Las elecciones parlamentarias están previstas para 2020. Lo establece la Constitución. El gobierno se siente cómodo con ese mandato. Tan acostumbrado a desconocerla y violarla, en esta oportunidad la Carta del 99 le viene como anillo al dedo. Le facilita las cosas. Los factores de poder internacionales y la oposición exigen que se convoquen votaciones. El régimen los complace, ciñéndose a lo señalado en el texto constitucional. ¿Qué más quieren? La legalidad ante todo.
Por Trino Márquez
Maduro en esa cita no corre ningún riego. Si triunfa en la votación popular, habrá obtenido una victoria que lo legitima y reivindica frente al mundo democrático. Si fracasa, cuenta con sus horcas caudinas: vendrían con sus guadañas a poner las cosas en su sitio de nuevo. Los diputados tendrían que juramentarse frente a la constituyente y admitir el poder de Cabello, antes de que les sea entregado el Hemiciclo para que sesionen y cumplan con sus competencias. Tendrían que arrodillarse ante el TSJ para que no declare otra vez el desacato. Tendrían que entregar una carta de buena conducta para que Maduro les permita a sus ministros comparecer ante la Asamblea Nacional a rendir cuentas.
Esa fue la lección que el régimen extrajo del descalabro de 2015. Cuando Maduro subrayó que no volvería a concurrir a unas elecciones en las cuales existiera el peligro de perder, lo que quería decir es no iría a unos comicios desprevenido, inerme, sin saber cuáles eran los pasos posteriores.
Los comicios de diciembre de 2015, cuando la oposición ganó los dos tercios de la Asamblea Nacional, desataron un conflicto institucional que se extiende hasta la actualidad. Esa victoria, es cierto, se obtuvo con Tibisay Lucena ejerciendo la presidencia del CNE y con un cuerpo rectoral controlado por el oficialismo. Pero, ¿sirvió de algo ese triunfo categórico? ¿Se avanzó hacia la resolución de los problemas nacionales y la conflictividad social que había eclosionado durante las largas y violentas jornadas de protesta de 2014? En nada. El régimen endureció sus posiciones. Fortaleció el poder del TSJ. Entronizó a Maikel Moreno. Creo la asamblea constituyente. Invistió a Diosdado Cabello de una autoridad formal que no poseía. El gobierno se radicalizó. Ilegalizó a los partidos más importantes. Inhabilitó y persiguió a los dirigentes políticos. El marco institucional light que existía en 2015, se modificó. El madurismo movió sus fichas y cerró el cuadro. En vez de sanar las heridas provocadas por la fracasada ‘Salida’, las profundizó.
La oposición, que parece sentir un placer sadomasoquista con las descalificaciones y ataques mutuos, ahora se divide entre quienes proponen participar en las próximas elecciones parlamentarias en cualesquiera condiciones, y quienes plantean que las únicas votaciones posibles son las presidenciales, sin Maduro en Miraflores.
En el medio de esos extremos hay una zona amplia que debe explorarse. Creo que el primer punto de la agenda es luchar por condiciones electorales que garanticen un proceso transparente y confiable. La designación del Comité de Postulaciones, de mutuo acuerdo, resulta crucial. Luego la elección de un CNE aceptable para el madurismo y la oposición. Junto a esto hay que exigir que se restituya la legalidad de los partidos ilegalizados y de los dirigentes inhabilitados. Liberación de los presos políticos.
Las elecciones legislativas tienen que ir acompañadas de las presidenciales. La materia a negociar estaría en si Maduro concurre como candidato manteniendo su condición de Presidente. Desde mi perspectiva, no habría problema en que participe, si las condiciones electorales son acordadas: se acepta la supervisión internacional, se levantan todas las restricciones que impiden la participación libre de los partidos y dirigentes opositores, se aprueba un nuevo CNE, se depura el REP y se aprueba un reglamento que le impida al gobierno abusar de su poder para extorsionar a los funcionarios públicos y usar los recursos del Estado para financiar su campaña. Luchar por estas condiciones y materializar los comicios presidenciales, me parece más sensato y rentable que llamar a participar a toda costa en unos comicios tan inútiles como los parlamentarios o vetar de antemano a Maduro en una eventual cita presiedencial. Necesitamos contar con una tabla de objetivos que nos vinculen con los factores internacionales de poder, cada vez más numerosos, que le exigen al régimen llamar a votaciones presidenciales.
Si las elecciones para elegir un nuevo Presidente de la República no aparecen en el panorama político, carecerá de sentido concurrir a los comicios legislativos. Permitirle al régimen que se sienta cómodo mientras evade el centro de la crisis, no es recomendable. Sin la participación de la oposición legítima, las elecciones legislativas tendrán el destino de Luis Parra y la mesita de noche. Serán intrascendentes. Otro rasgo de la dictadura.
@trinomarquezc