Juan Guaidó ha sido ratificado como presidente de la Asamblea Nacional venezolana para un segundo período de un año, y su reconocimiento internacional se ha renovado, con apoyos de Estados Unidos, Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras potencias como Japón o, indirectamente, el Vaticano, a través de la Conferenca Episcopal de Venezuela.
Por Víctor Amaya / larazon.es
El 23 de enero cumplirá también un año desde que se juramentó como presidente encargado del país, denunciando la «usurpación» del poder ejecutivo por parte de Nicolás Maduro. Un tiempo en el que ha nombrado embajadores, canciller, directivas de empresas venezolanas en el extranjero en países que lo reconocen como mandatario. Citgo en Estados Unidos y Monómenos en Colombia, por ejemplo.
Pero aún no controla el poder real, no tiene incidencia sobre los militares y demás Fuerzas de Seguridad, tampoco puede nombrar ministros dentro del país, o entrar al despacho de la Presidencia de la República en Caracas. No ha logrado el tan mentado «cese de la usurpación», el consiguiente Gobierno de transición ni las elecciones presidenciales libres prometidas. Ahora, además, se enfrenta a una nueva realidad: ha sido despojado del uso del Palacio Federal Legislativo, la sede del parlamento, pues el chavismo ha militarizado el lugar y solo permite el paso a quien es ahora el legítimo jefe de la Asamblea Nacional, el diputado opositor acusado de corrupción Luis Parra, quien se afirma presidente electo de ese poder luego de una votación sin quórum e ilegal. Esta semana los diputados debieron sesionar extramuros y Guaidó, en entrevista con LA RAZÓN, no descarta que el escenario se haga habitual: «Estamos trabajando en cumplir con nuestras funciones. El Palacio Federal es fundamental, pero lo más importante es atender la emergencia y buscar soluciones a la crisis, frente a una escalada totalitaria de la dictadura».
El líder opositor se separó de su militancia partidista para actuar sin ataduras en conciliar con cada vez más sectores en 2020, admite que la estrategia tiene que ir más allá de la noción de «elevarle el coste político» a las acciones del chavismo, pues «la dictadura ya no responde a criterios políticos, porque ya el pensamiento no es sino de mafias. Literalmente como funcionaba en el narcotráfico: plata o plomo. Intentaron comprar diputados y como la mayoría del parlamento se mantuvo firme, optaron por el plomo. Nosotros vamos a convocar a todos los sectores a manifestarse y poner en marcha esa agenda de lucha 2020 que debatimos con cada uno de los sectores en diciembre».
-¿Cuál es la ruta 2020 y en qué se diferencia de la ruta 2019 que no ha dado el resultado esperado?
-El desenlace que todos queremos es evidente, y no solo me refiero a los venezolanos: una elección libre. ¿Cómo lograrla? Suena repetitivo, pero es a través de la máxima presión. De allí todas las reuniones que hemos tenido con todos los sectores y que tendrá expresiones pronto con marchas, con protestas, con conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de la Asamblea Nacional, con la validación de ese árbitro por la comunidad internacional.
-La Asamblea Nacional había avanzado en el proceso de nombrar un nuevo CNE, incluso con participación del chavismo. Pero todo apunta a que se impondrá una decisión por el Tribunal Supremo, que controla Maduro. ¿La Asamblea podría aún así nombrar un nuevo CNE?
-Vamos a cumplir nuestro deber. Si la dictadura quiere abonar en el desastre, puede hacerlo. Vamos a insistir en tener una solución, idealmente a través de la vía electoral con un árbitro reconocido por el Parlamento, la comunidad internacional y los venezolanos.
-¿En una dictadura podría ser ingenuo pensar que se va a lograr conciliar unas condiciones electorales ideales?
-Tenemos muy claras las variables para poder generar una transición: hacer competitiva una elección, con un árbitro distinto y con reconocimiento, un mínimo de derecho a elegir y ser elegido, y verificación internacional que pueda certificar todo el proceso. Debemos lograr un mínimo de condiciones necesarias para catalizar una transición.
-Ha insistido en querer unas elecciones presidenciales. Lo que sí es seguro es que en 2020 la constitución establece que deben ocurrir elecciones parlamentarias. ¿Participarán en ellas?
-Para que haya elecciones hace falta que se den las condiciones. Aquí tocan unas presidenciales porque las de 2018 no fueron unas elecciones reconocidas.
-Pero se cumple el tiempo de legislatura de la actual Asamblea Nacional.
-Yo creo que hay muchas alternativas. Desde el Parlamento podemos avanzar con un árbitro, buscar el reconocimiento internacional, aproximar soluciones. De aquí a diciembre hay mucha tela que cortar.
-¿Se ha desactivado la «amenaza creíble» de una intervención militar? Antes incluso Estados Unidos decía «todas las opciones están sobre la mesa». Ahora la Casa Blanca dice respaldar salidas electorales…
-Nosotros tenemos que evaluar todas las opciones, visto que la dictadura de Maduro se alía con el terrorismo. Algunas opciones no dependen de nosotros, como lo verbalizaba el enviado especial de EEUU para Venezuela (Elliot Abrams). ¿Cuál es la que privilegiamos y preferimos? Una elección presidencial libre con condiciones, y para eso ha sido un gran logro la declaración de (Josep) Borrell por la Unión Europea, Mike Pompeo por Estados Unidos y la del Grupo de Lima pues están alineados en eso. Ahora, la que privilegiamos no es la que siempre se da. Otras opciones también deben ser evaluadas, entendiendo que dependen de los aliados que tienen la fuerza para ejercerlas.
Para leer la nota completa pulse Aquí