En todas las reuniones que tuvieron recientemente en Washington Juan Guaidó y su equipo con altos funcionarios de la Casa Blanca, incluido el presidente Donald Trump, y con diputados y senadores demócratas y republicanos en el Capitolio, se llegó a un consenso generalizado, una certeza que va a motivar una serie de duras sanciones que el Gobierno estadounidense planea anunciar en días venideros: el verdadero sostén del régimen de Nicolás Maduro es Rusia, que se dispone a invertir 5.000 millones en la extracción de crudo y 1.000 millones en la minería del oro y los diamantes de Venezuela.
Varios participantes en esas reuniones consultados separadamente por ABC en los pasados días coinciden en que el consenso actual en la clase dirigente de Washington, tanto en el Gobierno y la oposición como en los poderes ejecutivo y legislativo, es que el Kremlin es el último gran sostén de Maduro y que la única forma de facilitar la caída de este último es cortar los lazos económicos que ha atado Rusia con él en el pasado año.
La intención de un grupo de altos funcionarios de la Casa Blanca es aprobar, finalmente y tras meses de dudas, las sanciones secundarias. Hasta ahora, el Tesoro norteamericano ha aprobado sanciones primarias o directas, que afectan solo al régimen venezolano y varios de sus jerarcas. Las sanciones secundarias implicarían penalizar a aquellos que compren el crudo y otros productos al régimen, algo que afectaría no sólo a empresas rusas como Rosneft, sino también a estadounidenses como Chevron o españolas como Repsol.
Según un alto funcionario en la Casa Blanca, que habló con periodistas y pidió que no se revelara su nombre, «ya sea Rosneft, Reliance, Repsol o Chevron aquí en EEUU, yo ahora tendría cuidado respecto a sus actividades en Venezuela que apoyan directa o indirectamente a la dictadura de Maduro. Estamos solo a medio camino y solo vamos a movernos en una dirección, que es hacia adelante. Y sus actividades son claramente preocupantes».
Según añade el representante especial de EE.UU. para la crisis venezolana, «los rusos pronto descubrirán que su continuo apoyo a Maduro ya no seguirá saliéndoles gratis. Otros que continúan beneficiándose o apoyando a Maduro deberían tomar sus precauciones. Y, en general, verán que en las próximas semanas anunciamos medidas que que demuestran la seriedad de nuestras intenciones en Venezuela».
Rosneft en la mirilla
Aunque las sanciones secundarias afectarían a un variado número de empresas internacionales, muchas de las cuales, como Repsol, sólo se están cobrando deuda, el gran objetivo sería Rosneft, la gran petrolera pública rusa. Según estimaciones del Gobierno norteamericano, esa compañía rusa ya distribuye dos tercios del crudo que extrae el régimen que, por medio de un despacho en Panamá, acaba sobre todo en India y China. Rusia cobra también comisiones por la distribución, en un negocio redondo.
Desde que hace un año la Casa Blanca reconociera a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, el Kremlin ha estrechado sus lazos políticos y económicos con Maduro, para impedir un cambio de régimen. En septiembre de 2019 Moscú prometió invertir 5.000 millones de dólares (4.600 millones de euros) en las explotaciones petrolíferas de Venezuela, que están operando apenas a un 8,5% de su capacidad, según las cifras de venta de barriles de enero.
El Kremlin también se ha lanzado a ayudar en la extracción de lo que los opositores a Maduro llaman «oro de sangre». El compromiso desde Moscú es invertir 1.000 millones en ese sector. El oro luego se vende y se distribuye a países diferentes como Emiratos Árabes Unidos, Uganda y Turquía, según una investigación de Lorena Meléndez y Lisseth Boon. El profesor adjunto de la universidad George Washington Vadim Grishin, experto en las relaciones de Rusia con el régimen de Maduro, asegura: «Moscú está ayudando a Venezuela a contrarrestar las sanciones impuestas por EE.UU. con respecto a las industrias de extracción de petróleo y oro, así como en sectores financieros y bancarios. Rusia ha ayudado al país a encontrar mercados alternativos para la venta de petróleo y oro, y para transportar y procesar estos productos para evitar las sanciones de EE.UU.».
Hace apenas una semana la organización Human Rights Watch denunció los abusos a los que son sometidos los trabajadores de la minería del oro en el estado venezolano de Bolívar, que el informe correspondiente calificó de «horrendos». Esas extracciones se producen con el permiso o directamente bajo las directrices del régimen.
Según las fuentes consultadas por ABC, el régimen de Maduro lanzó el órdago de intentar tomar por la fuerza la Asamblea Nacional el 5 de enero porque necesita del poder legislativo para autorizar los contratos de explotación de los pozos de petróleo y las minar de oro. Sin el visto bueno de la Asamblea, que controlan los opositores a Maduro, esos contratos en teoría no tienen validez.