Las autoridades brasileñas no están brindando protección adecuada a los cientos de niñas y niños venezolanos que huyen solos hacia Brasil, señaló hoy Human Rights Watch.
Por hrw.org
Entre el 1° de mayo y el 21 de noviembre de 2019, 529 niños y niñas venezolanos no acompañados cruzaron la frontera hacia el estado brasileño de Roraima, según datos de la Defensoría Pública Federal de Brasil, que los entrevistó en la frontera. Casi el 90 % de ellos tiene entre 13 y 17 años. Habían viajado solos o con un adulto que no era un familiar ni su tutor legal.
Es muy probable que la cantidad total sea mayor, ya que algunos niños y niñas posiblemente no se detengan en el puesto fronterizo donde los defensores públicos realizan las entrevistas. No existe ningún sistema para dar seguimiento y asistencia a los niños y niñas no acompañados después de la entrevista de ingreso.
“La emergencia humanitaria está haciendo que niños y niñas abandonen solos Venezuela, en muchos casos para conseguir comida o recibir atención médica”, explicó César Muñoz, investigador sénior sobre Brasil de Human Rights Watch. “Si bien las autoridades brasileñas están haciendo un enorme esfuerzo para acoger a los cientos de venezolanos que cruzan hacia Brasil a diario, no brindan a estos niños y niñas que llegan solos la protección urgente que necesitan”.
Algunos niños y niñas no acompañados terminan viviendo en las calles, donde quedan especialmente vulnerables a sufrir abusos o a ser reclutados por pandillas delictivas brasileñas, concluyó Human Rights Watch. Sin un tutor legal, no pueden inscribirse en la escuela ni recibir atención médica, indicaron a Human Rights Watch defensores públicos federales y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Los servicios de protección infantil de Roraima, conocidos como consejos tutelares, anteriormente asignaban algunos niños y niñas venezolanos no acompañados a albergues estatales, que tienen capacidad para alojar hasta 15 niños y 13 niñas adolescentes. En estos casos, el director del albergue actúa como tutor, y de esta forma pueden ir a la escuela y conseguir documentos de identidad que les permiten acceder al sistema de salud pública.
Sin embargo, los dos albergues públicos para menores de entre 12 y 17 años que hay en Roraima estaban tan desbordados que, el 13 de septiembre, un juez del estado dispuso que ya no reciban a más niños o niñas.
Desde entonces, los consejos tutelares en Boa Vista, la capital de Roraima, y en la ciudad fronteriza de Pacaraima han procurado obtener autorización judicial para enviar a algunos niños y niñas venezolanos no acompañados a albergues para refugiados de las Naciones Unidas que fueron creados para acoger a venezolanos adultos y familias con hijos. Los albergues se crearon como parte de la “Operación Acogida” (Operação Acolhida), una iniciativa del gobierno federal brasileño —con apoyo de organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales— para responder a la llegada masiva de venezolanos. Sin embargo, representantes de la ONU dijeron a Human Rights Watch que esos albergues no cuentan con los servicios ni la asistencia necesarios para los niños y las niñas no acompañados.
Un administrador de un albergue que acoge a algunos de ellos dijo en octubre que los menores no acompañados que vivían allí no asistían a la escuela porque no había ningún adulto que pudiera asumir la responsabilidad de llevarlos y traerlos.
El 8 de octubre de 2019, Jesús Alisandro Sarmerón Pérez, un joven venezolano de 16 años, fue hallado estrangulado en una calle cercana al albergue de la ONU en Boa Vista donde vivía. Su cuerpo había sido introducido en una bolsa plástica y presentaba marcas de haber sufrido torturas. Había llegado solo a Brasil en junio y, tras un breve paso por un albergue estatal, vivió en las calles de Boa Vista. Fue asignado a un albergue de la Operación Acogida luego de la decisión judicial del 13 de septiembre, según dijo una funcionaria de Protección de la Niñez en Emergencias de UNICEF a Human Rights Watch. Representantes de la ONU creen que podría haber sido asesinado por una pandilla delictiva. “Los adolescentes venezolanos son presa fácil para las pandillas que quieren reclutarlos”, expresó la funcionaria.
