Nunca antes un discurso había causado tanto miedo. La audiencia del pasado miércoles, donde la intervención del general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández Da Costa causó los aplausos de los asistentes, la ira de la juez Hennit Carolina López y la suspensión del juicio hasta el 5 de febrero, trajo consecuencias. Los detenidos fueron castigados y así lo denunciaron en el tribunal.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
Los familiares fueron tratados de manera desconsiderada. Llegó un grupo de más de medio centenar de Guardias Nacionales, al mando del teniente coronel Leonardo Cesar Malaguera Hernández, con vestimenta antimotines, escudos y rejillas de protección. Hicieron un canal para que a través de él pasaran quienes ingresaran al lugar. También hubo gran cantidad de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Duplicaron el número de alguaciles del Palacio de Justicia.
La requisa de familiares y abogados llegó a ser incluso ofensiva. Los revisaron minuciosamente, incluyendo las togas de los profesionales del derecho. Les prohibieron celulares, como siempre hacen, pero esta vez le agregaron los relojes y cualquier prenda que les resultara “sospechosa”.
Siempre ocurrió, en las 11 audiencias anteriores, que los funcionarios de la DGCIM fuesen los primeros en ingresar a la sala a revisarla. Posteriormente ingresan los abogados defensores.
En esta oportunidad se implementó un modo diferente. Los detenidos, por el caso de los drones, como se conoce al intento de magnicidio de Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, fueron exhibidos en el pasillo del tribunal, con cinturones negros, a los cuales tenían apresadas sus manos con correas y sus caras aprisionadas contra la pared.
La secretaria del tribunal les fue indicando a los abogados dónde sentarse porque no se les permitió hacerlo libremente. Afuera los detenidos esperaron, maniatados; los revisaron y les ordenaron entrar a la sala, con la indicación de dónde debía sentarse cada uno de ellos.
La farsa
Ese supuestamente es un juicio público y por lo tanto el ingreso debía ser permitido, incluso a los familiares, pero la orden de la juez fue no permitir la entrada de ninguna persona, a excepto de los imputados y sus defensores.
El abogado del diputado Juan Requesens, el doctor Yoel García pidió la palabra, pero la juez se negaba a dársela. Él insistió en “un punto de orden” y Hennit Carolina López por fin le permitió hacerlo y él denunció que no se estaba cumpliendo con el principio de publicidad, que es lo que permite la entrada al público. Denunció la requisa a la que fueron sometidos los abogados, lo que fue corroborado por los otros defensores.
La explicación de la juez es que ella se vio obligada a tomar medidas extremas, “por el grado de violencia ocurrido en la anterior audiencia” y para asombro de todos dijo que había dispositivos que se podían colocar en lentes y relojes. Ella ve alto grado de violencia en el discurso del general y los aplausos de los imputados. Prohibió los relojes. Ahora falta que deje cegatos a quienes usan lentes.
La mujer dijo que ella no permitiría el ingreso de los familiares. El Ministerio Público pidió que a la familia se le autorizara ingresar a la sala, pero la juez en tono altanero le respondió: “Bueno doctor, ¿y usted no se percató de que ya decidí ese punto?”.
Las amenazas
La primer testigo resultó ser la teniente (GNB) Gabriela Alas, una de las funcionarias de la DGCIM señalada de torturar a los detenidos tal y como fue señalada por uno de ellos allí mismo en el juicio. El imputado dijo que lo había torturado, que aplica electricidad en las partes íntimas de los hombres. La respuesta de la juez fue que la tortura no es su competencia porque eso no es lo que se está dirimiendo en su tribunal. La mujer ignora la responsabilidad que tiene de darle curso a las denuncias de tortura.
La insolente teniente Gabriela Alas, funcionaria de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la DGCIM, que aparece en varias de las actas que ese cuerpo de Inteligencia elabora y a veces fabrica para involucrar a personas consideradas no afectas al Gobierno, cree que ella está por encima de la Ley.
No sin cierto gesto de altanería dijo, ante el Tribunal, que ella como funcionaria de la DGCIM tiene la potestad de intervenir cualquier teléfono para oír las llamadas. En un tono que a todas luces fue intimidatorio dijo que podía vigilar los teléfonos de quienes se encontraban en la sala del tribunal y que para ello no necesitaba autorización de la juez.
Se aseguró de dejar bien claro que su trabajo, como funcionaria de la policía secreta, le permite averiguar y hacer seguimiento a las personas que considere; así es como ella justifica las actas sin soporte ni investigación alguna, plagada de rumores y de supuestos. “Pido orden de aprehensión al Fiscal y ordeno a mis funcionarios que detenga a la persona investigada”.
Cuando le preguntaron en qué momento recibía la orden de detención, la mujer dijo sin ruborizarse que la recibía por teléfono, es decir está reconociendo que violenta la Ley y que hace detenciones partiendo de un hecho ilegal.
Además la teniente Alas reconoció que ella interroga, como ha hecho con los detenidos, a sospechosos sin la presencia del fiscal del Ministerio Público ni del abogado defensor.
Lo insólito es que la funcionaria de la DGCIM dijo en el Tribunal que no podía darles respuesta a algunas de las interrogantes que le hacían los abogados defensores porque dizque firmó un contrato de confidencialidad en la DGCIM que le impide dar información acerca de lo que esté investigando.
Los castigados
Todos los que aplaudieron, fueron castigados, incluyendo al alto oficial. La mayoría de los detenidos, menos los generales, el coronel Zambrano y el diputado Juan Requesens, dijeron en el tribunal que fueron golpeados como consecuencia del aplauso al General y los gritos de “abajo la dictadura. Viva la libertad”. Las mujeres también fueron objeto de golpes.
Al general Hernández Da Costa le han negado, desde aquel discurso, tener acceso a agua potable, tampoco le han dado alimentos, poniendo su vida en peligro, ya que el general tuvo tres operaciones en corto tiempo antes de ser detenido en el 2018, lo que amerita que reciba dieta especial.
Además, dijo en el Tribunal, que le quitaron el ventilador que tenía en su celda, le sacaron los útiles de aseo personal y que por eso llegaba barbado a la audiencia, sin permitirle cambiarse de ropa.
Durante cinco horas permanecieron los militares, el diputado Requesens y los civiles imputados por el caso de los drones, esposados, con arnés para impedir que aplaudieran, sin permitirles alimentos, bebidas ni ir al baño.