La supuesta razón del chavismo para el asalto al Poder Legislativo de Venezuela, por parte de las fuerzas represivas y paramilitares del régimen, es porque Nicolás Maduro tiene la necesidad de garantizar jurídicamente, al Kremlin y a Pekín, el traspaso del negocio petrolero a las empresas rusas y chinas, este año.
Sin embargo, el modelo de negocio petrolero establecido por Hugo Chávez en 2007, en el que la estatal petrolera de Venezuela Pdvsa posee al menos 60% de las acciones en las asociaciones (empresas mixtas), dificulta la intención del régimen venezolano para entregar la explotación del petróleo a las multinacionales que operan en el país.
Maduro sabe que la tendencia sostenida de la caída de la producción petrolera en los últimos 2 años (573.000 barriles/día en 2018 y 562.000 barriles/día en 2019, según las fuentes secundarias de la OPEP) limita al máximo la viabilidad económica del proyecto chavista. Por ello, necesita que las multinacionales petroleras de Rusia y China asuman el control del negocio de los hidrocarburos en Venezuela, para detener el hundimiento. El heredero de Chávez apuesta, inicialmente, a la recuperación de la producción de la faja petrolífera del Orinoco que actualmente bombea 500.000 barriles/día, de un potencial de producción de 800.000 barriles/día, y al rescate de la producción de productos refinados de Amuay y Cardón.
Por lo tanto, la estrategia del régimen de Maduro es implosionar el funcionamiento de la Asamblea Nacional, nombrando al diputado Luis Parra como presidente del Poder Legislativo, e impidiendo a la directiva presidida por Juan Guaidó sesionar en la sede del Palacio Federal Legislativo.
Ante este escenario, la propuesta que busca el chavismo es el adelanto de las elecciones parlamentarias para principios del segundo trimestre de este año. Lo que permitiría al oficialismo romper la mayoría que tiene actualmente las fuerzas democráticas en el seno del Parlamento venezolano. Y, dependiendo de la decisión que tomen los partidos políticos de la oposición, la alianza chavista obtendría de nuevo la mayoría de los diputados.
En este contexto, la Asamblea Nacional sería presidida por Diosdado Cabello -cargo que desea ocupar para controlar el Poder Ejecutivo-. Es a partir de ese momento que el chavismo legitimaría las operaciones petroleras de las empresas rusas y chinas en el Parlamento, bien sea bajo la figura de convenios operativos o vendiendo parte de las acciones en las empresas mixtas. En el caso de los convenios, estos tendrían características similares a los de la apertura petrolera de 1996, que fueron enfrentados por Hugo Chávez con la política de “plena soberanía petrolera” en 2004. Y la venta de las acciones representaría la privatización de las empresas mixtas, rompiendo la condición de socios minoritarios establecida en la Ley de Hidrocarburos.
Por lo que la exigencia de Rusia de tener las garantías legales para asumir 100% la operación de los campos petroleros y las refinerías indica que la permanencia de Maduro en el poder no está asegurada en el corto plazo. Porque en el caso de que Maduro no se vaya, el riesgo de recuperar la inversión resultante de la explotación de los yacimientos por parte de las multinacionales rusas sería bajo.
Solo el riesgo alto de la salida de Maduro del Poder Ejecutivo en un horizonte cercano supone la exigencia del Kremlin de tener aprobado por la Asamblea Nacional los convenios o la venta de acciones que regulan las nuevas operaciones petroleras.
En consecuencia, Rusia se prepara para el fin de los tiempos de Maduro.