El gobierno venezolano destruyó públicamente armas confiscadas en 2012
Cuando yo era una niña en la década de 1990, mi padre trabajaba en la industria de la energía y con frecuencia viajó a América del Sur. Nos trajo tarjetas postales y chucherías de esta tierra lejana llamada Venezuela, describiéndola como la nación más pintoresca de América Latina. La nación estaba inundada de riqueza petrolera, la tasa de crecimiento más alta en la región, oportunidades educativas ilimitadas, buenos alimentos y playas de clase mundial.
Por Susanne Edward – Americas 1st freedom
Traducción libre de lapatilla.com
Parecía un paraíso místico donde nada podía salir mal. Hasta que algo salió mal.
Cuando pisé la nación en conflicto hace un año para cubrir la creciente crisis humanitaria, ninguna de mi experiencia en zonas de guerra me preparó para la calamidad que parecía empeorar con cada paso que daba desde la frontera colombiana. Venezuela se había hundido en una violenta crisis humanitaria. Casi no hay estado de derecho.
Las imágenes inquietantes de mujeres desesperadas que se cortan sus hermosos cabellos para venderlo por unos pocos dólares, de madres que embotellan su leche materna para intercambiarla con otras mujeres que están tan desnutridas que no pueden amamantar y las escalofriantes imágenes de jóvenes de 14 años vendiendo sus preciosos cuerpos se desplegaron a mi alrededor.
Cúcuta, una ciudad que se extiende a ambos lados de la frontera colombiana y venezolana, se había convertido en una pesadilla: Un microcosmos del conflicto que quema viva a Venezuela. Sus ciudadanos se han vuelto incapaces de defenderse a sí mismos o a sus familias del peligro y la ruina económica.
Y los venezolanos son los primeros en decir que ellos renunciaron voluntariamente a su derecho a portar armas antes se que iniciara la represión en 2014. Me dijeron esto como palabras claras de advertencia.
“Venezuela está pagando el precio de la prohibición de armas. Los civiles no pueden defenderse de los criminales y de los abusos de este régimen de Maduro”, dijo el activista y profesor universitario, Miguel Mandrade, de 34 años, desde la estéril ciudad de San Cristóbal. “El levantamiento habría tenido un resultado diferente si los civiles tuvieran el derecho de defenderse con las armas de fuego”.
Cada mañana, cuando salía el sol sobre las llanuras tropicales ahora salpicadas de personas sin hogar y basura, me sentaba junto al irregular cruce fronterizo y veía cómo miles de personas entraban a Colombia desde Venezuela con todo lo que poseían en pequeñas mochilas, con los pies hinchados y los zapatos rotos por tantos días de caminata. Fue un espectáculo difícil de digerir.
Unos 4 millones de venezolanos han huido de la nación profundamente empobrecida que, como se estaba escribiendo, todavía está bajo el régimen socialista de Nicolás Maduro. Mientras tanto, los millones que quedan languideciendo dentro de las fronteras de Venezuela están muriendo de hambre, sin servicios, ni atención médica. Las tasas de homicidios y delitos están aumentando a medida que aumenta la tasa de inflación. El gobierno ha desatado sus fuerzas y sus milicias delegadas para hacer la guerra a una población problemática e indefensa.
Pero la prohibición de armas no se impuso de un día para otro. Durante varios años, las autoridades venezolanas disminuyeron los derechos sobre el porte armas. A medida que lo hicieron, las tasas de criminalidad aumentó cada vez más.
Cómo perdieron su libertad
En 2002, Caracas realizó su primer esfuerzo para restringir la posesión de armas, colocando a las Fuerzas Armadas Nacionales como el organismo para supervisar la regulación de todas las armas de fuego. En 2011, el entonces presidente Hugo Chávez lanzó una campaña pública de desarme como parte de su Comisión Presidencial de Desarme, que supuestamente tenía como objetivo reducir la violencia armada. Se publicaron resoluciones para prohibir del porte de armas durante los eventos culturales y deportivos, así como en el transporte público y los sitios de construcción. También se estableció un periodo de 12 meses para emitir los permisos de porte de armas.
Al año siguiente, Caracas prohibió las ventas comerciales de armas y cerró las puertas de las tiendas de armas de fuego en todo el país. Se ordenó que solo las fuerzas militares, policiales y de seguridad pudieran poseer y comprar armas legalmente.