UNICEF prevé abrir dos hogares transitorios para 10 niños y niñas no acompañados cada uno en diciembre, así como proporcionar fondos para su funcionamiento durante los seis primeros meses, conforme a un acuerdo suscrito con autoridades federales y del estado de Roraima. Sin embargo, para que el proyecto resulte sostenible las autoridades federales y estatales brasileñas deben asumir su coordinación luego de la primera etapa y contribuir a su financiación, sostuvo Human Rights Watch. UNICEF también quisiera ubicar temporalmente a niños y niñas no acompañados con familias venezolanas y brasileñas. Para esto, las autoridades brasileñas tendrían que crear un programa de familias de acogida en Roraima y comprometerse a asignar los fondos necesarios para que sea sostenible.
En su decisión del 13 de septiembre sobre la sobrepoblación en los albergues estatales, el juez otorgó al estado de Roraima un plazo de 10 días para presentar un plan para albergar a niñas y niños venezolanos no acompañados. En respuesta, Roraima elaboró un plan que prevé algunas mejoras en los albergues y la apertura de dos hogares transitorios por parte de UNICEF. El gobierno del estado de Roraima no respondió a varios pedidos de reunión e información enviados por Human Rights Watch para tratar este tema.
Si bien el plan que solicita el juez es un paso crucial, la responsabilidad por el cuidado y la protección de los niños y niñas venezolanos no acompañados no debería recaer únicamente en el estado de Roraima, y debería abarcar otros aspectos además del alojamiento, dijo Human Rights Watch. El gobierno federal de Brasil debería trabajar junto con las autoridades municipales y estatales de Roraima, así como con funcionarios del sistema de justicia a nivel federal y estatal, para establecer un sistema con fondos adecuados para la identificación, el seguimiento y la asistencia de niñas y niños venezolanos no acompañados. En esta tarea deberían colaborar organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales que trabajan allí. También deberían garantizar que estos niños y niñas tengan acceso a educación, atención médica y documentos legales.
A continuación, más información sobre los hallazgos de Human Rights Watch.
Historias de tres niños no acompañados
Luis P. (seudónimo), de 17 años, se fue de Venezuela en 2017 debido al hambre y a una situación de abuso familiar, no obstante, no ha recibido apoyo ni protección adecuados en Brasil.
A los 15 años, Luis empezó a trabajar cargando camiones en un mercado callejero de Ciudad Bolívar, Venezuela, para ganar algo de dinero para él y su familia, contó a Human Rights Watch. Algunos días comía solo una vez, y la comida consistía en arroz con mantequilla o sardinas. Se fue de su casa en 2016, tras toda una vida de abusos físicos cometidos por su tío y su padre, según explicó. Primero trabajó vendiendo comida en minas controladas por grupos criminales brutales cerca de Las Claritas, estado Bolívar, Venezuela. El 25 de abril de 2017, cruzó a Brasil con un amigo sin pasar por el control de la policía federal brasileña en la frontera. “Entré rodeando la policía”, contó. “Yo tenía miedo”. Por ello, nunca fue contabilizado en los registros oficiales como un menor no acompañado.
Durante los tres meses siguientes vivió en las calles de la localidad fronteriza de Pacaraima, trabajando en descargar camiones, jardinería y otras labores, hasta que acompañó a un conocido a hacer algunos trámites y entró en contacto con representantes del consejo tutelar de la ciudad. El consejo lo derivó a un albergue estatal en Boa Vista.
Cinco meses después, tras resistir intentos de adolescentes brasileños que pretendían reclutarlo para participar en pandillas delictivas, se fue del albergue. Durante más de un año y medio vivió en las calles de Boa Vista. Trabajó limpiando casas y, al igual que otros niños en situación vulnerable, empezó a consumir marihuana y cocaína para paliar la ansiedad. “Lloré y me dije que esta no era la vida para mí. No quería perderme en esa locura. Hay mucho piedrero [personas que consumen crack] en la calle”.
Desde septiembre, Luis vive con una familia brasileña que lo acogió. Contó que no desea volver a Venezuela debido a los abusos que sufrió allí. Pese a su contacto con el consejo tutelar de Pacaraima y el personal del albergue, todavía no ha solicitado asilo ni residencia en Brasil y sigue indocumentado.
Luis no asistió a la escuela en los dos últimos años, pero espera poder hacerlo algún día. “Quiero graduarme como ingeniero en sistemas, y viajar a Japón y recorrer el mundo”, expresó.
