Un juez federal declaró partes inconstitucionales de una ley de Florida que requeriría que las personas con condenas por delitos graves paguen sus obligaciones financieras antes de recuperar su derecho a votar, allanando el camino para que cientos de miles de floridanos se registren para votar.
La decisión, que probablemente será apelada y podría llegar a la Corte Suprema de los EEUU, Llega menos de seis meses antes de una elección presidencial, en un estado crucial crucial donde las contiendas a menudo se deciden por márgenes delgados.
En su decisión del domingo, el juez federal de distrito Robert Hinkle dictaminó que los procedimientos establecidos por la ley equivalían a un “sistema inconstitucional de pago por voto”.
Dijo que “el Estado puede condicionar la votación sobre el pago de multas y la restitución que una persona puede pagar, pero no puede condicionar la votación sobre el pago de cantidades que una persona no puede pagar o sobre el pago de impuestos, incluso las tarifas o costos etiquetados”.
Una enmienda constitucional de 2018 aprobada por casi el 65 por ciento de los votantes de Florida puso fin a la privación permanente de sus derechos a los delincuentes. La medida restableció los derechos de voto de aquellos que completaron todos los términos de sus sentencias, incluyendo libertad condicional o libertad condicional, pero excluyeron a personas condenadas por asesinato o delitos sexuales graves.
Después de que entró en vigencia, la legislatura liderada por los republicanos aprobó el año pasado un proyecto de ley, firmado por el gobernador Ron DeSantis, un compañero republicano, que los partidarios dijeron que era necesario para aclarar el lenguaje de la enmienda. Las disposiciones del proyecto de ley incluían el requisito de que para cumplir con todos los términos de sus sentencias, los delincuentes deben pagar los honorarios, multas o restitución que deban. Los defensores del proyecto de ley dijeron que la medida socava la enmienda.
Un análisis de Daniel Smith, un profesor de la Universidad de Florida contratado como experto por patrocinadores de enmiendas, encontró que el 77 por ciento de más de 1 millón de floridanos con condenas por delitos graves que fueron liberados tenían obligaciones financieras pendientes. Alrededor de 146,000 de ellos debían más de $ 10,000.
Dichas deudas incluyen honorarios impuestos por la corte, multas por ciertos delitos y restitución debido a las víctimas. El estado no tiene una fuente centralizada que las personas puedan consultar para saber si deben honorarios, multas o restitución. Por lo tanto, generalmente tienen que consultar con los secretarios de los tribunales, cuyo mantenimiento de registros varía según el condado y que pueden no tener documentos de décadas fácilmente recuperables.
Un grupo de 17 demandantes con condenas por delitos graves representados por organizaciones, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y el Centro Brennan para la Justicia, demandaron el año pasado para impugnar la ley.
En octubre, el juez Hinkle bloqueó temporalmente la ley en un fallo estricto, al descubrir que el estado no puede negar a las personas el derecho a votar únicamente porque no pueden pagar una obligación financiera.