La Fiscal General de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, rechazó categóricamente las acusaciones de que aceptó sobornos como aparece en una investigación por corrupción adelantada en Miami, señalando que el régimen de Nicolás Maduro está manipulando a la justicia estadounidense y que el testimonio en su contra fue extraído bajo amenaza de tortura y muerte.
Por ANTONIO MARIA DELGADO, JAY WEAVER, Y KEVIN G. HALL / elnuevoherald.com
Ortega, reconocida como la legítima Fiscal General por el presidente interino Juan Guaidó, dijo en una entrevista con el Nuevo Herald que ella nunca tuvo relación con el contratista de PDVSA que según las investigaciones estadounidenses habría pagado el elevado soborno para que ella desestimara las investigaciones por corrupción en Venezuela.
Agregó que esa presunta investigación nunca fue llevada por su oficina y reveló que el empresario, Carlos Enrique Urbano Fermín, tiene un hermano preso por el régimen.
La presunta operación de descrédito en su contra estaría siendo encabezada por el Fiscal General de Maduro, Tarek William Saab, quien estaría extorsionando a Urbano Fermín para obligarle a testificar en contra de Ortega bajo amenaza de hacerle daño a su hermano, advirtió.
“La información que yo tengo es que Saab mandó a Carlos Enrique Urbano a Estados Unidos a levantar un cuento contra mí, presionando porque tienen al hermano preso, porque lo pueden matar y lo pueden torturar”, dijo Ortega en una entrevista telefónica desde Colombia.
“Yo estoy segura que a cualquier ciudadano le dicen, mira te voy a matar a tu hermano si tu no vas a declarar esto, que cualquier ciudadano lo hace”, agregó.
Según una acusación presentada por la Fiscalía Federal de Miami, Ortega presuntamente recibió un soborno de gran tamaño por parte de Urbano Fermín, un contratista de PDVSA, para desestimar el caso de contra sus empresas.
Ortega, quien se encuentra actualmente en Colombia, se desempeñó como Fiscal General bajo los períodos presidenciales del fallecido Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro.
La funcionaria terminó distanciándose del régimen en agosto del 2017, pero sigue siendo reconocida como la Fiscal General de General de Venezuela por Guaidó y por la Asamblea Nacional de Venezuela.
Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a el Miami Herald y el Nuevo Herald que Ortega es la persona identificada como “Funcionario Venezolano Número 1” en el juicio llevado en Miami contra Urbano Fermín, quien es acusado principalmente de lavado de dinero y de usar el sistema financiero de Estados Unidos para pagar el soborno.
La acusación, presentada el 20 de marzo en la Corte Federal del Sur de Florida, alega que el empresario conspiró con otros, incluyendo con un intermediario, para pagar el soborno y esconder la naturaleza de los pagos que fueron realizados a través de cuentas bancarias en el Sur de la Florida.
“En o a inicios del 2017, ‘Intermediario 1’ le informó a Carlos Enrique Urbano Fermín que podía prevenir que los cargos criminales fuesen presentados contra sus empresas debido a su estrecha relación con Funcionario 1”, señala el documento presentado en la corte.
“En o alrededor del 3 de abril, Carlos Enrique Urbano Fermín realizó una transferencia de aproximadamente $100,000 desde una cuenta de Urbano Fermín en Estados Unidos a una cuenta para beneficio de Intermediario 1 en un banco de Coral Gables, Florida”, agrega el documento.
Ortega, sin embargo, niega rotundamente esas aseveraciones. “Yo no tengo intermediarios, yo no he cobrado nada”, enfatizó.
Saab es quien realmente opera una red de extorsión y quien conjuntamente con su “grupo de delincuentes” usurpan las funciones del Ministerio Público, afirmó.
Ortega alega que Saab tiene control de los sistemas internos de la fiscalía y puede con toda facilidad cambiar las fechas y los contenidos de las investigaciones para que, al menos en este caso, hacer creer al mundo que ella tenía a Urbano Fermín bajo investigación.
La funcionaria negó haber tenido trato alguno con el empresario venezolano, señalando que es Saab quien tenía una estrecha relación con él.
“Ellos eran socios, cuando Saab era gobernador en el estado Anzoátegui. Entonces seguramente debe haber una pelea entre ellos, los socios, por dinero, o quién sabe por qué”, dijo la funcionaria. “Al testigo, la justicia de Estados Unidos debería preguntarle si es cierto que él fue socio de Saab, y si es cierto que tiene un hermano preso en Venezuela”.