Un llamado a informarse, a consultar con expertos y a no caer en la falsa idea de creer que todos los inmigrantes serán afectados con la implementación de la llamada norma de ‘carga pública’, fue el mensaje que enviaron este viernes organizaciones y grupos comunitarios, luego de que el Gobierno federal anunciara que la nueva regla entrará en vigor a partir del próximo 24 de febrero.
Aunque la norma, que advierte que los inmigrantes que durante 12 meses o más, dentro de un período de 3 años, hayan recibido asistencia del Gobierno, como cupones de alimentos, ayudas de vivienda o servicios de salud pudieran ser considerados una ‘carga pública’ que terminaría en la negación de la residencia permanente, ha creado miedo y confusión, activistas explicaron que su implementación no cobija a todos los inmigrantes. La clave para tener en cuenta es informarse y no renunciar a ningún tipo de ayuda antes de consultar con un experto.
Así lo manifestó Mayra Alvarez, presidenta de la organización Children? Partnership, quien aclaró como punto principal que la aplicación de la norma solamente afectará a una población limitada de inmigrantes que soliciten la ‘Green Card’, por lo que urge que cada caso sea analizado de manera individual.
“Esta Administración está usando la desinformación y la confusión como parte de su retórica para sembrar miedo, pero hay que advertir que la norma no significa que usar cualquier programa público lo va a hacer inmediatamente carga pública. Hay mucha confusión. Los menores de 21 años y mujeres embarazadas que usen Medicaid y los inmigrantes protegidos no estarán cobijados“, dijo la activista.
Alvarez agregó que junto a varias organizaciones están trabajando en labores para educar a las comunidades sobre este asunto y promover la calma, ya que un reciente sondeo mostró que el 90% de los inmigrantes ha aumentado la ansiedad y tres cuartas partes de quienes reciben ayuda están preocupados por seguir obteniendo esos beneficios. “Tenemos que estar vigilantes y desmitificar la confusión.
La lucha no ha terminado
Entre tanto, Alvaro Huerta, abogado del National Immigration Law Center, advirtió que, aunque el Gobierno federal haya decidido seguir adelante con la puesta en marcha de la norma, eso no quiere decir que la lucha contra la regla haya terminado.
“Vale aclarar que las otras demandas siguen activas, no se han terminado solo por la reciente decisión de la Corte de levantar la suspensión de la implementación de la norma. Los litigios continuarán en varios tribunales como Nueva York, California e Illinois para determinar si esta Administración está violando la ley al implementar la regulación“, dijo el defensor, advirtiendo que esos procesos pudieran tomar meses e incluso años.
“Esperamos que tomen en cuenta que el Gobierno no consideró evidencias de miles y miles de comentarios que no solamente mostraban que la regla es legalmente equivocada sino tampoco consideró el tremendo daño que causará, al tiempo que tiene motivaciones discriminatorias agregó Huerta.
Madison Allen, del Centro de Leyes y Politícas de Inmigración, explicó que la nueva norma no afectará a aquellos residentes que hayan recibido beneficios públicos y que estén aplicando por su ciudadanía.
“Los que ya tienen residencia y tratan de ser ciudadanos no deben preocuparse, a menos que planeen irse más de seis meses del país, en ese caso deben pedir asesoría”, dijo la abogada, explicando que los adultos que firman papeles de recibo de ayuda obtenida a través de sus hijos, tampoco deben preocuparse. “Muchos programas no están incluídos como carga pública, tampoco bancos de comida o refugios y los beneficios usados por un miembro de la familia no afectan tampoco. No va contra la norma incluir su nombre en una hoja cuando quien los está recibiendo no es usted sino a través de sus niños”.
Norma no es retroactiva
Cabe advertir que la norma no tiene carácter retroactivo y que solamente afectará a aquellas personas que presenten solicitudes ante Inmigración después del 24 de febrero, es decir que si alguien envió papeles antes de esa fecha y tiene una cita con inmigración después, no estará afectado por la nueva disposición.
Los factores que se analizarán para designar a un inmigrante como inadmisible o determinar la probabilidad de que en el futuro se convierta en ‘carga pública’ son edad, salud, ingresos, educación y habilidades, indicó USCIS.