Unidades donde duermen venezolanos en uno de los albergues de la agencia de la ONU para refugiados en Boa Vista, estado Roraima, 20 de octubre de 2019. © 2019 Tamara Taraciuk Broner
Los hermanos Pedro M., de 12 años, y Mariana M. (seudónimos), de 13, se fueron de Venezuela por separado en 2019. Ahora viven en un refugio de la ONU para familias venezolanas en Roraima, sin acceso a la escuela.
Pedro y Mariana vivían con sus padres en San Félix, Venezuela, y subsistían con una dieta de arroz y sardinas, cuando había. A veces pasaban días enteros sin comer. “[Él] estaba muy flaquito, yo también”, nos dijo Mariana. Mientras estaban en Venezuela, Mariana contrajo dos veces chikungunya y malaria, dos enfermedades tratables transmitidas por mosquitos, pero no recibió medicamentos.
Pedro fue el primero en irse, aproximadamente en febrero. Tenía intención de pedir que lo lleven vehículos que pasaban por la ruta hasta Las Claritas y trabajar en las minas con otro hermano, de 14 años, que ya estaba allí. “Quería ayudarlo, para comprar más comida”, dijo Pedro. Relató que se quedó dormido en la camioneta que lo recogió, no se bajó a tiempo y terminó llegando a la frontera con Brasil. Contó que vivió con un primo dos meses en Pacaraima y luego el consejo tutelar lo llevó a un albergue estatal en Boa Vista. Escapó de ese lugar y vivió en las calles hasta que Mariana lo encontró.
Mariana dijo que se fue de su casa algunos meses después que Pedro para buscarlo, y que solo llevó con ella una bolsa con poca ropa. También pidió que los vehículos que pasaran por el camino la llevaran hasta la frontera y cruzó a Brasil con una amiga —una niña de 14 años que ahora vive en las calles— y una mujer de 22 años.
Pedro y Mariana viven juntos en uno de los albergues para venezolanos creados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y las autoridades federales brasileñas. No asisten a la escuela porque no hay ningún adulto que pueda llevarlos hasta allí y luego recogerlos, señaló la coordinadora del albergue a Human Rights Watch.
Migración venezolana hacia Brasil
Sucesivos gobiernos brasileños han mantenido una política de puertas abiertas con los venezolanos que huyen del hambre, la falta de asistencia médica básica o la persecución en su país. Las estadísticas del gobierno brasileño indican que, en septiembre, más de 224.000 venezolanos vivían en Brasil. Más de la mitad pidió asilo, mientras que el resto solicitó la residencia. En junio, la agencia federal de refugiados de Brasil (Comité Nacional para los Refugiados, CONARE, en portugués), declaró que existe una “violación grave y generalizada de los derechos humanos” en Venezuela, una declaración legal que agiliza el trámite para otorgarles asilo.
La gran mayoría de los venezolanos entra a Brasil a través de Roraima y muchos se quedan allí porque el estado no está bien conectado con el resto del país. La llegada de venezolanos ha desbordado los servicios de salud estatales y municipales, las escuelas y los servicios sociales para niños vulnerables, conforme indicaron autoridades estatales a Human Rights Watch.
En marzo de 2018, el gobierno federal de Brasil creó la Operación Acogida con el fin de coordinar la asistencia de emergencia a los migrantes y refugiados venezolanos más vulnerables que llegan a Roraima. Esta operación recibe apoyo de organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales, y es gestionada por las fuerzas armadas brasileñas.
La Operación Acogida ha construido y administra 13 albergues en Roraima, que a mediados de octubre alojaban a 6.461 personas, según indicó el teniente coronel Fábio Fernandez, un oficial de operaciones. Las fuerzas armadas también brindan un espacio para que cerca de 1.000 venezolanos puedan dormir en carpas y se ocupan de su seguridad cada noche. De lo contrario, estas personas dormirían en la calle.
Fernández dijo que actualmente la prioridad de la Operación Acogida es reubicar a los venezolanos en otros estados donde puedan tener más oportunidades de trabajo y servicios. La reubicación es voluntaria. Hasta septiembre de 2019, 16.611 venezolanos habían sido reubicados en albergues, viviendas de amigos o familiares, o llevados a otros estados para trabajar en empresas. La Operación Acogida realizó las gestiones para más de 10.000 de estas personas, mientras que las organizaciones no gubernamentales reubicaron al resto (en estos casos, la Operación Acogida suele gestionar solamente los vuelos y la organización no gubernamental se ocupa de encontrar vivienda).
