El retorno del kirchnerismo es atribuible a que Mauricio Macri fue incapaz de corregir los males que heredó, especialmente en la economía, hoy sumida en una de sus tantas crisis recurrentes. Apeló al gradualismo para atacar el déficit fiscal y la inflación, acaso temeroso de que las medidas de choque provocaran una fuerte reacción de los sectores sociales habituados a los subsidios que Néstor y Cristina Fernández de Kirchner otorgaron con largueza durante doce años seguidos. Lo que hace el populismo de izquierda –habituar a la gente a recibir el maná del Estado, en vez de fomentar la creación de riqueza– es insostenible a mediano o largo plazo. Al actual Gobierno le tocó afrontar la triste realidad de que el erario ya no podía soportar la sangría. Las reformas de fondo no llegaron y por tanto la población tuvo que resignarse a ver agudizados los problemas que pensaba se resolverían con el sucesor de los Kirchner. Como el común de los electores vota por el aquí y el ahora, pensaba que el kirchnerismo robaba, sí, pero al menos daba de comer, muchas veces incluso sin necesidad de buscar empleo, lo que recuerda aquello de “robo, pero hago”, de Ademar Pereira de Barros, dos veces gobernador de São Paulo y una vez alcalde de su capital.
El electorado no castigó la masiva corrupción reinante entre 2003 y 2015, cuyo signo más grotesco fue el bolso con más de 9 millones de dólares arrojado a un convento, en 2016, por un exsecretario de Obras Públicas. Castigó más bien una gestión gubernativa, aparentemente honesta, que fracasó en su empeño de reducir la pobreza. A fines de septiembre, esta llegó a un índice del 35,4%, lo que implicaba que los ingresos de unas 15,9 millones de personas no alcanzan hoy para cubrir los servicios básicos. Es el más alto de los últimos cuatro años y, al haber coincidido con los comicios, ha resultado mucho más decisivo a la hora de votar que las obras públicas o los éxitos contra el narcotráfico. En síntesis, Mauricio Macri no pudo contribuir a mejorar el nivel de vida de la población. Los efectos del acuerdo de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (el FMI, demonizado por los Kirchner), que supuso un auxilio financiero de 57.000 millones de dólares, no se sienten hasta ahora en la mesa de millones de argentinos. Cuanto ocurre en el país vecino –hogar de centenares de miles de paraguayos– nos toca muy de cerca y repercute en nuestro país.
Por de pronto, es plausible que la democracia esté allí consolidada y que, por primera vez desde 1955, un gobernante electo no peronista pueda concluir su mandato. O sea que, pese a todo, la situación actual no tiene la gravedad de la que hizo que Fernando de la Rúa, para no ir más lejos, tuviera que abandonar prematuramente la Casa Rosada. Ojalá que Alberto Fernández, a quien se lo considera un moderado, no obstaculice la integración regional usando anteojeras ideológicas, como las que tuvo CFK cuando promovió la suspensión de la membresía paraguaya en el Mercosur, con motivo de un juicio político previsto en nuestra Constitución. También es deseable que ni el Gobierno paraguayo ni el brasileño traten de dar a la organización regional un sesgo ajeno a los fines establecidos en el Tratado de Asunción. Al contrario, es preciso profundizarlo para que no se repita la historia de que, tras 28 años de haber sido suscrito, 20 camiones con bananas paraguayas solo hayan podido llegar a Clorinda luego de que nuestro Ministerio de Agricultura y Ganadería permitiera la entrada de papas y cebollas argentinas. Hay muchos temas bilaterales que se están llevando adelante o están pendientes de solución con la Argentina, por lo que es de esperar que las relaciones entre los dos países transcurran dentro de la seriedad y armonía que se espera de dos Gobiernos tradicionalmente vecinos y amigos.
Lo ocurrido en la Argentina es saludable en la medida en que el descontento social se habría reflejado en las urnas y no en manifestaciones violentas. También el resultado de los comicios del Uruguay sugiere que la población no está satisfecha con el actual Gobierno y que su candidato podría ser derrotado pacíficamente en la segunda vuelta. Es lo bueno de la democracia: permite un cambio de autoridades, dentro de los plazos establecidos, sin necesidad de que corra sangre en las calles. Si nuestros gobernantes y políticos no quieren despertarse con la sorpresa de ser repudiados con los votos y no solo con los escraches, deberían tomar nota de cuanto está aconteciendo en los alrededores. La gente está perdiendo la paciencia ante sus fechorías y arbitrariedades reiteradas. Está abriendo los ojos, siendo de esperar que recurra a las urnas y no a la fuerza para provocar un cambio en nombre de la decencia y de la legalidad, pisoteadas a diario.
Este editorial se publicó en el diario ABC Color (Paraguay) el 29 de octubre de 2019