puedan cosechar, andar tranquilos”.
– Minas y narcocultivos –
Desde 1985, las minas y municiones sin explotar afectaron alrededor de 11.780 personas, de las cuales 20% murieron, según la oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Estas “siguen condicionando la vida de millones de personas, pues se calcula que cada hora, estos artefactos cobran una nueva víctima”, recuerda el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Financiada por la ONU y la Unión Europa con un presupuesto anual de un millón de euros, Humanicemos DH tiene sus oficinas en Bogotá.
Pero sus hombres y mujeres se entrenan en La Montañita, cerca del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Agua Bonita, donde viven unos 300 exguerrilleros y sus familiares.
“Allí se dieron muchos combates entre ejército, guerrilla, paramilitares porque acá hay coca”, la materia prima de la cocaína, recuerda el responsable técnico de Humanicemos DH, Germán Balanta, de 55 años.
En una guerra interna como la de Colombia, las minas, explica, son “un arma importante que, de alguna manera, permite que fuerzas pequeñas puedan competir con fuerzas mayores”.
Todavía son usadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla activa, por disidentes de FARC que rechazaron el acuerdo de paz y por bandas para “proteger” los narcocultivos.
Porfirio Andrade, representante de una asociación de víctimas, citado en “La guerra escondida”, un informe del CNMH, recuerda que los guerrilleros “decían que ellos tenían que utilizar eso aunque sea por defensa de ellos mismos, pero en realidad en una zona cocalera, las minas son (…) para matarlo a uno”.
Muchas veces fabricados con los medios disponibles -botellas de plástico, vidrio o PVC-, y armados con un resorte y un sensor, los artefactos contienen TNT, un explosivo resistente a la humedad. Una mina puede durar activa hasta 15 años.
– Desminadores en suspenso –
Además de su letal duración, no hay coordenadas precisas para ubicarlas. Muchas veces fueron sembradas de urgencia para frenar un ataque enemigo por combatientes ahora muertos o en áreas donde la vegetación ha cambiado o cuyas tierras han sido movidas por un sismo. Todo esto complica su hallazgo.
“Desminar Colombia tomará una generación, decenas de miles de especialistas y mucha cooperación internacional”, advertía en 2015 el entonces ministro de Defensa Luis Carlos Villegas en una entrevista con la AFP previa a la firma de la paz.
Firmante de la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersona, Colombia aspiraba a ser declarada libre de esos explosivos en 2021. Pero el gobierno del presidente Iván Duque anunció en marzo que pediría una prórroga.
Por otra parte, debido a un enredo jurídico, los exguerrilleros de Humanicemos DH aún no pueden sumarse a los cerca de 6.000 desminadores de entidades civiles y militares acreditadas.
Su certificación corre por cuenta de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero la entidad no puede garantizar el proceso porque está financiada por Washington, que mantiene a los ex FARC en su lista de terroristas.
La ONU está dispuesta a hacerse cargo. “Estamos en negociaciones con el gobierno (…) para que podamos llevar esta tarea”, indicó el director de programa de Unmas, Jan Philip Klever.
“¡Ojalá se resuelva dentro de muy poco!”, agregó. “Corremos el riesgo de que este proyecto no vaya a continuar” y que los antiguos guerrilleros queden en la calle, formados en vano.
AFP
