La Fiscalía de Madrid investiga desde hace semanas el encuentro del ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid, informaron este miércoles a Efe fuentes del ministerio público.
La reunión, en la madrugada del 20 de enero, generó una tormenta política en España puesto que Rodríguez tiene prohibida su entrada en la Unión Europea (UE) debido a las sanciones del bloque europeo a altos cargos del Gobierno venezolano, y la oposición política conservadora lo está empleando dentro de su tarea de desgaste del Gobierno de coalición izquierdista.
El conservador Partido Popular (PP) presentó a finales de enero una denuncia en la Fiscalía General del Estado sobre el encuentro, que fue remitido a la Fiscalía Provincial de Madrid, que abrió diligencias de investigación.
Todo ello ocurrió antes de que los PP acudieran ayer, martes, a un tribunal ordinario de la capital para reclamar que la autoridad de aviación civil (AENA) conserve los vídeos de las cámaras de vigilancia del aeropuerto de Madrid de la noche del encuentro, algo que acordó la jueza con el visto bueno de la Fiscalía.
Además, una desconocida formación política, el Partido Laócrata, ya presentó anteriormente en otro juzgado otra querella criminal por supuesta prevaricación administrativa y que se dirige contra “cualquier funcionario” que pudiera haber participado en la no aplicación de las leyes en este caso.
El partido ultraderechista Vox también denunció a Ábalos ante la Fiscalía y posteriormente presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro, que es también el “número dos” del gobernante Partido Socialista (PSOE).
De momento, AENA debe conservar las imágenes grabadas de videovigilancia, porque la jueza de guardia ayer apreció, de acuerdo con el criterio del fiscal, “indicios racionales de hecho delictivo”.
Ábalos aseguró hoy que está “muy tranquilo” sobre lo que puedan desvelar las imágenes de seguridad del aeropuerto e insistió en que se cumplieron “todas las normas” y que solo “interesa a otros generar incertidumbre”. EFE