Tras tres semanas de debate, el Senado de la Florida vuelve a modificar la propuesta de ley E-Verify y no son pocos los que dicen que los cambios aplicados están dirigidos a complacer agricultores y empresarios que pudieran ser afectados por la merma de mano de obra.
Por: Miami Mundo
De hecho, la propuesta modificada, que está dirigida a hacer uso de la base federal de datos para verificar estatus de legalidad y otorgar empleos, pasa a la Cámara de Representantes y plantea eximir a la poderosa industria de la agricultura, además del turismo y la construcción.
“Si dispensamos a esas tres ramas, que conforman la mayor parte de la economía estatal, entonces solo estaríamos aplicando la ley al resto, o sea menos de la mitad de las fuentes de trabajo”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS el consultor político Andrés Sánchez, de la firma Sánchez & Associates.
La red federal E-Verify se creó en 1996 y desde entonces es voluntaria, a no ser que se trate de una firma que trabaje para el Gobierno nacional, determinadas instituciones académicas que empleen a extranjeros o simplemente que los estados la adopten de alguna manera.
“En la mayoría de los países, los empleadores tienen que verificar el estatus de legalidad de quienes solicitan empleo, pero aquí en Estados Unidos es diferente”, comentó el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates.
Se trata de la interpretación de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que fue adoptada en 1791 y plantea “el derecho de los habitantes a mantener sus, domicilios, papeles y efectos a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias…”.
Sánchez cree que la propuesta del gobernador Ron DeSantis, de implementar el programa federal de datos, ha pasado a un segundo plano, incluso dentro de las filas del Partido Republicano, a pesar de ser “una de las prioridades de la Casa Blanca”.
El senador estatal republicano Tom Lee, de la localidad de Thonotosassa, al este de Tampa, opina que “hay muchas manos metida en el asunto y eso es muy frustrante”.
El señor Lee declaró a la prensa en Tallahassee que “las excepciones son tantas que atentan contra el futuro de la propuesta”.
DeSantis prometió, durante su campaña electoral en 2018, que implementaría la base federal de datos “con la ayuda del Congreso estatal”.
Según trasciende de los pasillos del Capitolio en Tallahassee, senadores buscan equilibrar la solicitud del gobernador con las preocupaciones de grandes empresarios de la agricultura y el turismo.
El tiro de gracia lo podría dar la presencia del año de elecciones, cuando donantes se aprestan a firmar los cheques para contribuir a la campaña de publicidad de representantes y senadores.
“No solo podría ser vetada por el gobernador, sino también desaprobada por (republicanos en) la Cámara de Representantes”, señaló Lee.
Por el momento, aparte de las industrias eximidas, la propuesta de ley pide a empresas con más de 100 empleados hacer uso del E-Verify antes de 2021, así como las que tienen menos hacerlo en 2022.
Quienes cuenten con menos de 20 empelados también estarían excusadas.
Entretanto, gobiernos municipales y condales tendrían que cumplir con E-Verify el año que viene, incluyendo firmas subcontratadas cuyo valor de servicio exceda los 35.000 dólares.
Por otra parte, Robert Windham, miembro de la junta del Floridians for Immigration Enforcement, recalcó que “la única manera de acabar de acabar con esta carnicería es que el E-Verify sea obligatorio para todos, lo que pararía la llegada de inmigrantes ilegales”.
Pero quienes se oponen creen que no es correcto obligar a empleadores a hacer cumplir las leyes de inmigración.
“Cuando se intenta corregir un problema federal, los floridanos salen perjudicados”, dijo el reverendo Russell Meyer, director ejecutivo del Consejo de Iglesias de Florida.