La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet presenta una nueva actualización de su informe sobre la crisis en Venezuela.
Por lapatilla.com
Desde la sede del Consejo de DDHH en Ginebra, la funcionaria reiteró que el régimen ha impedido el ingreso de los diputados al Palacio Federal Legislativo, además, recordó los casos de los paralamentarios presos Gilber Caro e Ismael León.
Bachelet también condenó los ataques contra periodistas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por parte de grupos identificados con el chavismo.
“Mi Oficina también documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran. El 11 de febrero, fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó, mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en Lara”.
Durante el informe, se destacó que “sigue siendo urgente atender la situación de los niños y niñas venezolanos con necesidad de trasplante. Hasta hoy, 38 siguen en lista de espera en Venezuela y seis están aún pendientes de ser atendidos en Argentina.
Según información recibida, las sanciones han obstaculizado la transferencia de recursos para los tratamientos. Sin embargo, a ellas se suma la situación crítica del Hospital infantil J.M. de los Ríos, en Caracas. Al final de 2019, sólo el 21 por ciento de las camas se encontraban operativas”, manifestó la ex presidenta de Chile.
Por último, actualizó en 2,3 millones la cifra de las personas que “se encuentran en inseguridad alimentaria severa” y en 4,9 millones las que “han abandonado el país”.
“Confío en que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para garantizar elecciones creíbles”, concluyó.
En el documento, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y fue dado a conocer en julio del año pasado, se afirma que en el último decenio -y especialmente desde 2016- el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos. En el trabajo, se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
El informe de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
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