El senador republicano Marco Rubio instó, el jueves, a la administración Trump a que incluya a Venezuela en la “lista como patrocinador del terrorismo”. El nuevo llamado refuerza esa misma solicitud hecha por este mismo legislador al Departamento de Estado de Estados Unidos en 2018 y 2019.
Por: VOA
En la comunicación de 2018, el senador pidió designar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro como “patrocinador del terrorismo”; en 2019 recalcó su argumento, pero también mencionó en la misiva a “cientos de grupos armados de milicias irregulares” y “colectivos”.
Las leyes estadounidenses dan potestad al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro para imponer sanciones, si bien cada cartera tiene mecanismos distintos a su disposición. “Son dos cosas diferentes” explicó a la Voz de América Joseph Humire, experto en seguridad nacional, quien advierte que, no obstante, ambas “son sanciones muy serias”.
¿Cuáles son las diferencias?
El Secretario de Estado tiene la potestad de designar “Organizaciones Extranjeras Terroristas” (FTO, por sus siglas en inglés), y “Estados Patrocinadores del Terrorismo”.
La primera, FTO, “es un medio eficaz de reducir el apoyo a las actividades terroristas, señala el departamento en su página digital. Entre sus objetivos está la “estigmatización” de los grupos a nivel internacional y “disuadir las donaciones y transacciones económicas”.
En este listado están actualmente 69 grupos internacionales.
La segunda, indica el portal oficial, se refiere a Estados que “han brindado apoyo en repetidas ocasiones a actos de terrorismo internacional”. Solo cuatro países engrosan esa lista: Siria (1979), Irán (1984), Sudán (1993) y Corea del Norte (2017).
Humire explicó que ambas disposiciones estipulan restricciones “en lo financiero y comercial” y que son impuestas a estados que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
En concreto, un “Estado patrocinador del terrorismo” puede verse sometido a restricciones en la asistencia extranjera estadounidense, a la prohibición de exportaciones de equipos de defensa y a ciertos controles sobre las exportaciones de “artículos de doble uso”.
Cabe señalar que la legislación estadounidense prohíbe la venta de armas a Venezuela, en virtud de la ley conocida como “VERDAD Act”, aprobada en 2019.
Una tercera herramienta es la “Orden Ejecutiva 13224”, firmada en 2001 por el expresidente George W. Bush tras los ataques terroristas de 11 de septiembre, y actualizada por el presidente Donald Trump, en 2019.
A través de este decreto presidencial se refuerzan las sanciones contra responsables o colaboradores de los denominados “grupos terroristas”.
Un alto funcionario de la administración Trump dijo a la agencia Reuters que Estados Unidos está considerando designar a “varias entidades de las fuerzas de seguridad de Venezuela” como organizaciones terroristas.
Humire destaca que desde el Departamento del Tesoro también se pueden imponer sanciones, amparadas en la lucha contra el terrorismo, pero establece que “la designación del Departamento de Estado es mayor que la del Tesoro”.
¿Cómo puede aplicar en el caso de Venezuela?
Para Luis Fleischman, experto en temas de terrorismo, declarar al gobierno de Maduro o a organizaciones afines, como “terroristas”, sería una medida simbólica. “A menos que Marco Rubio tenga algo en mente que yo no alcanzo a percatar”, advierte.
Considera que “la mayoría de las sanciones que ha impuesto el Departamento del Tesoro a Venezuela concuerdan más o menos con los estándares que existen contra los patrocinadores del terrorismo”.
Una “expansión” de las sanciones a grupos y gobiernos que hacen negocios con Nicolás Maduro sería la siguiente fase de presión recomendada para Washington, apunta Fleischman.
“En este momento, una sanción que no toque a Rusia, que le provee armas a Venezuela, y China que le da salvavidas, no es recomendable”, apuntó.
El Departamento de Estado notificó el miércoles al Congreso que Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba fueron incluidos en la lista de países que no cooperaron con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo durante 2019.
El gobierno de Maduro catalogó como “cínico” esta designación y tildó a Estados Unidos como “el principal patrocinador del terrorismo en el mundo”.