De acuerdo con el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2019, un total de 1.557 muertes se produjeron entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, según la Encuesta Nacional de Hospitales.
Los decesos se deben según el texto, al desabastecimiento de medicamentos y suministros. Otras 79 pérdidas humanas se produjeron por las fallas del servicio eléctrico.
En otro punto más de 11 mil personas con insuficiencia renal se han encontrado en riesgo debido a los apagones en ciertas regiones del país, tras la información recabada por La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, de la CIDH.
“Durante el 2019, la CIDH y su REDESCA manifestaron preocupación por el apagón eléctrico que afectó el Hospital José Manuel de los Ríos, ubicado en San Bernardino, Caracas, durante el día 8 de marzo. El ente estatal encargado de proporcionar el suministro de servicio eléctrico en el país, CORPOLEC, habría habilitado varias plantas externas como medida temporal, las cuales, sin embargo, presentaron fallas por razones desconocidas. El hospital suspendió los servicios de diálisis, hematología, oncología y tratamientos quirúrgicos”.
“Igualmente, suspendió el servicio de baño para los pacientes por la interrupción del suministro de agua. También manifestaron preocupación por la afectación a los derechos de las pacientes que se encuentran en salas de parto y en áreas de emergencia por la falta de instrumentos gerontológicos y condiciones adecuadas de higiene; particularmente en los centros de salud del sistema público”.
La Comisión resaltó que la interrupción del suministro eléctrico limita el acceso a otros servicios básicos como el agua potable, la recolección de basuras, los servicios telefónicos y de comunicación, y abastecimiento de insumos alimenticios, lo que consideran situaciones que afectan profundamente la salud de las personas, y conlleva al deterioro de los servicios de salud y sanitarios, cita el documento.