Como empiezan a advertir los analistas, la emergencia de enfrentar la epidemia del Covid-19 le viene como anillo al dedo a muchos autócratas como excusa para incrementar su control. El usurpador Maduro no es la excepción. Su decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica[1] muestra el cinismo y el desapego con la realidad conque persigue tal propósito. Según su artículo 7: “Corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público … garantizar la aplicación estricta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley para reforzar la lucha contra el delito e incrementar la celeridad procesal, así como las atribuciones que le correspondan en la ejecución de este Decreto.” Una Constitución cuyos preceptos en defensa de los derechos humanos ha violado tanto, si le sirve ahora para avalar las sanciones a quienes no se sometan a los controles que querrá imponer.
Pero la mera aparición de este decreto viola la Constitución que ahora se invoca. Su artículo 339 obliga a que el decreto de Estado de Excepción sea presentado a la Asamblea Nacional y a la Sala Constitucional del TSJ dentro de los ocho días “para su consideración y aprobación”. No sólo que no ha sido presentado –ni se presentará—a la Asamblea Nacional, sino que Maduro se “auto otorga” con este decreto la potestad de no tomarla en cuenta. Su artículo 2 autoriza ignorar a otros poderes públicos (negritas mías, HGL) para “Aprobar y suscribir contratos de interés público y sus enmiendas, para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del País” (# 16); autorizar “operaciones de crédito público, sus reprogramaciones y complementos, que regirán para el Ejercicio Económico Financiero 2020; así como las que permitan ampliar los montos máximos de endeudamiento que podrá contraer la República durante el Ejercicio Económico Financiero 2020.” (# 19); y “los límites máximos de recursos y egresos de la República Bolivariana de Venezuela, de los entes descentralizados funcionalmente y de los entes político territoriales con regímenes presupuestarios especiales, que regirán para el Ejercicio Económico Financiero 2020.” (# 20). Es decir, se desprende de todo control en materia presupuestaria, y en cuanto a endeudamiento y control de recursos de entes descentralizados. El perfecto autócrata.
Recordemos que Maduro tiene años auto-renovándose “Estados de Emergencia” sin consentimiento de la Asamblea Nacional ni ateniéndose a los lapsos de vigencia establecidos en la Constitución. Ha servido como una “ley habilitante” de hecho permanente para jugar con los destinos de los venezolanos.
Luego, sin temor al ridículo, sostiene (artículo 2) que la suspensión de garantías que autorizaría el Estado de Emergencia es para, “evitar los perniciosos efectos de la guerra económica dirigida contra el pueblo venezolano….” (negritas mías). ¡Pero si la guerra económica contra el pueblo la viene aplicando el propio Maduro desde 2013! ¿Necesita acaso un decreto para seguir destruyendo al país? Cabe señalar que la Constitución impide, en su artículo 337, que se suspendan “derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”. Si Maduro nunca les paró, ¿los va a respetar ahora estando en “emergencia”?
Con el mayor cinismo, Maduro se burla de las penurias que ha infligido a la población al anunciar (# 34): “Medidas excepcionales dirigidas a proteger los derechos humanos del pueblo Venezolano (negritas mías) a la vida, la salud y la alimentación … frente a medidas coercitivas unilaterales, arbitrarias, ilegales y contrarias al derecho internacional promovidas y ejecutadas por Poderes Públicos de otros Estados, o por autoridades de organismos multilaterales actuando con fines particulares.” Los derechos que su gestión le ha negado a los venezolanos durante largos años, ¡es culpa del imperio y del FMI!
Para sostener tan cínica tergiversación, se cae a embustes anunciando (artículo 2, # 1) “regulaciones … para garantizar el impulso de los motores Agroalimentario, de producción y distribución de los rubros considerados como estratégicos para la satisfacción de necesidades de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.” ¡¿Motores!? ¡¿Satisfacción de necesidades!? ¡¡Por Dios, hasta cuándo seguir tomándonos por estúpidos!! Continúa (# 25) con, “El establecimiento de un marco regulatorio transitorio y excepcional que permita … el financiamiento de proyectos del sector agroindustrial para el desarrollo de un nuevo esquema productivo, bajo las líneas de acción emanadas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.” ¡Cómo, si ya destruyó al sistema financiero nacional! Claro, el monopolio de la importación de alimentos de que gozan los militares a cuenta de esa Gran Misión debe poder disfrutarse de otra forma, ahora que no hay divisas. ¡Controlemos directamente al sector agroindustrial!
Continúan con los eufemismos (# 18): “Conformar estructuras organizativas y dictar regulaciones transitorias y excepcionales, para la realización de procedimientos que garanticen la oportuna, eficiente y equitativa producción y distribución de alimentos, materia prima, productos e insumos del sector agroproductivo, industrial, agroalimentario, farmacéutico, de higiene personal y aseo del hogar”. En el # 24: “La activación, potenciación y optimización del funcionamiento de un Sistema de Determinación de Costos, Rendimiento, Precios Justos, y Precios Acordados que ordenen y garanticen el equilibrio de las relaciones comerciales y el acceso a los bienes y servicios fundamentales que determine el Ejecutivo Nacional.“ Los # 22, 23 y 26 complementan estas medidas intervencionistas anunciando procesos y mecanismos “de centralización, control y seguimiento” (…) “de los productos, bienes y servicios del sistema agroindustrial nacional; así como, el de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos, fármacos, productos de higiene personal, aseo del hogar y del sistema eléctrico nacional.” Es decir, el retorno a las prácticas de control de precios e intervenciones que han destruido la oferta de alimentos, desaparecido los fármacos y provocado el colapso del sistema eléctrico.
Por si fuera poco, en su artículo 4° asoma la amenaza de un “corralito” al referirse a “coordinaciones con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país”. Según los numerales 12, 13 y 14 del artículo 2, ¡siempre podemos usar criptoactivos (Petro) como medios de cambio! En todo caso, el ejecutivo posee facultades de prestidigitador habilidoso. El artículo 2 señala (# 3 – 6 y 30) mecanismos financieros, disponibilidad oportuna de billetes y monedas, economías presupuestarias y otros tejemanejes entre fondos, cuando es más que sabido –luego de haber encogido la economía en más de un 70%, destruido la industria petrolera y entrado en default–, que la única fuente de financiamiento que tiene a mano es la “maquinita” del BCV. Pero como los pasivos del Instituto Emisor han sido estirados al límite, el numeral 7 abre opciones adicionales de endeudamiento utilizando como garantías a los “activos productivos del País”.
Finalmente, en todo pregón fascista no podían faltar: “…planes especiales de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la Nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados.” (Art. 2 # 21), o la alusión al sempiterno “enemigo externo” al señalar (# 35), “Medidas especiales en el orden de la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela, en respuesta a la injerencia de otros Estados en contra de funcionarios y ciudadanos venezolanos.”
La adopción de medidas de emergencia ante la pandemia del Covid-19 no está en discusión. Pero se supone que deben ser para ayudar a la población a sobreponerse a este peligro. Lo que anuncia Maduro es el regreso a las prácticas que produjeron la presente catástrofe –antes de que apareciera el Coronavirus–, acompañado de un mayor control de la población. Está en su naturaleza. ¡Razones para insistir ahora en un auténtico Gobierno de Emergencia Nacional para no seguir hundiéndonos aun más!
Humberto García Larralde es economista, profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com