Vecinos de la urbanización Simón Rodríguez (UD-146), en San Félix, protestaron este miércoles por el colapso de los servicios públicos en el sector. Los servicios más exigidos por los residentes son el gas doméstico, pues llevan un año sin recibirlo de forma regular, así como las cajas del Comité Local de Abastecimiento Popular (CLAP), que desde hace 3 meses no se distribuye en la comunidad.
Por Laura Clisánchez / correodelcaroni.com
“Los más afectados por esto son los niños, estamos cocinando en leña”, expresó Rosa Yépez, señalando los troncos con los que trancaron la calle, esos que ahora utilizan para cocinar. “Ya hace más de 3 meses que no nos dan nada de caja CLAP, y cuando viene solo viene lenteja y arroz. No viene leche, ni aceite ni azúcar. Los niños son los que están pasando miserias, uno que es adulto aguanta la pela, pero ellos no. Uno se saca el bocado de comida para dárselo al muchachito”, manifestó.
A la protesta acudió Leonel González, jefe de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), exgerente general de Alimentos Bolívar, miembro del estado mayor de alimentación y vocero del gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri. Ante los vecinos prometió bombonas de 10 kg, que duran aproximadamente un mes, pero la protesta enardeció, los afectados alegan que la mayoría tiene bombonas de 18 y 43 kg.
La organización Ciudadanía en Acción en su informe de disposición y distribución alimentaria 2019 concluyó que la distribución de las cajas CLAP es mayor en las parroquias del centro del país, donde se concentra el 40% del producto interno bruto (PIB). Ahí se les distribuye el 41,3% del total de las cajas en detrimento de las parroquias con más vulnerabilidad alimentaria y nutricional -las más periféricas- a las cuales solo llega el 3,7% de las cajas. Las parroquias centrales reciben hasta 3 kg más de alimentos por caja que las más periféricas, según este informe.
El 80,3% de las familias en Venezuela dependen de la caja del CLAP para alimentarse en un contexto en el que 7,9% de los venezolanos están bajo una inseguridad alimentaria severa y la región Guayana es una de las zonas con mayor índice de inseguridad alimentaria, según la evaluación del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas.
Racionamiento, bote de aguas negras y paludismo
La comida y el gas son los servicios que más exige esta comunidad, porque ya están acostumbrados a vivir sin agua.
“A nosotros nos daban solamente 3 horas cada ocho días para agarrar agua”, relató Maica Martínez mientras iba señalando la toma de agua que abastece a todo el sector y que pertenece a la zona alta de la UD-146 que sí cuenta con suministro constante de agua. “Imagínate qué tienen que hacer las personas que no tienen tanques, que solamente tienen un tambor, como yo, a mí me toca cargar agua en tobos”, expresó, mientras al fondo se escuchaba el recorrido de aguas negras mojando el pavimento e impregnando la comunidad con el olor de la putrefacción.
Sobre el colapso de los servicios públicos en la localidad, el funcionario lo atribuyó a la morosidad de los ciudadanos en el pago del servicio. “Yo siempre lo dejo a la reflexión de todo -dijo Leonel González-, ¿quién paga luz y quién paga agua, el porcentaje grande de los que pagan es un 15 o 20%”.
Los vecinos construyeron una zanja para desviar el bote de aguas negras que se estanca en la avenida, esta acumulación putrefacta también es la zona de reproducción de los mosquitos, entre ellos el responsable de transmitir paludismo, el Anopheles.
“Ese es uno de los problemas más graves de la comunidad, a la gente le da paludismo por el agua que está estancada ahí. Tenemos casos de paludismo por demás y de dengue también”, señaló Martínez. Esto responsabiliza directamente a la Alcaldía del municipio Caroní por la omisión de aplicación de medidas preventivas en contra de estas enfermedades en la barriada.
Esa mañana de protesta fue el mismo día en el que se les dio sepultura a dos habitantes de la urbanización que murieron por paludismo, Yeletzi Navarro y Wirme Nieve, de 24 años. Los residentes aseguran que ninguno de los dos había visitado los municipios mineros del sur. El paludismo migró a los municipios del norte del estado Bolívar, a las áreas urbanas, y al menos, en esta comunidad no se han hecho -hasta ahora- labores de fumigación ni entrega de mosquiteros.
Pero esto no es nuevo en el sector, y parece no evolucionar. Fernando Rondón era el hijo de Jacqueline Fermín, otra habitante del sector. Fernando se contagió de paludismo en El Callao hace 2 años, regresó a casa contaminado y solo pudo pasar 8 días con su mamá luego de su regreso, pues contrajo tanto el Vivax como el Plasmodium (parásitos responsables del paludismo), y falleció.
“El gobernador (Justo Noguera Pietri) dijo en una entrevista que el paludismo estaba erradicado aquí en la ciudad. No puede ser, las personas todavía se están muriendo por el paludismo. Aquí nunca vinieron a fumigar. Tampoco vienen a cortar la maleza ni a solucionar lo del agua estancada”, protestó Fermín.
Neidy Rodríguez, una de las organizadoras de la protesta informó que han muerto al menos 9 personas por paludismo en el plazo de un año en la UD-146. “He visto más de nueve casos, he visto niños. En menos de un año a mi hermano ya le ha dado 5 veces paludismo. Aquiles Campos (director de política del municipio Caroní) quedó de venir a fumigar hace más de un año y no han hecho nada”.