A 11 días del anuncio de medidas económicas a acatar durante la cuarentena hecho por Nicolás Maduro, empresarios de la pequeña y mediana empresa no avizoran ninguna flexibilización tributaria o la posibilidad de acceso a créditos que les permita proteger económicamente a sus trabajadores y sortear la cuarentena necesaria para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
Por Laura Clisánchez / correodelcaroni.com
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní (Camcaroní), Luis Arturo Núñez, explicó que es un error no flexibilizar las obligaciones fiscales de los contribuyentes durante la contingencia, pues significarían, a la postre, menos ingresos incluso para la municipalidad.
“Las municipalidades viven de los impuestos que generan sus contribuyentes, arremeter contra la caja de las empresas es pan para hoy y hambre para mañana, si las empresas cierran la municipalidad tendrá menor recaudación”, explicó.
El lunes se cumplió el plazo del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y empresarios de la pequeña empresa aseguran que en este contexto de paralización no hay forma de cumplir con algunas obligaciones fiscales. “Nosotros declaramos a tiempo, pero sencillamente no podemos pagar, hay obligaciones que no se pueden pagar, no solamente compromisos fiscales, sino también el tema de servicios públicos”, manifestó Ricardo Lubina, dueño de Ana Patricia Café, un pequeño local ubicado en el Centro Comercial Trébol III de Puerto Ordaz.
Los servicios públicos no significan el mismo costo para las residencias que para el sector comercio, y esto también forma parte de los costos fijos que no pueden asumirse mientras las pequeñas empresas continúen paralizadas, según las declaraciones de Lubina. “Por ser comercio, desde hace meses nos cobran casi 600 mil bolívares por el punto de venta Cantv”, dijo Lubina. “Tienes que pagarlo hayas o no hayas generado ingresos. Es más caro que lo que tú le pagas al banco en comisión de tarjetas de débito”.
Entre las medidas económicas anunciadas por Maduro se contempla la suspensión del cobro de alquileres, suspensión de pago de intereses, la garantía del acceso a créditos bancarios a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y el pago de una nómina subsidiada por el Estado.
Disminución de encaje legal
Según los expertos, estas medidas son contradictorias e inflacionarias, pues para acceder a créditos se necesita la disminución del encaje legal, la reserva monetaria que los bancos deben colocar en el Banco Central en función de los depósitos en su poder.
El martes el Banco Central de Venezuela (BCV) redujo apenas en un 7% ese encaje, monto que no es el esperado por los gremios empresariales ni analistas financieros que manejaban escenarios con rebajas de entre 20 y 25%. Para asumir las nóminas y otorgar bonos a través de la plataforma del carnet de la patria, el Estado recurrirá a la monetización del déficit, lo que se traduce en inflación.
Ana Patricia Café cerró sus puertas al público desde el anuncio de la cuarentena total, el 16 de marzo. Este negocio tiene nueve años en la ciudad, y su dueño no sabe qué sucederá con él luego de la cuarentena. De los ingresos producidos por el local no solo depende su dueño, sino sus tres trabajadores, a los que inscribió en el sistema del carnet de la patria, y quienes hasta ahora no han recibido el subsidio de los bonos. “Mis trabajadores no lo han recibido, y en la página patria dice procesando, no procesado. Hay más o menos buenas ideas, pero la aplicación es incoherente”, expresó el dueño del local.
Lubina lamenta que luego de la próxima quincena tal vez ya no pueda pagarles, pues para seguir cumpliendo con la nómina necesitaría créditos bancarios con los que no cuenta, ni contará con un encaje legal del 93% y una deteriorada banca que no otorga crédito. “Venimos de prácticamente dos años de golpes, de sortear todos los días algo, y ahora esto. Nadie sabe qué va a pasar”, expresó. Además explicó que su sector comercial ya venía experimentando una baja del 80% de las ventas en unidades.
“Que tengas tú que meterte la mano en el bolsillo para recurrir a la capacidad de liquidez de tu caja para hacer frente a un impuesto es un tema que más allá de duro, es vil, estoy prácticamente detenido, ¿y harás que te pague los impuestos además de eso?”, cuestionó Núñez.
El presidente de Camcaroní explicó que, de continuar con las medidas asfixiantes se estaría acorralando a algunos comerciantes para que cierren sus puertas y pasen a la informalidad, “y eso no es beneficioso para nadie”, apuntó. Pero aclaró que la postura de Camcaroní y sus miembros siempre será la legalidad.
Lubina por su parte explicó que, en el transcurso de este año, la Alcaldía aumentó la tasa de impuestos a la actividad comercial de 0.75 a 3.75 por ciento según la actividad para los pequeños comercios. Y a esto se le es improbable que puedan mantenerse por tres meses sin ingresos. Hasta ahora se desconoce si su personal tiene acceso al sistema patria para recibir los bonos y subsidios estatales.
Ella teme por la capacidad que tenga el hotel -que para enero estaba lleno en un 80% incluso de huéspedes fijos extranjeros provenientes en su mayoría de Colombia y de China- para recuperarse después de la pandemia.
Sin combustible
Hay comercios severamente golpeados por la paralización al no pertenecer al sector prioritario. Pero hay otros, que, aunque pertenecen al sector prioritario de alimentación, están paralizados por falta de combustible. Como el negocio con 54 años de trayectoria en la ciudad: El Churrasco, dedicado a la venta de pizza y parrilla. “La mayoría de nuestros productos vienen de Upata y Puerto la Cruz”, informó la dueña del local, Gabriela Mazzerioli.
“Me preocupa mucho lo que suceda después de la cuarentena, cerré con un dólar que casi llega a 65 mil bolívares y volveré a abrir quizás con más de 100 mil bolívares, o sea nada más la mega devaluación ya es para asustarse”, expresó.
De esta empresa dependen 15 trabajadores. “A quienes obviamente sin trabajar no les puedo pagar, les estoy pagando un mínimo mientras consumo el flujo de caja que quedó, que no es mucho”, manifestó con pesar.
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) advirtió que 25 millones de empleo podrían perderse en todo el mundo si no se toman las medidas a tiempo y correctas.
Una evaluación preliminar pide la adopción de medidas urgentes, a gran escala y coordinadas basadas en tres pilares: proteger a los empleados en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo, y sostener los puestos de trabajo y los ingresos.
La Organización de Naciones Unidas recomienda que entre las medidas que asuman los gobiernos esté la ampliación de la protección social, el apoyo para mantener el empleo (es decir, el trabajo a jornada reducida, las vacaciones pagadas y otros subsidios) y la concesión de ayudas financieras y desgravaciones fiscales, en particular a las microempresas y pequeñas y medianas empresas. Además, en el informe se proponen medidas de política fiscal y monetaria, así como préstamos y ayuda financiera a sectores económicos concretos.
Organizaciones empresariales, gremiales y sindicatos han pedido que haya una agenda de trabajo para coordinar el impacto de la pandemia en Venezuela.