Vestidos con los uniformes azul de reos y atados de las manos, la Policía de Nicaragua presentó este lunes a 13 ciudadanos acusados de terrorismo y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos. A sus pies colocó el supuesto armamento incautado al grupo: una escopeta, tres revólveres, unas armas de fabricación artesanal y otras 12 bombas artesanales conocidas como “Cocteles Molotov”.
Por Infobae
Este grupo de ciudadanos fue capturado la noche del jueves pasado cuando intentaba llevar agua a siete madres de presos políticos que mantienen una huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Arcángel, en Masaya, una ciudad vecina a Managua. Tan pronto comenzó la huelga, la policía militarizó el sector, dispuso un cordón de seguridad que no permite entrar ni salir a nadie y el gobierno ordenó el corte de agua y energía eléctrica al templo donde están las madres junto con el párroco de esa iglesia, sacerdote Edwin Román.
La pregunta que se hacen los abogados defensores y la mayoría de los nicaragüenses es: ¿Cómo se transformó en armas el agua que llevaban estos voluntarios que respondieron al llamado de socorro de las madres en huelga? Y otra de sentido común: ¿Qué propósito tendría para este grupo entrar con una escopeta, tres revólveres y 16 cartuchos a un lugar sitiado por centenares de policías armados, y donde para llegar deben pasar múltiples retenes y revisiones policiales?
La veterana luchadora por los derechos humanos, Vilma Núñez de Escorcia, tiene una explicación: “Como se dice popularmente, se las sembraron. Les pusieron las armas. No le damos ningún crédito a eso. Todo es un montaje”.
No es la primera vez que abogados están ante detenciones que rayan en lo absurdo. En septiembre de 2018, los organismos de derechos humanos denunciaron la detención de al menos 12 ciudadanos por lanzar a la calle globos con los colores azul y blanco de la bandera patria.
A las cinco de la mañana del 14 de septiembre de 2018, Daniel Carvajal y Maykel Corea Campos fueron capturados por paramilitares en San Marcos, Carazo, por cargar con un saco de globos. Los llevaron en calidad detenidos a una estación de Policía donde los golpearon y pasaron dos días en una celda.
Otros ciudadanos han sido detenidos por cantar el himno nacional de Nicaragua, portar la bandera patria, o, inclusive, regar en las calles papelillo azul y blanco como forma de protesta.
La captura de los ciudadanos que socorrían con botellas de agua a las madres en huelga se produce en medio de una escalada represiva que ejecuta el régimen de Daniel Ortega como consecuencia de los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales de la presidencia de Bolivia.
“La dictadura intuye que está en desarrollo un levantamiento popular que, contradictoriamente, con ese comportamiento, atiza las posibilidades de mayor protesta”, analiza el también defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión para quien “la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo supera en ferocidad y terrorismo de Estado a otra dictaduras, como la de Venezuela”.
Carrión dice que es la solidaridad quien está sentada en el banquillo de los acusados en el juicio de los capturados por llevar agua. “La solidaridad no es delito, es expresión de cariño. Y es extraño que quienes hacen de verdugos más de alguna vez dijeron que la solidaridad es la ternura de los pueblos”, alega, en alusión a un popular slogan sandinista de la década de los años 80.
La captura y enjuiciamiento de este grupo ha revivido la historia de Álvaro Conrado, un adolescente de 15 años que murió en los primeros días de la protesta cuando intentaba llevar agua a manifestantes que se habían refugiado en la catedral de Managua. Una investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que visitó Nicaragua a solicitud del gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA), determinó que el adolescente murió a consecuencia de disparos que llegaron desde el sector donde estaba la policía, por la zona de Catedral, el 20 de abril de 2018.
Vilma Núñez tiene 60 años de experiencia en la defensa de derechos humanos. Comenzó en 1958 cuando estudiaba derecho en la universidad de León y participó en las campañas de solidaridad con el ya fallecido comandante sandinista Tomás Borge, quien en ese entonces estaba preso, acusado de participar en el asesinato del dictador Anastasio Somoza García. “Desde entonces he estado involucrada de una u otra forma en la protección de los derechos humanos”, dice.
Núñez es actualmente presidente del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), una organización a la que el régimen de Daniel Ortega proscribió y confiscó sus bienes. No siempre estuvo enfrentada a Ortega. Hubo un tiempo en que lo admiró como comandante revolucionario.
“Yo fui danielista”, explica. “Dejé de ser militante del Frente Sandinista en el momento que asumo la defensa de Zoilamérica (Ortega Murillo) y creo en su testimonio (donde acusaba a Ortega de violación y abuso sexual) y en la aberración que significaba. Ese hecho es la gota que colmó el vaso. Es una persona que no me merece el más mínimo respeto, al contrario, rechazo y repulsión. Y me arrepiento. ¡Cómo pudimos estar tan ciegos! Cómo pudimos idealizar tanto a esta gente para permitirles avanzar en su descomposición que ya se veía venir al final de la revolución”.
La defensora de derechos humanos define ahora al régimen de Daniel Ortega como “una dictadura que ha trascendido los límites perversos de cualquier dictadura tradicional. Es una mente descompuesta”.
“Este sistema de ensañamiento no tiene las características de las dictaduras militares como las de Pinochet, la de Argentina, o la de Somoza. Está inyectada con perversidad y odio muy profundo. No veo a un dictador aferrándose al poder sino a una persona que está decidido a exterminar a todo el que lo adverse, a todo el que quiera reclamar sus derechos”, dice.
Los gobiernos de España y Costa Rica han pedido al gobierno de Ortega que detenga el asedio a la iglesia donde las madres realizan la huelga de hambre.
También la oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció este martes por la detención ilegal de las 13 personas capturadas por llevar agua y el asedio a las iglesias.
El organismo pidió, a través de un comunicado, “poner fin a la represión persistente de la disidencia y al patrón continuo de arrestos arbitrarios, y abstenerse de criminalizar y atacar a los y las defensores de derechos humanos, oponentes políticos y a cualquier otra voz disidente”.
“Instamos a las autoridades a garantizar los derechos de las personas que se encuentran dentro de la iglesia, en particular absteniéndose de interferir con la provisión de alimentos, agua y asistencia médica”, dijo.