La comunidad de Kumarakapay (San Francisco de Yuruari), del municipio Gran Sabana, no ha recuperado la tranquilidad del sueño que le arrebataron el 22 de febrero de 2019 durante el anuncio del ingreso de la ayuda humanitaria, que en ese entonces había sido gestionada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por el Gobierno de Estados Unidos como presidente interino de Venezuela.
Por José Rivas / correodelcaroni.com
Lo cierto es que, al margen de los avatares políticos que distan de resolver la crisis institucional, los familiares de las víctimas a causa del asalto militar ocurrido en las comunidades indígenas de Santa Elena de Uairén entre el 22 y 23 de febrero no conocen siquiera el primer detenido por una irrupción arbitraria que sigue rodeada de incógnitas.
El origen del sangriento hecho estuvo en la determinación de un grupo de pemones de Kumarakapay en procura de facilitar la entrada de la ayuda humanitaria -promovida por la directiva de la Asamblea Nacional- debido al bloqueo de vehículos militares en la frontera con Brasil ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro.
A pesar de las medidas de autonomía de la etnia sobre su territorio -garantizada constitucionalmente en el artículo 119- un convoy militar avanzó rápidamente y los miembros indígenas tan solo pudieron retener el último de los cuatro vehículos.
Los pemones en resistencia ante la irrupción militar lograron detener a los uniformados y despojarlos de sus armas, sin embargo, la respuesta por parte los demás soldados que habían avanzado y se plantaron adelante fueron las balas.
Todas con dirección hacia la comunidad, más de una docena de heridos, una muerte instantánea, la de Zoraida Rodríguez y 2 más posteriores, Rolando García, su esposo (2 de marzo) y Kliber Pérez (27 de febrero).
El Ministerio Público -pasada las dos semanas del hecho- designó a cuatro fiscales para investigar estos crímenes: fiscal 91 indígena, 54 con competencia plena, segundo de derechos humanos y sexto de delitos comunes, sin embargo, a un año de la masacre no hay siquiera nombres de los posibles militares que asesinaron a los indígenas.
En marzo de 2019, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, al ser consultado sobre el caso aseguró: “allí nosotros no tenemos contemplación, estamos investigando las tres muertes de estos indígenas y va a haber detenidos”, a pesar que agregó que las averiguaciones no se realizan de manera exprés, tras un año no hay indicios de una posible detención.
“A nivel nacional no se ha hecho nada”, manifestó el coordinador de Pueblos Indígenas en Foro Penal, Olnar Ortiz, las muertes de los indígenas y los otros civiles hasta ahora continúan impunes.
“A pesar que hemos hecho las denuncias de manera formal ante la instancias de derechos fundamentales de la Fiscalía General de la República, no se ha adelantado mayor investigación, no se ha acusado a nadie”, sostiene el activista de derechos humanos.
Además de la falta de actualizaciones con respecto al caso, el fiscal nacional Robaldo Cortez -también indígena- que estuvo investigando cada uno de los sucesos ocurridos en Kumarakapay entre el 22 y 28 de febrero fue designado fiscal superior del estado Amazonas a mediados de 2019, esto, para el abogado de la ONG ha repercutido de forma negativa en el desarrollo del proceso.
“Las investigaciones prácticamente han sido paralizadas por todos los cambios que ha hecho el Ministerio Público”, manifestó.
Para Ortiz, la falta de estado de derecho en el país ha llevado a que tengan que presentar los casos ante instancias internacionales, Foro Penal ha presentado denuncias formales ante la relatora de pueblos indígenas y ante la plenaria del comité de pueblos indígenas de Naciones Unidas.
De acuerdo con el abogado, de los sucesos ocurridos entre el 22 y 28 de febrero de 2019 fueron arrestadas 62 personas, ningún militar por la masacre, solo civiles a los cuales se les imputó delitos de la Ley del Odio, a pesar que todos se encuentran en libertad, algunos fueron soltados bajo medidas cautelares.
