Los miembros de la mesa técnica para el seguimiento y toma de acciones con los casos de investigación, instancia adscrita a la Oficina del Comisario de Pdvsa, plantean interponer acciones legales en el extranjero contra las personas y empresas que se beneficiaron de fraudes en perjuicio de Pdvsa y sus filiales, así como ampliar la querella actualmente en curso en España contra las personas que recibieron pagos a través de la Banca Privada D Andorra (BPA) y que mantienen bienes en esa nación y son partícipes en la trama criminal del caso “Roberto Rincón y Shiera”, relacionados con un voluminoso fraude de sobreprecios en la procura suministrada a Pdvsa.
Los papeles de trabajo de la mesa contiene el texto siguiente: “Banca Privada D’Andorra (“BPA”) fue utilizada por varios grupos económicos de Venezuela para recibir pagos de contrataciones con empresas estatales del país, incluyendo a Pdvsa y sus filiales; así como para pagar comisiones a ex funcionarios de dichas empresas estatales venezolanas que mantenían cuentas en la BPA o que eran propietarios de empresas instrumentales que recibieron pagos vía la BPA”.
El relato continúa y dice que “los dineros devengados de varios fraudes y operaciones de dudosa procedencia pasaron por cuentas en la BPA, incluyendo dineros provenientes de: 1) El fraude de Rincón y Shiera relacionado con la procura de Bariven, S.A.; 2) Las diversas operaciones de préstamos a cambio de divisas suscritas por PDVSA; y 3) Los contratos otorgados a diversas empresas chinas contratistas de PDVSA y de ex funcionarios gubernamentales.
La investigación realizada confirma que entre las personas que utilizaron la BPA para recibir y transferir dineros están el empresario Roberto Rincón; Nervis Villalobos, ex presidente de Corpoelec y asesor de la Presidencia de Pdvsa durante el mandato de Rafael Ramírez Carreño; Javier Alvarado, ex presidente de Corpoelec y de Bariven, S.A.; Rafael Reiter, ex gerente Corporativo de Prevención y Control de Pérdidas (PCP), organización devenida en Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral; Diego Salazar, primo hermano de Rafael Ramírez y vendedor de seguros y reaseguros; y Omar Farías Luces, dueño entre otras compañías de Seguros Constitución.
Los depósitos efectuados en la BPA a nombre de los citados ejecutivos, entre otros correspondían a importantes comisiones recibidas de quienes recibían contratos de Pdvsa y otras empresas estatales venezolanas”.
“Se ha indicado que los depósitos efectuados en la Banca Privada de Andorra, a nombre de los citados ejecutivos, correspondían a importantes comisiones obtenidas por efectos de sobreprecios en la procura de materiales, y asimismo de quienes recibían contratos de Pdvsa, o del Estado, los cuales depositaban como ingresos por servicios de asesorías”, resa el informe.
El informe también apunta que la responsabilidad de los citados gerentes y personal directivo venía siendo objeto de cuestionamientos a través de informes de auditorías, investigaciones y señalamiento, por el manejo de transacciones irregulares, que habían gozado de amplia impunidad, promovida desde los más altos niveles de la dirección de Pdvsa de la época, no obstante, las manifiestas transgresiones perpetradas”.
Con información de AVN