Debido a la crisis desatada por el coronavirus, este 14 de marzo España suspendió los términos y plazos establecidos para los procesos judiciales y administrativos. Entre otros, los que atañen al reglamento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Pero 4 días después, en un Real Decreto se habilitó a la Administración pública para promover la continuación de aquellos procedimientos administrativos que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
Bajo esta premisa, el Ministerio de Justicia a través de una Resolución emitida por la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública acordó la reanudación de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española por residencia.
Todo lo anterior motivado al hecho de que la concesión de la nacionalidad española se constituye como un acto que representa una de las más plenas manifestaciones de soberanía de un Estado. Esto significa que la nacionalidad otorga una cualidad que trae consigo una serie de derechos y obligaciones superiores a las que comprende una residencia.
Aunado a esto, nos encontramos ante la existencia de una gran cantidad de solicitudes de adquisición de nacionalidad, que se encuentran pendientes de resolución desde hace ya varios años. Esto trae como consecuencia un importante retraso en la tramitación y respuesta de las diversas solicitudes presentadas ante el Ministerio de Justicia, lo cual amenaza gravemente, al interés general y los derechos de los solicitantes de la nacionalidad española por residencia.
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