Aunque el 28 de febrero la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos aplicó medidas cautelares de protección para Kumarakapay, en las que se demandó al gobierno de Nicolás Maduro que adoptara medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal, y que garantizaran la seguridad de los indígenas de la etnia pemón. Se le exigió al Estado venezolano que los agentes respeten los derechos de los beneficiarios y se abstengan de hacer un uso de la fuerza de manera incompatible con los estándares internacionales sobre la materia, según establece el documento.
Pero para el coordinador de Foro Penal, la persecución a los pobladores de estas zonas ha continuado, “hostigamiento hacia los líderes indígenas, militarización de los territorios y el ingreso de grupos irregulares a la comunidad el cual el Estado venezolano no ha frenado”, aseguró a principios de enero.
Adiós a la calma, convivir con la impunidad
Kumarakapay fue un reconocido paraje y sitio de referencia para los visitantes al Parque Nacional Canaima. Sus pobladores vivían del turismo y la venta de artesanía pero a un año del ataque militar, el pueblo de San Francisco de Yuruari se encuentra desolado, los índices de turismo han bajado estrepitosamente desde la masacre y en las calles se percibe el miedo y la tensión por los sucesos del 22 de febrero y del 22 de diciembre en el que fueron detenidos 13 pemones de forma irregular tras participación en la Misión Aurora.
Para marzo de 2019, según Alfredo Romero, director del Foro Penal, ya eran más de 800 los pemones que habían cruzado la frontera por trochas hasta Brasil, entre esos, los hijos huérfanos de Zoraida y Rolando, el último, desterrado de sus tierras al ser enterrado en Brasil.
De los varios heridos pero de los pocos que quedan, se encuentra Enésimo Hernández, quien después de ser disparado en la columna perdió la sensibilidad de la cintura hacia los pies, ahora pasa sus días postrado en una cama, esperando volver a caminar.
Un año después persisten las interrogantes alimentadas por una lenta actuación procesal de los fiscales designados para este caso. Los acontecimientos que desde el 22 de febrero y en días siguientes se suscitaron en el sector de la comunidad de Kumarakapay (“…nombre que recibe la comunidad indígena de San Francisco, que significa lugar de los pájaros tijeretas…”), en San Francisco de Yuruaní, a una hora de Santa Elena de Uairén, siguen bajo el manto de la impunidad.
Al margen de los DD HH de los pueblos indígenas
Junto con la implementación de proyectos extractivos se han producido numerosos conflictos sociales con pueblos, comunidades y en general poblaciones locales, cuyos derechos e intereses se ven afectados cuando no se respetan sus tierras y los recursos naturales que en ellas se encuentran.
La falta de atención a los reclamos y el desinterés mostrado por las autoridades venezolanas a raíz de la implementación del Arco Minero del Orinoco han hecho que algunas de estas situaciones desencadenen lamentables episodios de violencia.
La Fundación para el Debido Proceso conjuntamente con la Oxfan coordinó un estudio sobre el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina en el cual grafica el panorama que han vivido comunidades como San Francisco de Yuruari.
“El desarrollo de proyectos extractivos, acompañado de procesos de manipulación política, ha traído muchas veces la división de comunidades, la corrupción de autoridades y dirigentes locales, la criminalización de líderes indígenas, e incluso la muerte de quienes se oponen a su ejecución.
Estas afectaciones son particularmente profundas en los escenarios en que tales proyectos se desarrollan en tierras históricamente ocupadas por pueblos y comunidades indígenas”.
El informe plantea a los países una hoja de ruta para compatibilizar intereses gubernamentales con los derechos humanos: profundizar esfuerzos para proteger el goce efectivo del derecho a la tierra y territorio de los pueblos indígenas; modificar o eliminar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que impiden el pleno ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada, asegurando la participación de los pueblos indígenas; abstenerse de autorizar y adoptar medidas que afecten las tierras y prevenir que terceros lo hagan sin el cumplimiento de las garantías del derecho; crear la institucionalidad estatal responsable por consultar a los pueblos indígenas.