Luego, en 2012, Maduro promulgó el Control de Desarme y Municiones de Armas, que tenía el objetivo explícito de “desarmar a todos los ciudadanos”. Chávez inicialmente ejecutó un programa de amnistía de un mes de duración instando a los venezolanos a cambiar sus armas por productos eléctricos; sin embargo, solo se registraron 37 entregas, mientras que más de 12.500 armas fueron incautadas por la fuerza.
El gobierno realizó exhibiciones grandiosas de diezmado en las calles arrasando con armas de fuego en masa frente a grandes multitudes en un intento por demostrar su compromiso de acabar con la violencia armada.
En 2014, otras 26.000 armas de fuego fueron confiscadas o aplastadas; casualmente, Venezuela registró la segunda tasa de homicidios más alta del mundo ese mismo año. Cada año que las riendas de control de armas se apretaron, aumentaron las tasas de asesinatos.
En 2001, según gunpolicy.org, se registraron 6.568 homicidios en Venezuela. Para 2014, ese número había aumentado a 19.030.
No es coincidencia que el mercado negro de armas también comenzó a crecer, con un estimado de 6 millones de armas ilegales en el país.
“El mercado funciona a través de las fronteras internacionales, en áreas marítimas y terrestres, y el propio gobierno ha sido un proveedor de armas”, dijo Walter Márquez, un historiador venezolano y ex Representante de la Asamblea Nacional. “El gobierno le quitó las armas legales a los particulares, desarmando a todos los que podían oponerse”.
Dentro del mercado negro de Venezuela
Después de algunas llamadas, pude acceder fácilmente a una casa privada llena de armas de fuego ilegales y municiones caseras, todas vendidas en el mercado negro a precios exorbitantes. Miré a través de las grietas de una ventana rota en la casa semi oscura que apestaba a carne sin lavar y miré a las masas de venezolanos deambulando hacia la relativa placidez de Colombia. Sabía que aquellos pobres y hambrientos apenas podían permitirse un bocado, y mucho menos cualquier medio de autoprotección.
El vendedor, un hombre con ojos inyectados en sangre que no ofreció ningún nombre, explicó que las pistolas comienzan en alrededor de 250 dólares y los rifles alrededor de 500 dólares. Al escuchar estos precios, supe que la abrumadora mayoría de la población venezolana tiene la suerte de recibir unos pocos dólares al mes en su estipendio del gobierno socialista.
Incluso el mercado negro está dirigido por funcionarios corruptos del gobierno que explotan sus posiciones de autoridad. Acceden a artículos de contrabando y los venden a precios altos a quienes pueden pagar. Aprendí todo esto a través de mis intermediarios que observaban día tras día cómo los nombrados para el gobierno encontraban formas de sacar provecho de sus puestos.
“No es sorprendente que las personas con los fondos para comprar armas usualmente sean narcotraficantes u otros malos actores; sin embargo, el mercado negro también es utilizado por muchos venezolanos expatriados que desean comprar alimentos y medicinas para sus familias “, dijo Ephraim Mattos, director ejecutivo de Stronghold Rescue & Relief, que emite ayuda humanitaria a los venezolanos que huyen. “Estos expatriados ganan dinero en otros países y lo envían ilegalmente a funcionarios del gobierno en Venezuela que luego entregan los bienes a la familia del expatriado”.
Señaló que las mismas armas de fuego que fueron entregadas por los ciudadanos respetuosos de la ley al gobierno en los llamados esquemas de recompra, a su vez, han sido entregadas a grupos armados patrocinados por el gobierno que ahora oprimen directamente la ley. ciudadanos permanentes que entregaron sus armas.
Los delincuentes más atroces se conocen como los “colectivos” o colectivos. Están armados por Caracas y se consideran vitales para la supervivencia de Maduro. Los colectivos oprimen sin piedad a los grupos de oposición, dándole a Maduro una cobertura cosmética.
Cuando los vimos, corrimos para cubrirnos. Cuando unos pocos supieron que habíamos cruzado la frágil frontera sin pagar la cantidad de personas que se suponía que debíamos, nos persiguieron a través de la espesa multitud de personas que huían. Unos momentos después, después de un intercambio de pánico entre mi intérprete y los hombres medio enmascarados, me dieron instrucciones de abandonar el área.
Yo fui uno de los afortunados.
“Los venezolanos a menudo viajan a países vecinos con objetos de valor para vender, como joyas y productos electrónicos”, dijo Mattos. “Los colectivos detendrán a los viajeros al azar y robarán esos artículos; las mujeres a menudo también son violadas durante estas paradas”.
