Me sorprendió la reacción negativa por parte de grupos liberales a la idea de descentralizar una función pública tan importante como la seguridad social. El Premio Nobel de Economía James Buchanan sostuvo que “Un liberal clásico coherente debe ser generalmente partidario de las estructuras políticas federales, porque cualquier división de la autoridad debe, necesariamente, tender a limitar el potencial rango de coerción política”.[1]
Su teoría del federalismo competitivo extiende los principios de la economía de mercado a la esfera de la política: si los monopolios son malos en la economía, ¿por qué deberían ser buenos en la política? Si se considera nocivo un monopolio en la provisión de telefonía celular, ¿por qué no se considera nocivo un monopolio estatal/legal en la provisión de pensiones para la vejez y seguro médico?
Por otro lado, cuando uno gasta dinero propio en uno mismo, uno lo gasta con más cuidado que cuando gasta dinero de otros en otros. El federalismo competitivo propone que la mayor parte de los servicios públicos y funciones del gobierno no solo sean competencia de los gobiernos locales, sino que también sean financiados con impuestos o recursos recaudados a nivel local. Habría menos despilfarro y una supervisión más cercana de la gestión de los recursos de los ciudadanos si el alcalde fuese directamente responsable ante sus vecinos.
La idea es que los ciudadanos tengan la libertad para elegir, “votando con los pies”, entre distintas mezclas de carga tributaria, regulaciones y servicios públicos. Como el federalismo suele ser mala palabra en América Latina desde hace mucho tiempo y no vamos a pretender ahora cambiar prejuicios, lo más probable es que determinado grupo o grupos de ciudadanos, a través de sus municipios, demanden regímenes especiales para su cantón. Esto sucedió en España y ya sucede de cierta manera en nuestra país si consideramos el régimen especial de Galápagos.
Mientras tanto, mucho se puede avanzar demandando la descentralización de competencias que afectan el diario vivir de los ciudadanos, sin esperar a que se redacte una nueva constitución.
Aquí es donde se enmarca la propuesta de descentralizar la seguridad social. Eventualmente se puede proceder a descentralizar otras competencias, como la de la educación, la regulación financiera, laboral y muchas más.
Otros dicen que quienes proponemos estas cosas olvidamos aquellas administraciones desastrosas que padeció la ciudad de Guayaquil. Pero hay que recordar que también hemos sido sometidos a administraciones todavía más desastrosas a nivel nacional.
No se trata de prescribirle un mismo menú de políticas públicas a todos los ecuatorianos. Eso sería muy constructivista y antiliberal. De lo que se trata es de limitar el poder de hacer daño tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 21 de febrero de 2020.