El gobierno de Estados Unidos informó que su nueva disposición que niega la residencia legal permanente a los extranjeros sin ella que usen asistencia social, no aplicará a los inmigrantes que busquen atención médica por COVID-19.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) aclaró el viernes que la condición migratoria de quien sea no afectará el otorgar tratamiento o servicios preventivos, pese a lo estipulado en la nueva normativa sobre carga pública, que entró en vigor el mes pasado y castiga a los inmigrantes que necesiten asistencia pública.
La agencia reconoció que algunos inmigrantes podrían dudar en buscar atención médica, y dijo que “no considerará las pruebas, el tratamiento ni el cuidado preventivo” relacionado con el coronavirus al momento de determinar la elegibilidad de una persona para recibir la “green card”. Agregó que aquellos que no puedan trabajar o asistir a la escuela y deban sostenerse con asistencia pública durante la duración de la epidemia y recuperación, pueden presentar después una explicación y documentos, y que éstos se tomarán en consideración.
El USCIS hizo el anuncio después que legisladores y grupos activistas solicitaran al gobierno suspender la disposición durante el brote de coronavirus. Los activistas afirman que han recibido llamadas de inmigrantes que están preocupados de las consecuencias que pueda acarrear a su condición migratoria el buscar atención médica.
Angelica Salas, directora ejecutiva de Coalition for Humane Immigrant Rights (Coalición para los Derechos Humanitarios de los Inmigrantes) en Los Ángeles, dijo que su grupo y otros colectivos efectuaron una conferencia de prensa en la que exhortaron a los inmigrantes a que busquen atención si la necesitan, y les recordaron que su salud y la de sus familias es lo más importante.
“La gente tiene dudas sobre su vulnerabilidad respecto de la enfermedad, pero también sobre su vulnerabilidad migratoria, en términos de que los descubran”, agregó.
Salas dijo que no confía totalmente en el gobierno de Trump, pero que espera que las autoridades estatales y locales apoyen a los inmigrantes que busquen la atención médica que necesiten, al margen de su condición migratoria.
Los activistas han criticado la normativa sobre carga pública, que castiga a los inmigrantes que están en el país de manera legal, y a los que se le ha permitido acceder a ciertas prestaciones de asistencia pública, como cupones de alimentos, para sus hijos nacidos en Estados Unidos.
Mientras el coronavirus se propaga por Estados Unidos, los activistas y legisladores han advertido que podría ser contraproducente para la salud pública el excesivo temor de algunos inmigrantes a buscar atención médica.
Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights (Abogados Por los Derechos Civiles) en Boston, dijo que la organización recibió una solicitud de apoyo jurídico de parte de una mujer que trabajaba en el sector de hostelería en Chelsea, Massachusetts. La mujer dijo que carece de un horario de trabajo fijo y no tiene un ingreso constante. Ella quería tramitar cupones de alimentos para su hijo de 9 años, que es ciudadano estadounidense, pero tenía mucho miedo de hacerlo. Ahora está incluso más preocupada por el cierre indefinido de la escuela a la que va su hijo.
“Hay una enorme reticencia, incluso entre padres inmigrantes que crían a hijos ciudadanos estadounidenses. Hay mucho temor en torno a la normativa sobre carga pública, en especial porque los tribunales de inmigración han permanecido abiertos, lo cual crea la fuerte impresión de que los trámites de deportación se anteponen a la salud pública”, dijo Espinoza-Madrigal.
El martes, legisladores demócratas apremiaron a Ken Cuccinelli, subsecretario interino de Seguridad Nacional, a que suspendiera o desechara la normativa durante el brote del coronavirus. Cuccinelli dijo que las excepciones en la normativa relacionadas con la salud pública ya abordaban el asunto.
La representante federal demócrata, Pramila Jayapal, dijo que la disposición hace que las personas no busquen atención por miedo, lo cual representa un peligro de salud de todos. Después del anuncio del viernes, la legisladora tuiteó que “es una gran victoria para los inmigrantes, para la salud pública y para todos”.