Brasil no protege a niños y niñas no acompañados de forma adecuada
Si bien no hay información detallada acerca de por qué hay niños y niñas que huyen de Venezuela solos, defensores públicos federales y funcionarios de la ONU dijeron que creen que algunos escapan del hambre y buscan trabajo en Brasil, otros intentan obtener tratamiento por graves problemas de salud y algunos huyen de situaciones de abuso familiar.
Entre el 1° de mayo y el 21 de noviembre, 529 niños y niñas no acompañados fueron registrados en el único punto de ingreso en la frontera entre Venezuela y Brasil, en la localidad brasileña de Pacaraima, según la Defensoría Pública Federal de Brasil (DPU). Cerca del 60 % eran niñas.
Ligia Prado da Rocha, secretaria de Asuntos Estratégicos de la DPU, indicó a Human Rights Watch que esta mayor cantidad de niñas se debe a que el organismo contabiliza como “no acompañadas” a las menores de 18 años que llegan a Brasil con hombres de más de 18 años con quienes están casadas o mantienen una relación.
Asimismo, entre el 1° de mayo y el 21 de noviembre llegaron a Brasil 2.133 niños y niñas considerados “separados” por la DPU. Casi todos viajaron con un familiar adulto que no es su tutor legal. De los 2.133 niños y niñas, el 43 % llegaron con una abuela, el 19 % con una tía y el resto con otros familiares. Cerca de la mitad eran niñas.
Los defensores públicos federales realizan una entrevista a cada niño o niña no acompañado o separado que atraviesa el punto de ingreso para evaluar sus circunstancias personales y su vulnerabilidad.
La DPU les brinda información sobre servicios disponibles. También les informan que los defensores públicos estatales (no los federales) pueden pedir a la justicia que le asigne la custodia temporaria a un adulto o que los emancipe si tienen al menos 16 años, explicó da Rocha. Después de esto, permiten que la mayoría de los niños y las niñas no acompañados ingrese en Brasil por sus propios medios.
“No tenemos capacidad para hacer un seguimiento”, dijo da Rocha. De hecho, autoridades brasileñas y representantes de organismos de la ONU dijeron a Human Rights Watch que nadie hace un seguimiento de la gran mayoría de los niños y las niñas no acompañados y separados una vez que ingresan en Brasil.
Las entrevistas se realizan utilizando un formulario que forma parte de una resolución conjunta, emitida el 9 de agosto, por el Consejo Nacional de Derechos de Niños y Adolescentes (CONANDA, en portugués), el CONARE, el Consejo Nacional de Inmigración (CNIg, en portugués) y la Defensoría Pública Federal.
En la resolución se indica a los defensores federales que estén atentos a la posibilidad de que los niños y niñas sean víctimas de trata de personas. Da Rocha dijo que, hasta el momento, sólo han detectado un caso presunto de trata, relacionado con un bebé venezolano.
Al igual que otros venezolanos, los niños y las niñas no acompañados pueden solicitar asilo o residencia, con la asistencia de los defensores públicos federales que están en la frontera. Tienen que renovar esas solicitudes una vez transcurrido un año en el caso del asilo, y dos años en el caso de la residencia. Si bien la resolución encomienda a los defensores públicos federales la misión de “asistir” a esos niños y niñas en las futuras solicitudes, el organismo no hace un seguimiento de los casos ni lleva un registro de los niños una vez que ingresan en el país debido a que no tienen capacidad suficiente, indicó un representante de esa institución.
Los niños y niñas no acompañados enfrentan también otras dificultades en Brasil. Muchos desean trabajar para poder mantenerse y enviar dinero a sus familias en Venezuela. Sin embargo, la legislación brasileña en materia de trabajo infantil limita sus posibilidades de trabajar legalmente. Los niños y niñas de 14 años o más pueden inscribirse en programas de formación práctica en los que deberían recibir al menos el salario mínimo. Los niños y niñas de 16 años o más pueden trabajar regularmente, pero se aplican algunas garantías que hacen que, para ciertas empresas, su contratación sea menos atractiva que contratar a un adulto. Las empresas deben concederles tiempo para asistir a la escuela y no pueden contratarlos para desempeñarse en turnos por la noche o en condiciones que se consideran peligrosas o insalubres.
Asimismo, los niños y las niñas no pueden acceder a escuelas ni servicios de salud o de otro tipo sin un tutor legal, señalaron da Rocha y Marcela Ulhoa, funcionaria de Protección de la Niñez en Emergencias de UNICEF.
