Durante dos años el aluminio solo brillaba por su ausencia en la planta de Alunasa, una empresa estatal venezolana con sede en Costa Rica. Razones había para la escasez: los proveedores de materia prima desde Guayana no podían cumplir con el suministro por su propia parálisis y práctica extinción. Pero de pronto en 2019 un misterioso cargamento de lingotes del metal llegó a la empresa, aunque a nombre de un privado, y los rollos de papel de aluminio con su marca volvieron a estar en los supermercados. Hay indicios para suponer que la privatización encubierta es el destino que se prepara para una operación ya lastrada por problemas laborales, la mala gestión y hasta la acusación de servir de conducto para el lavado de dinero.
ANDREÍNA ITRIAGO / armando.info
Hacía dos años que a la aduana de Puerto Limón, en Costa Rica, no llegaba un cargamento así. Pero el 3 de marzo de 2019 aquella instalación tuvo un chispazo de su antigua normalidad al recibir poco más de 4.000 bultos de lingotes de aluminio enviados desde el puerto de Matanzas, sobre el río Orinoco, al sur de Venezuela, por Aluminio del Caroní, S.A. (Alcasa), una de las empresas que conforman la otrora poderosa y siempre estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG). La materia prima tenía como destinataria a la también empresa venezolana Aluminios Nacionales S.A., mejor conocida como Alunasa, instalada en el país centroamericano.
La sequía de insumos en los dos años previos había desencadenado una serie de conflictos que culminó con la imposición de 116 resoluciones de embargo preventivo sobre bienes de la compañía, mientras se resolvían demandas por salarios y prestaciones laborales no pagados. De hecho, en la lista de morosos con la Caja Costarricense del Seguro Social, Alunasa se había ubicado en el segundo lugar, con una deuda equivalente a más de dos millones de dólares.
Sin embargo, esto no le impidió hacer la orden de compra recibida en marzo del año pasado y valorada, según consta en el registro del Ministerio de Hacienda local, en más de ocho millones de dólares.
En Costa Rica, el documento que comprueba el embarque del envío (bill of lading) fue endosado por Alunasa a una empresa costarricense: Metallik Limitada (Ltd), conformada apenas cuatro meses antes. De acuerdo con fuentes consultadas para este reportaje y documentos que respaldan sus afirmaciones, la quebrada Alunasa ha reactivado a través de Metallik su operación en Costa Rica, incurriendo, además, en irregularidades relacionadas con el valor de la mercancía y el pago de impuestos al Estado de ese país.
De acuerdo con los documentos emitidos por las empresas venezolanas –Alcasa, que lo envió y Alunasa, que lo recibió– la mercancía que llegó a Costa Rica el 3 de marzo tenía un precio de poco más de dos millones de dólares, una cuarta parte del valor que le otorgó el Ministerio de Hacienda de ese país, que lo tasó en más de ocho millones de dólares. Además, Alunasa traspasó a Metallik su propia licencia de Zona Franca, por lo que la empresa no pagó impuestos al Estado costarricense.
Ocho meses después de aquel envío, y pese a que la situación de Alunasa se mantenía igual, con unas instalaciones obsoletas y sin mantenimiento, en noviembre de 2019 comenzaron a reaparecer los rollos de papel aluminio de Alunasa en los anaqueles de supermercados de Costa Rica. Para el fin de año, ya estaban en casi todos los establecimientos. Nunca, sin embargo, como antes.
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