El 2019 cerró con una espada de Damocles sobre la cabeza de quienes permanecen como autoridades rectorales de las universidades autónomas, a través de una orden judicial que ordena renovar estos cargos -sí o sí- a través de una polémica reforma de la normativa que pretende unas elecciones que han sido prohibidas por el mismo ente que ahora las apura. Un tiempo que ha ido corriendo y el 27 de febrero culmina el período límite que el TSJ estableció en la sentencia 324 para las elecciones de autoridades en la UCV.
Por Gabriela Rojas / talcualdigital.com
Pero además del acoso judicial y la asfixia presupuestaria como política de gobierno, el deterioro de la infraestructura, el éxodo docente, la deserción estudiantil y el funcionamiento precario de las principales casas de estudio son apenas algunos de los frentes de lucha con los cuales deberán lidiaren 2020, sin contar los ataques directos y estratégicos desde el gobierno que se fueron asomando durante el año que terminó.
Primer trimestre: Sin dinero ni para pagar salarios
No había terminado el año 2018 y el Ministerio de Educación Universitaria junto a un grupo de asociaciones gremiales afines al oficialismo lanzaron una amenaza a los rectores de las universidades autónomas con la intención de forzarlos a “reconocer que el presidente legítimo era Nicolás Maduro”. La amenaza para ese momento venía a través de una fórmula que se convirtió en política de gobierno: el recorte o retraso en la asignación de recursos que deja en jaque el compromiso de cumplir con la nómina de pago de los trabajadores y docentes.
En 2019 la advertencia se concretó. Durante el primer trimestre de este año, los rectores de Averu denunciaron que el ministerio les exigía “certificar la solicitud de recursos para el pago de la nómina marzo 2019”, a pesar de que ya había sido enviada por las universidades en el tiempo correspondiente. Esta certificación tenía una única condición: debía decir explícitamente que las autoridades pedían los recursos en nombre de lo “decretado por el Presidente Constitucional de la República Nicolás Maduro Moros el 14 de enero de 2019”.
Durante más de una semana, el ministerio intentó condicionar la liberación de los fondos destinados al pago del personal activo, jubilado y pensionado, correspondiente a la primera quincena de marzo de 2019, hasta que se hiciera un reconocimiento expreso de Nicolás Maduro como “único presidente legítimo”.
La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) expresó públicamente que no iba a aceptar la medida porque se trataba de una medida de “coacción, extorsión o amenaza, disfrazada de certificación de mera relación, que de por sí es ilegal según el artículo 147 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ya que no se puede supeditar el envío de los recursos financieros que pertenecen a las Universidades Nacionales, a la emisión de una declaración con marcada intención política”.
El desembolso de los recursos se hizo luego de casi dos semanas y el retraso significó que la quincena de los trabajadores se pagara a finales del mes de marzo, es decir que el personal obrero, administrativo y docente tuvo que esperar un mes para poder cobrar sus salarios.
Segundo trimestre: Emigración de docentes acentúa el vacío en las aulas
La deserción estudiantil y las renuncias de los docentes marcaron lo que sería un período académico debilitado. Desde el mes de abril y hasta junio, cuando se completaba el primer semestre del año, el salario promedio de un profesor universitario a dedicación exclusiva, bajo el cálculo del salario mínimo (para la fecha se mantenía en 40.000 BsS) apenas era el equivalente a 3 dólares mensuales.
Las consecuencias se hicieron cada vez más visibles. Los asociaciones y gremios docentes aseguraban que en la UCV el porcentaje de renuncias pasó de 30% a 50%, entre finales de 2018 a junio de 2019. Los datos de la Universidad de Carabobo fueron similares y señalaban un déficit de docentes de 50%. La Universidad de Oriente (UDO) registraba 20% de déficit ya que según sus registros -hasta mitad de año- solo contaban con 120 profesores de planta que debían atender una matrícula aproximada de 2.500 estudiantes.
La sub comisión de Educación de la Asamblea Nacional (AN) realizó un estudio durante el primer semestre del año en las principales universidades del país y detectaron que la ola migratoria afectó especialmente la plantilla docente: más de 60% de los profesores había renunciado y manifestaba que su razón principal era emigrar, de acuerdo a estadísticas que manejaban los gremios universitarios de las diferentes casas de estudio.
Tercer trimestre: Amenaza penal contra los rectores
El viernes 2 de agosto de 2019 circuló a través de redes sociales la imagen de una Gaceta Oficial fechada el 31 de julio de 2019, bajo el No. 41.684, en la cual se publica un acuerdo que se suponía era parte de una decisión tomada luego de una sesión virtual del Consejo Nacional de Universidades (CNU), que según indica esa gaceta se había realizado el 30 de mayo de 2019.
Pero en el documento que se hizo público nada coincidía: ni los datos, ni las fechas y mucho menos las decisiones señaladas en el acuerdo en las que supuestamente algunos miembros del CNU y el Ministerio de Educación Universitaria solicitaban al Ministerio Público: “el inicio de una investigación penal en contra de los Rectores de las Universidades Nacionales agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), con motivo de pronunciamientos públicos en los cuales desconocen el gobierno legítimo y Constitucional del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así como por el hecho de profesar y realizar acciones abiertamente hostiles y de conspiración destinadas a desestabilizar el orden constitucional y los poderes legalmente constituidos”.
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