Es aventurado caracterizar los tempestuosos eventos que viven los países de la región como una suerte de “Primavera Latinoamericana”, evocando los sucesos de la llamada Primavera Arabe ocurrida a partir de 2010. Por cierto, esta última, aunque exitosa en desalojar regímenes autoritarios, no ha tenido un desenlace floreciente. No luce tampoco que los estallidos sociales en nuestros países preludien una alborada primaveral.
Dejando a un lado el activismo extremista que le imprime tono vandálico a las protestas, los eventos expresan un reclamo de las sociedades, fundamentalmente de sus clases medias y de sus jóvenes, por una justa correspondencia entre las políticas económicas y financieras de los gobiernos y el grado de bienestar que las mismas deben proporcionar a sus ciudadanos. Los modelos empleados para alcanzar la estabilidad macroeconómica no han incluido como variabe crítica las aspiraciones fundamentales de las mayorías. Esto subyace en los severos reclamos surgidos en Chile, Colombia, Ecuador o en la Argentina de Mauricio Macri. En esta última, el desenlace electoral desactivó un pronosticable estallido social.
Políticas ceñidas al logos económico y financiero, en algunos casos ajustadas a las pautas economicistas del llamado Consenso de Washington, han contribuido con sus resultados a sembrar desconfianza y el llamado “descreimiento” de los ciudadanos por el modelo de la democracia liberal. Abren expectativas a aventuras populistas y figuras carismáticas sin compromiso con la institucionalidad democrática, que prometan cubrir sus carencias. Esta apreciacion concuerda con una reciente encuesta de la agencia Latinobarómetro, según la cual solo 48% de los ciudadanos en América Latina consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno.
Las sacudidas sociales de estas ultimas semanas son un campanazo para el resto de los países de la región. Aleccionadoras también para Venezuela, cuando, finalmente en proceso de transición hacia la democracia, deba planificar su futuro economico y social.