El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) elevará una denuncia ante el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comisionado Joel Hernández García; Oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Relator Contra la Tortura de las Naciones Unidas, por las violaciones a los derechos humanos de al menos 1.000 presos que sobreviven en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana del Táchira.
Nota de prensa
Carolina Girón, directora del OVP, informó que al menos 600 reclusos tomaron las instalaciones del CPO I, que adicionalmente está bajo régimen penitenciario, y encontraron gran cantidad de alimentos que no les eran suministrados. “Nos daban agua de pasta una sola vez al día, y en la cocina había pollo, arroz, aceite, de todo. Los empleados y los directivos lo estaban escondiendo o se los estaban llevando para su casa”, relataron los presos ante el OVP.
Asimismo, los reclusos amotinados enviaron vídeos donde mostraron a ocho custodios en calidad de rehenes, quienes manifestaron que estaban bien, que les habían dado comida (la misma que estaba escondida dentro de la cocina), y que los presos solo estaban alzando su voz para exigir agua, comida, gas, traslados médicos y a tribunales, derechos inherentes al ser humano.
Tal como lo denunció Girón desde las 7:30 de la mañana de este miércoles 13 de noviembre, cuando se inició el motín, la situación irregular en el suministro de alimentos había generado que algunos reclusos perdieran hasta 18 kilos en un mes. Cabe destacar que a sus familiares no les permiten pasar suficientes alimentos cuando corresponden las visitas.
Asimismo, se conoció que los presos tenían alrededor de 24 horas sin comer, pues tampoco tenían gas para cocinar sus propios alimentos. Algunos custodios les conseguían leña en las fincas de las adyacencias, pero obviamente no es suficiente para alimentar a toda la población penal.
Este jueves, los presos continúan esperando repuestas del ministerio de Servicios Penitenciarios, pero la titular Iris Varela ni siquiera se ha pronunciado al respecto. Los presos piden que dejen ingresar cocinas eléctricas por el problema del gas, que permitan a los familiares el pase de comida cruda, que les garanticen el traslado a tribunales, así como la atención médica.
En ese sentido, el Estado tiene la obligación de garantizar la alimentación de cada uno de los reclusos, tal como dictamina la regla número 22 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela): “Todo recluso debe recibir del establecimiento penitenciario una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida. La alimentación se debe dar a las horas acostumbradas”.
“El valor nutritivo de la alimentación debe ser suficiente para mantener la salud y las fuerzas. Todo recluso debe tener la posibilidad de tomar agua potable cuando la necesite”, puntualiza la normativa que ha sido divulgada hasta el cansancio por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).