Han transcurrido seis meses y la respuesta siempre es la misma: “Son órdenes de arriba”. Las autoridades de la Embajada de Nicolás Maduro en Santiago de Chile no conocen otra aclaratoria. Mientras tanto, cientos de niños venezolanos que migraron junto a su familia a Chile enfrentan limitaciones para acceder a beneficios de salud y educación.
Raylí Luján / La Patilla
Una gran parte de la población de venezolanos en Chile, que ya suman 400.000, llegó al país suramericano sin apostillar los documentos requeridos, entre ellos las partidas de nacimientos de sus hijos.
El gobierno chileno exige a a extranjeros residenciados en el país la partida de nacimiento apostillada de los menores de edad para tramitar el RUT, un documento de identidad chilena que les permite beneficiarse del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y formar parte del sistema de educación público.
“Necesito apostillar las partidas y ya tengo las copias para poder obtener el RUT para que gocen los beneficios de la salud pública. Ellos están estudiando, no se les niega ese derecho, pero las autoridades hacen énfasis en el RUT lo más pronto posible y no tienen en cuenta las precariedades del país en sí y aquí en el consulado, operación tortuga para crear más malestar en la población”, cuenta Carlos, padre de dos niños.
A Carlos le ha tocado viajar desde el sur de Chile hasta la capital para aplicar por el trámite en cuatro oportunidades. Es un trayecto de cuatro horas que resta tiempo y presupuesto. Indica que al menos 200 personas exigen lo propio frente al ente diplomático bajo el mandato chavista. “Todo para que me digan que no, que hasta enero, porque son órdenes de arriba”, dice.
En la misma situación se encuentran niños de padres venezolanos que nacieron en Chile y requieren una visa venezolana para poder ingresar al territorio de origen de sus progenitores.
El trámite tiene un valor de 60$ y al igual que el proceso de apostillado se encuentra paralizado. “Son niños que no pueden entrar a Venezuela ni siquiera de visita, solo por haber nacido aquí y no tener la visa que exige el gobierno venezolano”, explica Laura Arenas, venezolana de 32 años de edad, con un hijo de un año nacido en Chile.
Para estos venezolanos no hay siquiera esperanza de acudir a consulados o embajadas venezolanas en los países vecinos. En todos enfrentan un rechazo similar. “No hay material”, “No han enviado los recursos”, “No ha llegado la valija”, son parte de las respuestas que violentan el derecho a la identidad.
El acceso a la documentación de identidad venezolana se ha visto afectado fuera y dentro de Venezuela. La organización Acceso a la Justicia viene denunciando el drama del pasaporte y la partida de nacimiento y cómo desde el Servicio Autónomo de Registro y Notarías (Saren) se cierran las puertas a cientos de ciudadanos sin acceso a internet, y por ende, a las solicitudes electrónicas.
El problema data de 2015 y no promete resolverse pronto. El Estado venezolano no ofrece declaraciones al respecto mientras ignora a los miles de venezolanos que lidian con los obstáculos que esto conlleva en el exterior.