Por Diario Las Américas
Cuando Arizona aprobó una ley requiriéndole a la policía local revisar el estatus migratorio de personas bajo sospecha de estar en Estados Unidos ilegalmente, la segunda ciudad más grande quiso dejar clara su posición según argumenta el Diario Las Américas.
Los demócratas a cargo de Tucson la designaron “una ciudad receptora de inmigrantes” en el 2012, y la policía tuvo que adoptar límites a las preguntas sobre status migratorio que podía hacerle a la ciudadanía.
Pero el martes, aun cuando tenía la oportunidad de ir más allá y a pesar de ser una ciudad de mayoría demócrata, Tucson votó por abrumadora mayoría en contra de ser una ciudad santuario, que conllevaría límites más estrictos sobre cómo la policía local puede hacer cumplir las leyes migratorias del país.
El incongruente resultado tuvo lugar después de un enconado desacuerdo entre los liberales deseosos de defender a los inmigrantes y de resistir las políticas del presidente Donald Trump, y quienes aseveran que la iniciativa sólo llevará a consecuencias indeseadas para el estado.
“La ciudad de Tucson, para todos los efectos es una ciudad santuario aunque no reciba esa etiqueta”, expresó el alcalde Jonathan Rothschild en una entrevista antes del referéndum.
La iniciativa, argumentó, hubiera atado de manos a la policía incluso en temas ajenos a la inmigración y provocado duras represalias del gobierno de Trump y de los republicanos en la legislatura estatal.
El junio, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito falló que el gobierno está en su derecho de considerar la cooperación que una municipalidad le da a las autoridades inmigración para decidir si le otorga recursos federales.
Tucson tiene una larga historia de defensa de los inmigrantes siendo considerada la cuna del Movimiento de Ciudades Santuario en la década de 1980, como un esfuerzo de las iglesias locales por ayudar a refugiados centroamericanos bajo amenaza de deportación.
El referéndum fue organizado por activistas que deseaban darle voz a la comunidad latina de Tucson. Afirman que la iniciativa deseaba expresar el mensaje de que los inmigrantes serán protegidos en Tucson en momentos de medidas represivas por parte del gobierno de Trump.
“El gobierno municipal de aquí nos ha decepcionado”, expresó Zaira Livier, directora ejecutiva de People’s Defense Initiative (Iniciativa de Defensa del Pueblo), que organizó la consulta, según la emisora KOLD-TV.