“En la frontera, los colectivos generalmente también cobran un impuesto por cruzar”, continuó. “El pueblo venezolano sufre por el simple error de renunciar a su capacidad de protegerse de un gobierno socialista. Invitaron voluntariamente al enemigo a su propia casa. La destrucción del país no fue el resultado repentino de un adelanto armado del gobierno, sino que fueron las mentiras insidiosas las que lentamente se infiltraron e infectaron el país ”.
Chávez, el predecesor de Maduro, fue elegido democráticamente por el pueblo venezolano, y él es quien inició el proceso de socialización de la economía venezolana.
Venezuela es una lección que los estadounidenses deben entender
Venezuela sirve como un recordatorio de que el control de armas puede servir como una puerta de entrada al despotismo. Algunos sostienen que Venezuela no solo está sufriendo las consecuencias de no luchar contra las medidas de control de armas cada vez más inestables, sino también de no crear una cultura que comprenda la importancia de tener el derecho a mantener y portar armas.
“La población venezolana confiaba en el gobierno en todo momento en que siempre usaría su autoridad dentro de ciertos límites, y cada vez que salía, pensábamos que se resolvería mediante mecanismos democráticos o legales. Nuestro comportamiento político y público confirmó nuestra ingenuidad cultural en este sentido ”, dijo Javier Vanegas, un profesor venezolano de 29 años. “Estamos pagando el precio de no haber tenido una cultura de armas fuerte”.
Antes de los cambios de 2012, solo había ocho tiendas de armas registradas repartidas por todo el país de 31 millones de personas. El proceso para que los ciudadanos respetuosos de la ley incluso obtuvieran un permiso legal de armas y un arma de fuego fue una dura prueba de meses que se vio afectada por largas colas de espera, altos costos y demandas de sobornos. Solo un departamento, que operaba bajo el Ministerio de Defensa, tenía la autoridad para emitir permisos civiles.
Los colectivos oprimen sin piedad a los grupos de oposición, dándole a Maduro una cobertura cosmética. Cuando los vimos, corrimos para cubrirnos.
A fines de 2017, cuando Venezuela estaba en las garras de su catástrofe económica en espiral, Maduro anunció que distribuiría unas 400,000 armas a sus patriotas, alegando que vendría un golpe liderado por Estados Unidos, y la población civil quedó como patos sentados. Desde abril de ese año, cientos de venezolanos que protestaban contra el gobierno, armados con poco más que piedras y letreros de papel, han recibido disparos o han desaparecido en represalia.
“Si los ciudadanos tuvieran acceso a las armas, y si hubieran estado armados desde antes de la llegada de Chávez, habría sido, al menos, un poderoso obstáculo para la agenda socialista”, dijo Vanegas. “El socialismo prospera en el caos. La herramienta perfecta para el caos en la mayor parte de América Latina es la criminalidad. Si la gente hubiera tenido la herramienta para defenderse, en lugar de recurrir a más poder estatal para poner fin a la criminalidad (un fin que el gobierno nunca tuvo la intención de dar), entonces, por supuesto, habría hecho una gran diferencia “.
En los últimos años, dijo, la vida cotidiana del venezolano desarmado ha sido moldeada por el crimen.
“La gente ha dejado de salir. Las empresas y los hombres y mujeres de negocios quebraron o cerraron la tienda y se fueron. Los jóvenes comenzaron a temer pasar tiempo en la ciudad ”, dijo Vanegas. “Personalmente tuve un miembro de la familia y dos amigos secuestrados por rescate”.
Las pesadillas se convirtieron rápidamente en algo normal para los gustos de Vanegas, quien reflejó que su complacencia se había destrozado a medida que su amado país se había desmoronado. Decenas de venezolanos enfermos me dijeron que incluso antes de que las protestas se desataran hace cinco años, llamar a la policía para denunciar un delito implicaba largos tiempos de espera y presión para sobornar a los oficiales no solo para que vinieran, sino para procesar el caso según el libro. Ahora, incluso hacer tal llamada es básicamente inútil.
Una persona que conocí en mis viajes por la región susurró en voz baja que aquellos que se atreven a mantener un arma vieja debajo de su cama, o aquellos que tienen las finanzas para encontrar una en el mercado negro, corren el riesgo de recibir el castigo de 20 años tras las rejas. Esta persona confesó que tenía un viejo revólver que una vez perteneció a su abuelo. Le preocupaba que si lo usaba para salvar su propia vida, el régimen de Maduro vendría a llevarlo a prisión.