Estos obstáculos legales hacen que sea crucial contar con un sistema para brindarles apoyo; sin embargo, tal sistema no existe.
La Defensoría Pública Federal entrega al consejo tutelar de Pacaraima a niños y niñas que considera que están en una situación especialmente vulnerable y necesitan ser alojados en un albergue estatal.
Sin embargo, las condiciones en los únicos dos albergues destinados a niños y niñas de entre 12 y 17 años en Roraima se han deteriorado considerablemente debido a la sobrepoblación: en septiembre, la capacidad del albergue de niñas estaba superada en un 50 %, mientras que en el de niños había el doble de personas de los lugares disponibles. En septiembre, el Consejo Estatal de Derechos de Niños y Adolescentes de Roraima, un órgano integrado por funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones no gubernamentales, criticó las condiciones en el albergue de niños, e indicó que los alimentos y las condiciones de higiene eran insuficientes.
“Ni siquiera tienen una escoba para barrer el piso”, contó Paulo Thadeu Franco das Neves, presidente del consejo, a Human Rights Watch.
El 13 de septiembre, al determinar que los albergues ya no podían admitir a más niños y niñas, un juez concluyó que estos espacios no contaban con instalaciones seguras ni limpias, ni tampoco brindaban el apoyo educativo que exige la ley.
Por ello, los consejos tutelares de Roraima no tienen ningún sitio adónde enviar a los niños y niñas venezolanos no acompañados que necesitan albergue, explicó Andreza Ferreira, que integra el consejo de Boa Vista.
Ahora, cuando el consejo tutelar recibe un caso, solicita una orden judicial para que el niño o niña no acompañado pueda ser asignado a un albergue de la Operación Acogida, que están destinados a familias y adultos solos, dijo Ferreira.
A mediados de octubre, cuando Human Rights Watch visitó albergues de la ONU, allí había apenas ocho niños y niñas no acompañados, indicó un representante de ACNUR. Los niños vivían en unidades para refugiados junto con cientos de otros venezolanos, sin ninguna separación por género y sin que hubiera adultos específicamente asignados a su cuidado, a pesar de que el derecho brasileño exige que las instituciones que albergan a niños brinden “servicios en forma personalizada o en grupos reducidos”.
En estos albergues hay solamente un trabajador social para cada 300 personas, informó ACNUR a Human Rights Watch.
Recomendaciones
El estado de Roraima debería trabajar en conjunto con el gobierno federal de Brasil y las autoridades municipales, así como con funcionarios judiciales federales y estatales, para establecer mecanismos y obtener los fondos que permitan la identificación, el seguimiento y la asistencia de niños y niñas venezolanos no acompañados, en colaboración con organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales con presencia en el estado.
Estas entidades públicas, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales deberían crear un grupo de trabajo permanente que coordine los servicios para los niños y las niñas venezolanos no acompañados. El grupo de trabajo debería diseñar un esquema de acciones y comunicaciones entre funcionarios municipales, estatales y federales, y agencias internacionales, que garantice la protección de esos niños y niñas.
Estos procedimientos deberían incluir entrevistas exhaustivas en la frontera que permitan obtener información crucial sobre los motivos por los cuales los niños y las niñas se van de Venezuela y las posibilidades de reunificación familiar; la derivación de todos los casos a los consejos tutelares para su evaluación y seguimiento; y mecanismos para brindar a los niños y las niñas comida, albergue, atención médica y acceso a la educación en Brasil, prevenir la violencia de género u otros tipos de abusos, y ayudar a los niños con sus solicitudes de documentación y su renovación, incluyendo la solicitud de asilo o residencia.
Los procedimientos deberían contemplar también la coordinación con la Cruz Roja Internacional para ubicar a los padres en Venezuela, cuando eso sea lo más beneficioso para el niño o niña, y con los organismos estatales y federales para ubicar a familiares en Brasil. El gobierno federal también debería trabajar con otros países de la región en la redacción y ejecución de un acuerdo que facilite la reunificación de niños y niñas venezolanos no acompañados con familiares en terceros países.
A su vez, las autoridades deberían disponer que sea posible reubicar a niños y niñas venezolanos no acompañados en estados brasileños más alejados de la frontera, donde podrían tener acceso a mejores servicios o podrían ser asignados a familias de acogida transitorias, cuando esto sea lo más beneficioso para ellos y tras considerar la opinión del propio niño o la niña.